/ martes 27 de marzo de 2018

En defensa de la libertad universitaria

Raúl Contreras Bustamante, quien está realizando un magnífico trabajo al frente de la Facultad de Derecho de la UNAM, junto con un grupo de profesores de la misma, sostuvo una reunión en un hotel del sur de la ciudad con José Antonio Meade y con ese motivo se ha desatado contra él una persecución impropia de la vida universitaria. La reacción es injusta porque los maestros de la Universidad no tenemos ningún impedimento jurídico para ejercer nuestra libertad de reunión y opinión política. No es justo linchar al director de ninguna Facultad, menos de la de Derecho, si no le es imputable ninguna violación a normas jurídicas. En ningún momento ni él ni los profesores que se reunieron con Meade le manifestaron a este una adhesión de la Facultad como institución. Fue un encuentro de lo más natural con un egresado de la misma a quienes sus colegas le pueden manifestar opiniones que le resulten útiles para el trabajo político que realiza. No se genera violación ni jurídica ni ética por un diálogo en el que participaron profesores de la comunidad jurídica con un personaje que ahora busca un cargo de elección popular.

No podemos alentar un clima de linchamiento y de censura entre universitarios. No debemos avalar una conducta oscurantista y fascistoide que es la más contraria a un auténtico ideal universitario y desatar una persecución contra alguien por lo que piensa o por las reuniones que celebre. Un verdadero universitario y más un miembro de la Facultad donde se cultiva el Derecho, tendría que defender la libertad de todos los miembros de la comunidad para expresarse políticamente, reunirse con quien lo desee y escribir lo que considere conveniente sin más restricciones que las que impongan las normas jurídicas.

Al encuentro acudieron numerosos maestros de la Facultad en uso de esa libertad. Incluso quienes favorecen cualesquiera otras inclinaciones políticas deberían defender el derecho de todo universitario a ejercer tal libertad en un ambiente de tolerancia y ajeno a cualquier comportamiento inquisitorial, como el que pretende hacerse valer contra el director de la Facultad de Derecho.

Como ex Abogado General de la UNAM me indigna que se pretenda desvirtuar el sentido de la Legislación Universitaria. Los que en una versión moderna de “camisas pardas” académicas se han lanzado contra Raúl Contreras le imputan una violación al artículo 2° del Estatuto General de la UNAM. Eso es falso. Dicho artículo establece que la Universidad “acogerá en su seno, con propósitos exclusivos de docencia e investigación, todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social; pero sin tomar parte en las actividades de grupos de política militante.” En primer lugar, la limitación que se impone en este artículo es de carácter institucional. La Universidad como tal, a través de sus autoridades, no puede por ejemplo hacer un pronunciamiento formal en favor de un partido político o un candidato, o bien hacer una invitación a los miembros de la comunidad para votar de determinada manera. Pero en el caso que nos ocupa no hay ni un pronunciamiento formal en relación con un grupo de militancia política, ni la reunión se efectuó con un “grupo” de esa naturaleza, sino con un egresado de la Facultad de Derecho que está participando en política.

Hay que recalcar que la segunda parte del propio artículo establece la absoluta libertad de los miembros de la comunidad universitaria en lo individual al decir: “En todos los casos las mujeres y los hombres en la Universidad gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, reconocidos y garantizados por las normas y disposiciones que integran la legislación universitaria”, a lo cual hay que añadir el régimen constitucional vigente surgido del artículo primero de nuestra constitución que garantiza a toda persona el ejercicio de sus derechos humanos, entre los cuales encuentran los de libertad de reunión, de asociación, de pensamiento y de expresión, los cuales no podrían quedar limitados, en cuanto su ejercicio individual, por la Legislación Universitaria.

La restricción impuesta a la institución como tal, de no militar políticamente, de ninguna manera puede extenderse a sus integrantes. Cada alumno, cada profesor e incluso cada autoridad, está en su derecho de militar políticamente sin que ello implique ninguna violación al Estatuto General.

Los grupos, ajenos a la comunidad de la Facultad de Derecho, que se han lanzado contra el director de esta incurren en la conducta que pretenden criticar al convertir a la Universidad en una arena disputa política. No les molesta que unos profesores se reúnan con un candidato, lo que les irrita es el candidato con el que se reúnen, porque no es el de su preferencia, y tienen todo el derecho de simpatizar con quien lo deseen, pero no el de agitar las aguas de la UNAM por una acto que se inscribe en la plena libertad de los maestros universitarios.

