/ lunes 10 de mayo de 2021

En defensa del sistema constitucional

Difícilmente puede exagerarse la gravedad de que en el Congreso se haya aprobado prolongar el periodo del actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un simple artículo transitorio, aunque los asuntos del día a día y la intensidad del ruido político pongan el asunto, por el momento, en la cajonera de pendientes de la agenda pública. No por nada se activaron las alertas en sectores tan diversos como pueden serlo el de la inversión y el de defensores de los derechos humanos, y no sólo en México.

Se violenta abiertamente la separación de poderes, pues son los ministros de la Corte los facultados para elegir en su Pleno a su Presidente, y más aún, esa extensión en el cargo o reelección está literalmente prohibida por la Constitución. Como escuché opinar al Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, si surtiera efectos esa maniobra, de alguna forma nuestro país saldría del paradigma del Estado constitucional. Dejaría de tener sentido el referente de una norma suprema a la que debe sujetarse toda regla y la convivencia colectiva. Esa es la dimensión del riesgo que pende sobre nuestro Estado democrático de derecho, aquí y ahora.

Si prevaleciera tal distorsión jurídica para sostener una intención política, entonces todo podría ser posible: sin principios, referentes y límites que sean ejes rectores, lo mismo podríamos estar entre la anarquía o un régimen discrecional. Simplemente, por jerarquía, una disposición transitoria de una legislación secundaria no puede estar por encima la ley fundamental. Si la Constitución deja de ser la referencia, el vacío lo mismo podría dar pie a que se vulneren garantías ciudadanas o, además de la reelección de un Presidente de la Corte, a la de gobernadores o presidentes de la República.

Por supuesto, se emite una señal ominosa contra la división de poderes: que el Poder Ejecutivo y un Legislativo dominado por éste intervengan y decidan en el Judicial. Máxime cuando vemos cómo se acosa a jueces y se trata de desacreditarlos cuando sus fallos no coinciden con las acciones y leyes promovidas desde el poder político. Recientemente lo vimos sobre la persona de un juez que ha concedido amparos frente a reformas igualmente inconstitucionales, como la de la industria eléctrica o ante la que nos obliga a entregar datos biométricos, sin garantías para la seguridad y la privacidad.

Además, las leyes deben ser de aplicación general, no privativas: no pueden estar dirigidas a castigar o premiar a alguien en específico, con nombre y apellido, como ocurre en este caso, bajo pretextos inverosímiles, como la pandemia o el ser la única persona que puede hacer que prevalezca una reforma. México necesita instituciones fuertes, más que personajes fuertes.

El problema no es la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que de acuerdo con especialistas atiende áreas de oportunidad relevantes, como los mecanismos de ingreso y carrera judicial, así como al combate de prácticas de nepotismo y corrupción. Pero todo eso queda ensombrecido por la idea de prolongar el periodo del Ministro Presidente y el de los otros seis miembros del Consejo de la Judicatura Federal actuales. Lo inaceptable, y que todos los ciudadanos debemos rechazar, es que, de última hora y subrepticiamente, se haya metido un artículo transitorio manifiestamente anticonstitucional. ¿Cómo puede promoverse la legalidad a partir de un acto ilegal?

La Constitución es muy clara y no deja margen para la interpretación en cuanto a la duración de ambos cargos; en el artículo 97, cuatro años para el caso del Presidente de la Corte, y en el 100, cinco años para cada consejero. Difícilmente se encontrará a un jurisconsulto que opine que esa es una prohibición interpretable. Es más: no se necesita ser abogado: cualquier ciudadano puede constatarlo simplemente abriendo su Constitución.

Este artículo transitorio es tan inconstitucional como el intento de reelección en Baja California, afortunadamente frustrado. No podemos permitirnos ese riesgo con la Suprema Corte, que debe funcionar y tomar decisiones conforme a las leyes, no según afinidades o planteamientos de carácter político.

Muchos juristas afirman que la afrenta a la Constitución no pasará la barrera de la propia SCJN, pero no debemos minimizar el peligro. Entre los muchos desafíos que México enfrenta en este momento, éste es de la mayor trascendencia. Bajo argumentos ambivalentes y legaloides, desde la propia Presidencia de la Corte no ha habido la voluntad de desactivar la incertidumbre, lo que podría haber hecho con un simple descarte. Dado que estaría impedido de participar en la votación, bastaría con que tres ministros, como los que han sido promovidos desde el Ejecutivo Federal, apoyaran el transitorio para que pasara tal cual, pues son necesarios ocho votos para invalidarlo.

Como lo expresó el Diputado Porfirio Muñoz Ledo, en otra muestra memorable de su estatura como tribuno: México no es un rancho donde domine una sola voluntad; es una gran nación donde la democracia y la Constitución tienen que ser defendidas todos los días.

