/ domingo 11 de octubre de 2020

En sus marcas, listos, ¿fuera?

Hace poco más de un mes inició formalmente el proceso electoral para 2021 en el cual se disputarán más de 3 mil cargos públicos para los tres niveles de gobierno. A la par, también se inauguró el periodo de violencia electoral. Desde el inicio se han registrado, al menos, cuatro homicidios de diferentes actores políticos en el país: el alcalde de Temósachic, Carlos Ignacio Beltrán, fue encontrado sin vida después de ser privado de su libertad por un grupo armado; el ex alcalde de Apatzingán, César Chávez, fue ejecutado en una estética; el exregidor de Ciudad Valles, Alberto Zúñiga, fue asesinado afuera de un puesto de comida; y, por último, el exregidor y exdiputado federal, Juan Jaramillo Frikas, falleció tras un atentado ocurrido afuera de su domicilio. Un arranque penoso y desapacible, por decir lo menos.

El asesinato de actores políticos durante periodos electorales no es historia nueva en nuestro país. La elección pasada se caracterizó por ser la más violenta de la que se tiene registro, superando casi cinco veces el número de asesinatos respecto a contiendas anteriores. Conforme a datos oficiales y hemerográficos, durante la elección de 2018 se registraron, al menos, 140 asesinatos de aspirantes, precandidatos, candidatos, exfuncionarios y servidores públicos en activo; casi la mitad fueron de actores políticos locales (estatales y municipales). Asimismo, las entidades federativas con el mayor número de asesinatos fueron Guerrero, Oaxaca y Puebla.

Es importante mencionar que la violencia política abarca más que los asesinatos: también incluye amenazas, agresiones, atentados, secuestros, entre otros. En este sentido, durante la elección pasada se registraron más de 200 actos de esta índole. De la información disponible, se ha concluido que la violencia política no tuvo relación alguna con la afiliación partidista, la ubicación geográfica ni la incidencia delictiva. Es decir, fue en contra de actores políticos de todos los partidos, en todo el país, y en localidades con índices delictivos altos y bajos.

Uno de los ejemplos más graves e inconcebibles de la violencia ejercida durante la elección pasada sucedió en Chilapa, Guerrero. Durante febrero de 2018, en un lapso menor a 5 días, asesinaron a las precandidatas del PRI y PRD para la diputación local. Las siguientes dos aspirantes del PRD para ocupar dicha candidatura renunciaron debido a la inseguridad. Posteriormente, durante 2019, la excandidata de MORENA que contendió para la misma diputación fue asesinada a balazos saliendo de una tienda departamental. Y, por si fuera poco, 13 días después fue asesinado su hijastro, junto con el excandidato de MORENA que contendió por la alcaldía de Chilapa. Sin duda alguna, un retrato feroz de la realidad que deben enfrentar los actores políticos en nuestro país.

Un requisito indispensable, y bastante obvio, para celebrar cualquier elección es que haya candidatos para ocupar los cargos públicos en disputa. Por ello, las autoridades locales y federales deben garantizar un proceso libre y seguro para éstos. De lo contrario, será un sinsentido: una competencia sin participantes. La carrera electoral comenzó de manera abrupta, así que deberán apurarse y actuar a la altura de la demanda, ya que lo último que necesita este país son más asesinatos, más violencia y más casos como Chilapa.

Consultor independiente.

@ddblanc

Hace poco más de un mes inició formalmente el proceso electoral para 2021 en el cual se disputarán más de 3 mil cargos públicos para los tres niveles de gobierno. A la par, también se inauguró el periodo de violencia electoral. Desde el inicio se han registrado, al menos, cuatro homicidios de diferentes actores políticos en el país: el alcalde de Temósachic, Carlos Ignacio Beltrán, fue encontrado sin vida después de ser privado de su libertad por un grupo armado; el ex alcalde de Apatzingán, César Chávez, fue ejecutado en una estética; el exregidor de Ciudad Valles, Alberto Zúñiga, fue asesinado afuera de un puesto de comida; y, por último, el exregidor y exdiputado federal, Juan Jaramillo Frikas, falleció tras un atentado ocurrido afuera de su domicilio. Un arranque penoso y desapacible, por decir lo menos.

El asesinato de actores políticos durante periodos electorales no es historia nueva en nuestro país. La elección pasada se caracterizó por ser la más violenta de la que se tiene registro, superando casi cinco veces el número de asesinatos respecto a contiendas anteriores. Conforme a datos oficiales y hemerográficos, durante la elección de 2018 se registraron, al menos, 140 asesinatos de aspirantes, precandidatos, candidatos, exfuncionarios y servidores públicos en activo; casi la mitad fueron de actores políticos locales (estatales y municipales). Asimismo, las entidades federativas con el mayor número de asesinatos fueron Guerrero, Oaxaca y Puebla.

Es importante mencionar que la violencia política abarca más que los asesinatos: también incluye amenazas, agresiones, atentados, secuestros, entre otros. En este sentido, durante la elección pasada se registraron más de 200 actos de esta índole. De la información disponible, se ha concluido que la violencia política no tuvo relación alguna con la afiliación partidista, la ubicación geográfica ni la incidencia delictiva. Es decir, fue en contra de actores políticos de todos los partidos, en todo el país, y en localidades con índices delictivos altos y bajos.

Uno de los ejemplos más graves e inconcebibles de la violencia ejercida durante la elección pasada sucedió en Chilapa, Guerrero. Durante febrero de 2018, en un lapso menor a 5 días, asesinaron a las precandidatas del PRI y PRD para la diputación local. Las siguientes dos aspirantes del PRD para ocupar dicha candidatura renunciaron debido a la inseguridad. Posteriormente, durante 2019, la excandidata de MORENA que contendió para la misma diputación fue asesinada a balazos saliendo de una tienda departamental. Y, por si fuera poco, 13 días después fue asesinado su hijastro, junto con el excandidato de MORENA que contendió por la alcaldía de Chilapa. Sin duda alguna, un retrato feroz de la realidad que deben enfrentar los actores políticos en nuestro país.

Un requisito indispensable, y bastante obvio, para celebrar cualquier elección es que haya candidatos para ocupar los cargos públicos en disputa. Por ello, las autoridades locales y federales deben garantizar un proceso libre y seguro para éstos. De lo contrario, será un sinsentido: una competencia sin participantes. La carrera electoral comenzó de manera abrupta, así que deberán apurarse y actuar a la altura de la demanda, ya que lo último que necesita este país son más asesinatos, más violencia y más casos como Chilapa.

Consultor independiente.

@ddblanc