Todavía con los seis procesos electorales en curso, los presidenciables de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, continúan su trayecto hacia 2024. El mitin organizado hace unos días en Toluca, Estado de México, fue convocado como una “movilización para que siga la transformación”, pero en realidad se trató de otro episodio multitudinario para promocionar la imagen de los funcionarios públicos que tiene el beneplácito del primer mandatario para buscar la candidatura presidencial de su partido.
¿Incurrieron o no en actos anticipados de precampaña o campaña? Si consideramos las normas vigentes la respuesta es no, dado que la ley determina que solo podrían incurrir en esa falta una vez que inicie el proceso electoral y los criterios jurisdiccionales establecidos por el tribunal electoral desde 2015 señalan que, si bien los actos anticipados podrían darse antes de que inicie el proceso electoral, tendría que revisarse la proximidad del arranque del propio proceso que, en este caso, será hasta la primera semana de septiembre de 2023. Tecnicismos legales si se quiere, pero en ese evento, considerado por sí mismo, no hay infracción.
Escenario diferente será si de un evento aislado se pasa a una campaña sistemática, orquestada para darle continuidad a la exposición pública de funcionarios que juegan abiertamente por la candidatura presidencial de Morena y concitan apoyos de las y los gobernadores en turno y de aquellos que fueron electos recientemente, pues dos o tres eventos más y las autoridades administrativas enfrentarán el dilema de modificar criterios y establecer nuevas reglas que mantengan a salvo el principio de equidad en la contienda de 2024.
También será un reto saber si las autoridades electorales consideran viable modificar dichos criterios, habida cuenta de que en rigor no estamos ante hechos nuevos, sino ante episodios que concatenados en el tiempo y en sus características demuestran una movilización permanente de las figuras destapadas por el presidente y que ya se promocionaron en múltiples actos durante las campañas locales concluidas recientemente.
Más allá de los alcances de normas y criterios judiciales, Morena y sus presidenciables buscan aprovechar todos los espacios disponibles para continuar lo que en rigor es una campaña adelantada en favor de Claudia Sheinbaum quien recibió, durante las campañas de las candidaturas de Morena, ovaciones bajo el grito de “presidenta, presidenta”, y ahora, bajo otra modalidad, continuará su camino hacia la presidencia. Veremos qué efectos tienen los llamados de Marcelo Ebrard para que internamente haya cancha pareja, así como la evidente exclusión de la que fue objeto Ricardo Monreal.
¿Qué va a ocurrir con el arbitraje electoral ante la nueva avalancha que se avecina? Es una incógnita, como también lo es, la decisión que tomarán los partidos de la oposición que si realmente quieren competir tendrían que ajustar sus estrategias y acordar cómo y a quién impulsarán hacia el 2023 en Estado de México y Coahuila y, por supuesto, a la presidencia de la república, en una carrera en la que, por diversas razones, ya están en clara desventaja.
Sería mejor que los servidores públicos y los partidos políticos esperaran que los plazos lleguen para iniciar actividades electorales, pero ese es un mundo feliz que no existe, el activismo de unos ha roto ostensiblemente las reglas del juego y la pasividad de los otros sorprende. Hay criterios fundamentales del tribunal, sí. El reto es ajustarlos a la nueva realidad y hacerlos cumplir.
*Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