Difícilmente puede exagerarse la gravedad de que en el Congreso se haya aprobado prolongar el periodo del actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con un simple artículo transitorio, aunque los asuntos del día a día y la intensidad del ruido político pongan el asunto, por el momento, en la cajonera de pendientes de la agenda pública. No por nada se activaron las alertas en sectores tan diversos como pueden serlo el de la inversión y el de defensores de los derechos humanos, y no sólo en México.

Se violenta abiertamente la separación de poderes, pues son los ministros de la Corte los facultados para elegir en su Pleno a su Presidente, y más aún, esa extensión en el cargo o reelección está literalmente prohibida por la Constitución. Como escuché opinar al Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, si surtiera efectos esa maniobra, de alguna forma nuestro país saldría del paradigma del Estado constitucional. Dejaría de tener sentido el referente de una norma suprema a la que debe sujetarse toda regla y la convivencia colectiva. Esa es la dimensión del riesgo que pende sobre nuestro Estado democrático de derecho, aquí y ahora.

Si prevaleciera tal distorsión jurídica para sostener una intención política, entonces todo podría ser posible: sin principios, referentes y límites que sean ejes rectores, lo mismo podríamos estar entre la anarquía o un régimen discrecional. Simplemente, por jerarquía, una disposición transitoria de una legislación secundaria no puede estar por encima la ley fundamental. Si la Constitución deja de ser la referencia, el vacío lo mismo podría dar pie a que se vulneren garantías ciudadanas o, además de la reelección de un Presidente de la Corte, a la de gobernadores o presidentes de la República.

Por supuesto, se emite una señal ominosa contra la división de poderes: que el Poder Ejecutivo y un Legislativo dominado por éste intervengan y decidan en el Judicial. Máxime cuando vemos cómo se acosa a jueces y se trata de desacreditarlos cuando sus fallos no coinciden con las acciones y leyes promovidas desde el poder político. Recientemente lo vimos sobre la persona de un juez que ha concedido amparos frente a reformas igualmente inconstitucionales, como la de la industria eléctrica o ante la que nos obliga a entregar datos biométricos, sin garantías para la seguridad y la privacidad.

Además, las leyes deben ser de aplicación general, no privativas: no pueden estar dirigidas a castigar o premiar a alguien en específico, con nombre y apellido, como ocurre en este caso, bajo pretextos inverosímiles, como la pandemia o el ser la única persona que puede hacer que prevalezca una reforma. México necesita instituciones fuertes, más que personajes fuertes.

El problema no es la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que de acuerdo con especialistas atiende áreas de oportunidad relevantes, como los mecanismos de ingreso y carrera judicial, así como al combate de prácticas de nepotismo y corrupción. Pero todo eso queda ensombrecido por la idea de prolongar el periodo del Ministro Presidente y el de los otros seis miembros del Consejo de la Judicatura Federal actuales. Lo inaceptable, y que todos los ciudadanos debemos rechazar, es que, de última hora y subrepticiamente, se haya metido un artículo transitorio manifiestamente anticonstitucional. ¿Cómo puede promoverse la legalidad a partir de un acto ilegal?

La Constitución es muy clara y no deja margen para la interpretación en cuanto a la duración de ambos cargos; en el artículo 97, cuatro años para el caso del Presidente de la Corte, y en el 100, cinco años para cada consejero. Difícilmente se encontrará a un jurisconsulto que opine que esa es una prohibición interpretable. Es más: no se necesita ser abogado: cualquier ciudadano puede constatarlo simplemente abriendo su Constitución.

Este artículo transitorio es tan inconstitucional como el intento de reelección en Baja California, afortunadamente frustrado. No podemos permitirnos ese riesgo con la Suprema Corte, que debe funcionar y tomar decisiones conforme a las leyes, no según afinidades o planteamientos de carácter político.

Muchos juristas afirman que la afrenta a la Constitución no pasará la barrera de la propia SCJN, pero no debemos minimizar el peligro. Entre los muchos desafíos que México enfrenta en este momento, éste es de la mayor trascendencia. Bajo argumentos ambivalentes y legaloides, desde la propia Presidencia de la Corte no ha habido la voluntad de desactivar la incertidumbre, lo que podría haber hecho con un simple descarte. Dado que estaría impedido de participar en la votación, bastaría con que tres ministros, como los que han sido promovidos desde el Ejecutivo Federal, apoyaran el transitorio para que pasara tal cual, pues son necesarios ocho votos para invalidarlo.

Como lo expresó el Diputado Porfirio Muñoz Ledo, en otra muestra memorable de su estatura como tribuno: México no es un rancho donde domine una sola voluntad; es una gran nación donde la democracia y la Constitución tienen que ser defendidas todos los días.