/ miércoles 22 de enero de 2020

En el FMI no hay fifís

El Fondo Monetario Internacional no está infiltrado por adversarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; no está integrado por conservadores ni hay en él tecnócratas, fifis, saboteadores o enemigos. Es una entidad creada, como tantas otras, por la Organización de las Naciones Unidas cuyo objetivo fundamental es la vigilancia del circulante en el mundo. La misión del Fondo Monetario Internacional incluye un análisis permanente de las perspectivas de la economía internacional y con base en su observación permanente de la situación emite, si es necesario, recomendaciones para mantener un equilibrio internacional en las finanzas. Prácticamente ningún país puede estar al margen de sus responsabilidades.

El FMI ha emitido sus pronósticos de crecimiento en diferentes países y regiones del mundo para el año que comienza. A México le ha asignado un incremento de uno por ciento, inferior en tres décimas a la estimación que a fines del año pasado había calculado y también menor al promedio esperado para América Latina, de 1.6 por ciento. Más confiable que cualquier otra calificadora en el mundo, el FMI basa para México su pronóstico a la baja fundamentalmente en la reducción que se observa en las inversiones tanto públicas como privadas, producto por una parte de los recortes presupuestales emprendidos desde el principio de la administración y por la otra en la incertidumbre que prevalece para la concreción de nuevos proyectos productivos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha restado importancia y significación a los bajos índices de crecimiento con la tesis de atribuir supuestos avances en la economía fincados en un particular concepto de desarrollo: beneficiar directamente a la población con apoyos, becas y trabajo informal. Al mismo tiempo, el gobierno de México suprime programas de incentivo a la producción con el argumento de que muchos de ellos, si no la totalidad, están impregnados de la corrupción del pasado o enfrentan el sabotaje de grupos de interés, como es el caso del abasto de medicinas y equipo médico.

Los números duros o las observaciones de instancias como el FMI son desechados sistemáticamente por el gobierno de López Obrador como obra de conservadores, adversarios y enemigos declarados. En otros sectores de la vida nacional ocurre lo mismo que en la economía. El Sistema Nacional de Seguridad da a conocer datos precisos, irrefutables sobre los índices de criminalidad registrados en 2019. En ese lapso ocurrieron 35 mil 600 homicidios dolosos, con lo cual el primer año de gobierno de López Obrador aparece como el más violento y sangriento desde que se tiene registro de esa estadística. Imposible salir al paso o negar el incremento de la criminalidad tratándose de un organismo oficial como es ese sistema nacional y no producto de la especulación o invento de los adversarios del gobierno actual. Ante esa imposibilidad, el presidente López Obrador responde con un elusivo y manido argumento que ha sostenido desde su arribo al poder: la creciente delincuencia, afirma, es una parte de la herencia maldita de los gobiernos anteriores que en el caso de la criminalidad comenzó con la guerra declarada por el de Felipe Calderón en 2006. Son los conservadores, los neoliberales los responsables de esa siniestra estadística que no se ha logrado vencer con la estrategia de abrazos en lugar de balazos puesta en práctica por su gobierno. Con un discurso entre moral, religioso y paternalista propio más que de una presidencia de la República, de un gobierno municipal de la zona de la Chontalpa, el gobierno de López Obrador se niega a aceptar la responsabilidad que evidentemente le corresponde en el combate a la delincuencia. No quiere ver que la mejilla que ofrece no es la propia sino la de todo un país que sufre la amenaza de la inseguridad.

srio28@prodigy.net.mx

El Fondo Monetario Internacional no está infiltrado por adversarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; no está integrado por conservadores ni hay en él tecnócratas, fifis, saboteadores o enemigos. Es una entidad creada, como tantas otras, por la Organización de las Naciones Unidas cuyo objetivo fundamental es la vigilancia del circulante en el mundo. La misión del Fondo Monetario Internacional incluye un análisis permanente de las perspectivas de la economía internacional y con base en su observación permanente de la situación emite, si es necesario, recomendaciones para mantener un equilibrio internacional en las finanzas. Prácticamente ningún país puede estar al margen de sus responsabilidades.

El FMI ha emitido sus pronósticos de crecimiento en diferentes países y regiones del mundo para el año que comienza. A México le ha asignado un incremento de uno por ciento, inferior en tres décimas a la estimación que a fines del año pasado había calculado y también menor al promedio esperado para América Latina, de 1.6 por ciento. Más confiable que cualquier otra calificadora en el mundo, el FMI basa para México su pronóstico a la baja fundamentalmente en la reducción que se observa en las inversiones tanto públicas como privadas, producto por una parte de los recortes presupuestales emprendidos desde el principio de la administración y por la otra en la incertidumbre que prevalece para la concreción de nuevos proyectos productivos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha restado importancia y significación a los bajos índices de crecimiento con la tesis de atribuir supuestos avances en la economía fincados en un particular concepto de desarrollo: beneficiar directamente a la población con apoyos, becas y trabajo informal. Al mismo tiempo, el gobierno de México suprime programas de incentivo a la producción con el argumento de que muchos de ellos, si no la totalidad, están impregnados de la corrupción del pasado o enfrentan el sabotaje de grupos de interés, como es el caso del abasto de medicinas y equipo médico.

Los números duros o las observaciones de instancias como el FMI son desechados sistemáticamente por el gobierno de López Obrador como obra de conservadores, adversarios y enemigos declarados. En otros sectores de la vida nacional ocurre lo mismo que en la economía. El Sistema Nacional de Seguridad da a conocer datos precisos, irrefutables sobre los índices de criminalidad registrados en 2019. En ese lapso ocurrieron 35 mil 600 homicidios dolosos, con lo cual el primer año de gobierno de López Obrador aparece como el más violento y sangriento desde que se tiene registro de esa estadística. Imposible salir al paso o negar el incremento de la criminalidad tratándose de un organismo oficial como es ese sistema nacional y no producto de la especulación o invento de los adversarios del gobierno actual. Ante esa imposibilidad, el presidente López Obrador responde con un elusivo y manido argumento que ha sostenido desde su arribo al poder: la creciente delincuencia, afirma, es una parte de la herencia maldita de los gobiernos anteriores que en el caso de la criminalidad comenzó con la guerra declarada por el de Felipe Calderón en 2006. Son los conservadores, los neoliberales los responsables de esa siniestra estadística que no se ha logrado vencer con la estrategia de abrazos en lugar de balazos puesta en práctica por su gobierno. Con un discurso entre moral, religioso y paternalista propio más que de una presidencia de la República, de un gobierno municipal de la zona de la Chontalpa, el gobierno de López Obrador se niega a aceptar la responsabilidad que evidentemente le corresponde en el combate a la delincuencia. No quiere ver que la mejilla que ofrece no es la propia sino la de todo un país que sufre la amenaza de la inseguridad.

srio28@prodigy.net.mx

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