Por Carlos Rodríguez Ulloa
El próximo 6 de junio de 2021 será la jornada electoral “más grande y compleja” de la historia democrática de México, en ella se disputarán 21,368 cargos locales que abarcan 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 1,063 diputaciones de 30 congresos locales y 1,926 ayuntamientos en 30 estados. Esta coyuntura plantea un reacomodo de los equilibrios de poder a nivel nacional pero con un fuerte carácter local, razón por la cual los resultados dependerán de un delicado y disputado juego de poder a nivel municipal, estatal y federal; este evento resalta la importancia de poner atención a los riesgos político-electorales en el país con énfasis en las dinámicas de seguridad a nivel local y regional.
Desde que el Instituto Nacional Electoral declaró formalmente el inicio del proceso electoral el pasado 7 de septiembre, dos alcaldes han sido secuestrados y asesinados, la más reciente el 11 de noviembre, Florisel Ríos Delfín (PAN-PRD) alcaldesa del municipio de Jamapa, Veracruz; y en el otro extremo del país el 30 de septiembre, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo (PRD) alcalde de Temósachi, Chihuahua. Ambos casos nutren la cifra de 52 funcionarios municipales asesinados en el actual gobierno federal según el recuento de la revista Alcaldes de México que incluye a 9 alcaldes, 19 ex alcaldes, 8 regidores, 8 directores, 3 síndicos y 5 mandos.
Sin embargo, las autoridades locales a lo largo y ancho del país también son susceptibles a otros riesgos y amenazas como secuestros, asesinatos, extorsiones, agresiones armadas y ataques a sus bienes, derivados principalmente del acoso de grupos rivales político-económicos locales o de organizaciones delictivas.
Como ejemplo de la hostilidad de grupos rivales resalta el caso de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, Maricela Vallejo Orea (Morena) asesinada en abril de 2019 y por cuyo crimen fueron detenidos la ex alcaldesa de dicho municipio Ma. Angélica Méndez Margarito y su esposo, después del asesinato de su tío y de recibir múltiples amenazas del grupo opositor e ignoradas por la autoridad estatal.
Si bien estos conflictos son un severo riesgo político cotidiano en distintas regiones del país, sin duda se potencian en época electoral, además de darse en un contexto de baja gobernabilidad municipal y una proliferación de grupos armados que defienden múltiples causas. En este contexto, la organización International Crisis Group identificó a 463 grupos criminales operando en México entre 2009-2019, con alrededor de 200 operando en 2019. Es decir, que en varias regiones de México impera la ley del mas fuerte que no necesariamente es la autoridad.
Cabe destacar que los grupos delictivos buscan la relación con las autoridades locales debido a su importancia geográfica en el trasiego de drogas, como mercados en el caso de ciudades intermedias con importante densidad poblacional, como socios en el caso de algunas policías municipales y en algunos casos directamente como miembros de la administración municipal en el manejo de recursos como obras públicas y en casos extremos se busca una asociación que permita un cierto control territorial proclive a la extorsión sin detrimento de los otros aspectos.
Por último, los grupos delictivos ofrecen a los actores políticos recursos humanos (gestores con conocimiento local), materiales (transporte, despensas), económicos (dinero en efectivo) y de fuerza (espectro en el uso de violencia); que son de gran ayuda a los distintos actores políticos para ganar votos y más en espacios disputados, tanto política como mercantilmente. En breve, los grupos delictivos son actores de fuerza local que buscan promover sus intereses en periodos de incertidumbre y el gran reto en época electoral radica en que partidos, autoridades, fuerzas de seguridad y sociedad trabajen de forma conjunta para acotar este fenómeno y con ello, respetar y consolidar el régimen democrático en México.
Integrante del CASEDE y consultor especializado en temas de seguridad nacional e inteligencia
