/ martes 9 de febrero de 2021

En su día, nada que celebrar. El asalto a la Constitución

Por Pilar Déziga Velázquez

A pesar de los principios liberales de los que alardea el gobierno federal, el proyecto político que hemos atestiguado parece responder más bien a una versión de presidencialismo apoyado por los simbolismos supuestamente históricos. Hoy, las instituciones y la constitución parecen sólo hologramas que se utilizan a conveniencia del ejecutivo.

La Constitución, a la que se ha manoseado y modificado en casi un millar de ocasiones, desde su promulgación hace ciento cuatro años, nunca antes había sido asaltada con tal profundidad y constancia. En su aniversario, no hay nada que celebrar, sino más bien enlistar las ocasiones en que se ha arremetido en su contra.

La tarea de observar esos abusos, se tradujo en un trabajo de investigación elaborado por Causa en Común que, desde 2019, ha señalado 86 acciones abiertamente ilegales y siete de dudosa legalidad. Las acciones van desde diversas violaciones a la extralimitación de facultades y división de poderes, violaciones a los derechos fundamentales y uso discrecional de los recursos públicos. El resultado es una serie de afectaciones a los derechos laborales, la violación al pacto federal por uso de programas sociales con fines electorales, acciones opacas en gasto público, afectación a la autonomía presupuestal a diversos organismos constitucionalmente autónomos, afectaciones al derecho a la salud, la protección de derechos de niñas y niños. (el estudio se puede consultar en )

Así, mientras la Constitución se elaboró con la vocación de defender los derechos y libertades individuales y colectivos en este país, las modificaciones que ha sufrido en este último par de años no han respondido a los intereses, expectativas o demandas para las que fue creada. Al contrario, han sido para el beneficio de un grupo político ultraconservador y autoritario.

Los abusos han encontrado espacio en todos los ámbitos, aunque particular atención merece el tema de los derechos humanos, el sistema democrático y la seguridad. Sobre éstos, en el estudio de Causa en Común se han registrado al menos 37 decisiones u omisiones de autoridad. Algunos de los casos señalados son el de las autoridades migratorias, la Guardia Nacional y autoridades locales que han hacinado a migrantes centro y sudamericanos, incrementando los riesgos a su salud en el contexto de la pandemia.

Sumando a la lista de agravios, el decreto por el que el Ejecutivo Federal dispone de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Pública, pone en riesgo a un número de derechos humanos que, tradicionalmente se reportan afectados por este tipo de cuerpos, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, tortura, falta al debido proceso, privación ilegal de la libertad, integridad física, entre otros.

Otros ejemplos son, al menos, 12 acciones que han atentado contra el sistema democrático del país. Como ejemplos destacados, se deben subrayar el debilitamiento y la subordinación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la interferencia electoral de parte del ejecutivo federal y los ataques contra el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información; la Comisión Reguladora de Energía; el Instituto Federal de Telecomunicaciones; la Comisión Federal de Competencia Económica; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo; el Banco de México, entre muchos otros.

Es claro que no hay nada que celebrar y mucho que lamentar en el aniversario de la Constitución. Son tiempos en los que el ejecutivo concentra y ejerce el poder de manera arbitraria, vulnerado cada vez más el Estado de derecho en este país. La ley se diluye frente a la voluntad presidencial, el sistema democrático se debilita y nuestra Constitución se deforma.

No es un día para celebrar sino para lamentar…

Por Pilar Déziga Velázquez

A pesar de los principios liberales de los que alardea el gobierno federal, el proyecto político que hemos atestiguado parece responder más bien a una versión de presidencialismo apoyado por los simbolismos supuestamente históricos. Hoy, las instituciones y la constitución parecen sólo hologramas que se utilizan a conveniencia del ejecutivo.

La Constitución, a la que se ha manoseado y modificado en casi un millar de ocasiones, desde su promulgación hace ciento cuatro años, nunca antes había sido asaltada con tal profundidad y constancia. En su aniversario, no hay nada que celebrar, sino más bien enlistar las ocasiones en que se ha arremetido en su contra.

La tarea de observar esos abusos, se tradujo en un trabajo de investigación elaborado por Causa en Común que, desde 2019, ha señalado 86 acciones abiertamente ilegales y siete de dudosa legalidad. Las acciones van desde diversas violaciones a la extralimitación de facultades y división de poderes, violaciones a los derechos fundamentales y uso discrecional de los recursos públicos. El resultado es una serie de afectaciones a los derechos laborales, la violación al pacto federal por uso de programas sociales con fines electorales, acciones opacas en gasto público, afectación a la autonomía presupuestal a diversos organismos constitucionalmente autónomos, afectaciones al derecho a la salud, la protección de derechos de niñas y niños. (el estudio se puede consultar en )

Así, mientras la Constitución se elaboró con la vocación de defender los derechos y libertades individuales y colectivos en este país, las modificaciones que ha sufrido en este último par de años no han respondido a los intereses, expectativas o demandas para las que fue creada. Al contrario, han sido para el beneficio de un grupo político ultraconservador y autoritario.

Los abusos han encontrado espacio en todos los ámbitos, aunque particular atención merece el tema de los derechos humanos, el sistema democrático y la seguridad. Sobre éstos, en el estudio de Causa en Común se han registrado al menos 37 decisiones u omisiones de autoridad. Algunos de los casos señalados son el de las autoridades migratorias, la Guardia Nacional y autoridades locales que han hacinado a migrantes centro y sudamericanos, incrementando los riesgos a su salud en el contexto de la pandemia.

Sumando a la lista de agravios, el decreto por el que el Ejecutivo Federal dispone de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Pública, pone en riesgo a un número de derechos humanos que, tradicionalmente se reportan afectados por este tipo de cuerpos, por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, tortura, falta al debido proceso, privación ilegal de la libertad, integridad física, entre otros.

Otros ejemplos son, al menos, 12 acciones que han atentado contra el sistema democrático del país. Como ejemplos destacados, se deben subrayar el debilitamiento y la subordinación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la interferencia electoral de parte del ejecutivo federal y los ataques contra el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información; la Comisión Reguladora de Energía; el Instituto Federal de Telecomunicaciones; la Comisión Federal de Competencia Económica; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo; el Banco de México, entre muchos otros.

Es claro que no hay nada que celebrar y mucho que lamentar en el aniversario de la Constitución. Son tiempos en los que el ejecutivo concentra y ejerce el poder de manera arbitraria, vulnerado cada vez más el Estado de derecho en este país. La ley se diluye frente a la voluntad presidencial, el sistema democrático se debilita y nuestra Constitución se deforma.

No es un día para celebrar sino para lamentar…