Raúl Contreras Bustamante, quien está realizando un magnífico trabajo al frente de la Facultad de Derecho de la UNAM, junto con un grupo de profesores de la misma, sostuvo una reunión en un hotel del sur de la ciudad con José Antonio Meade y con ese motivo se ha desatado contra él una persecución impropia de la vida universitaria. La reacción es injusta porque los maestros de la Universidad no tenemos ningún impedimento jurídico para ejercer nuestra libertad de reunión y opinión política. No es justo linchar al director de ninguna Facultad, menos de la de Derecho, si no le es imputable ninguna violación a normas jurídicas. En ningún momento ni él ni los profesores que se reunieron con Meade le manifestaron a este una adhesión de la Facultad como institución. Fue un encuentro de lo más natural con un egresado de la misma a quienes sus colegas le pueden manifestar opiniones que le resulten útiles para el trabajo político que realiza. No se genera violación ni jurídica ni ética por un diálogo en el que participaron profesores de la comunidad jurídica con un personaje que ahora busca un cargo de elección popular.

No podemos alentar un clima de linchamiento y de censura entre universitarios. No debemos avalar una conducta oscurantista y fascistoide que es la más contraria a un auténtico ideal universitario y desatar una persecución contra alguien por lo que piensa o por las reuniones que celebre. Un verdadero universitario y más un miembro de la Facultad donde se cultiva el Derecho, tendría que defender la libertad de todos los miembros de la comunidad para expresarse políticamente, reunirse con quien lo desee y escribir lo que considere conveniente sin más restricciones que las que impongan las normas jurídicas.

Al encuentro acudieron numerosos maestros de la Facultad en uso de esa libertad. Incluso quienes favorecen cualesquiera otras inclinaciones políticas deberían defender el derecho de todo universitario a ejercer tal libertad en un ambiente de tolerancia y ajeno a cualquier comportamiento inquisitorial, como el que pretende hacerse valer contra el director de la Facultad de Derecho.

Como ex Abogado General de la UNAM me indigna que se pretenda desvirtuar el sentido de la Legislación Universitaria. Los que en una versión moderna de “camisas pardas” académicas se han lanzado contra Raúl Contreras le imputan una violación al artículo 2° del Estatuto General de la UNAM. Eso es falso. Dicho artículo establece que la Universidad “acogerá en su seno, con propósitos exclusivos de docencia e investigación, todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social; pero sin tomar parte en las actividades de grupos de política militante.” En primer lugar, la limitación que se impone en este artículo es de carácter institucional. La Universidad como tal, a través de sus autoridades, no puede por ejemplo hacer un pronunciamiento formal en favor de un partido político o un candidato, o bien hacer una invitación a los miembros de la comunidad para votar de determinada manera. Pero en el caso que nos ocupa no hay ni un pronunciamiento formal en relación con un grupo de militancia política, ni la reunión se efectuó con un “grupo” de esa naturaleza, sino con un egresado de la Facultad de Derecho que está participando en política.

Hay que recalcar que la segunda parte del propio artículo establece la absoluta libertad de los miembros de la comunidad universitaria en lo individual al decir: “En todos los casos las mujeres y los hombres en la Universidad gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, reconocidos y garantizados por las normas y disposiciones que integran la legislación universitaria”, a lo cual hay que añadir el régimen constitucional vigente surgido del artículo primero de nuestra constitución que garantiza a toda persona el ejercicio de sus derechos humanos, entre los cuales encuentran los de libertad de reunión, de asociación, de pensamiento y de expresión, los cuales no podrían quedar limitados, en cuanto su ejercicio individual, por la Legislación Universitaria.

La restricción impuesta a la institución como tal, de no militar políticamente, de ninguna manera puede extenderse a sus integrantes. Cada alumno, cada profesor e incluso cada autoridad, está en su derecho de militar políticamente sin que ello implique ninguna violación al Estatuto General.

Los grupos, ajenos a la comunidad de la Facultad de Derecho, que se han lanzado contra el director de esta incurren en la conducta que pretenden criticar al convertir a la Universidad en una arena disputa política. No les molesta que unos profesores se reúnan con un candidato, lo que les irrita es el candidato con el que se reúnen, porque no es el de su preferencia, y tienen todo el derecho de simpatizar con quien lo deseen, pero no el de agitar las aguas de la UNAM por una acto que se inscribe en la plena libertad de los maestros universitarios.