/ viernes 8 de octubre de 2021

Energía eléctrica limpia, de corrupción

“México es cada vez más soberano, cada día más libre, cada día más independiente, por el esfuerzo de ustedes, por el esfuerzo de todos los mexicanos. ¡Adelante, México es nuestro!” Esto es parte del discurso que brindó el Presidente Adolfo López Mateos, el 27 de Septiembre de 1960, cuando nacionalizó toda la industria eléctrica. Se evidenció el enorme apoyo de las organizaciones sociales y los principales sindicatos nacionales como el Sindicato Mexicano de Electricistas SME y el de ferrocarrileros, así como de una población convencida de recuperar a favor del país una actividad estratégica.

El proceso de privatización como una forma de colonización, era una constante en toda Latinoamérica de parte de empresas extranjeras, principalmente estadounidenses y europeas, que aprovechándose de la situación de inestabilidad política de naciones en incipiente desarrollo, invirtieron para apropiarse de la explotación de tan rentable y necesaria actividad económica como la energía eléctrica.

61 años después, el pasado 30 de septiembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo llegar a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y nueve transitorios.

La intención es ratificar la idea de garantizar la seguridad energética para México, una reforma con sentido social de fortalecimiento a la Comisión Federal de Electricidad, donde haya electricidad para todos con un costo accesible.

La propuesta también modifica la estructura organizacional de la CFE, al crearla como instancia con personalidad jurídica propia, otorgándole las facultades de generación, distribución y administración de energía. En ello se contempla que los grandes consumidores no tengan privilegios por encima de los consumidores domésticos, sino que se rijan por las mismas reglas comerciales y consuman lo que la empresa genere.

Los organismos reguladores que fueron creados para favorecer a las empresas privadas por encima de la CFE serán modificados en cuanto a sus funciones e incluso serán absorbidas administrativamente por la CFE para continuar con ciertas funciones.

Sin duda, la protección del medio ambiente es una gran preocupación y prioridad nacional; el uso de energías limpias se debe propiciar y multiplicar, por ello esta reforma eléctrica no afectará a quienes usen paneles solares y otras formas de autogeneración de energía eléctrica para casa habitación.

La reforma eléctrica requiere cuando menos 331 votos de mayoría calificada, si suman los de MORENA y PVEM y PT, dan 278, si votaran todos a favor, por lo que se requerirán 53 votos más de la oposición. El PAN en definitiva ha referido que votará en contra. Es algo evidente y congruente con su ideología que prioriza sólo el dinero, un partido que siempre ha favorecido a los dueños del capital y ha estado lejos de las causas de nación, son apátridas.

Sin embargo, el PRI, tiene una oportunidad de reivindicarse con sus orígenes e historia revolucionaria y nacional. Lo que no pudo ganar en las urnas puede recuperarlo con acciones a favor del país y no de la corrupción. La alianza que tiene con el PAN es sólo electoral, debe ser leal a sus principios institucionales e ideológicos o seguir en su franco descenso en popularidad y aprobación por parte de los mexicanos, quienes ya lo dan como un partido al borde de la extinción política. Es esta ocasión, quizá la única en su historia de recomponer su rumbo de credibilidad.

La postura del pueblo de México debe ser de apoyo a la iniciativa del presidente López Obrador, es ratificar nuestra ideología a favor de los que menos tienen, de incentivar la industria nacional y dejar un importante porcentaje del 43% a los privados, es una participación justa y de proporciones de competencia equitativa. Con esta reforma, se garantizarán tarifas de un servicio nacional de acorde con el poder adquisitivo de la población y no alzas propiciadas por la intermediación de agentes externos al interés nacional. Las inversiones privadas, que son mayores a los 44 mil millones de dólares, no corren riesgo, por el contrario se ordenarán para que su participación sea estratégica y viable.

“México es cada vez más soberano, cada día más libre, cada día más independiente, por el esfuerzo de ustedes, por el esfuerzo de todos los mexicanos. ¡Adelante, México es nuestro!” Esto es parte del discurso que brindó el Presidente Adolfo López Mateos, el 27 de Septiembre de 1960, cuando nacionalizó toda la industria eléctrica. Se evidenció el enorme apoyo de las organizaciones sociales y los principales sindicatos nacionales como el Sindicato Mexicano de Electricistas SME y el de ferrocarrileros, así como de una población convencida de recuperar a favor del país una actividad estratégica.

El proceso de privatización como una forma de colonización, era una constante en toda Latinoamérica de parte de empresas extranjeras, principalmente estadounidenses y europeas, que aprovechándose de la situación de inestabilidad política de naciones en incipiente desarrollo, invirtieron para apropiarse de la explotación de tan rentable y necesaria actividad económica como la energía eléctrica.

61 años después, el pasado 30 de septiembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo llegar a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y nueve transitorios.

La intención es ratificar la idea de garantizar la seguridad energética para México, una reforma con sentido social de fortalecimiento a la Comisión Federal de Electricidad, donde haya electricidad para todos con un costo accesible.

La propuesta también modifica la estructura organizacional de la CFE, al crearla como instancia con personalidad jurídica propia, otorgándole las facultades de generación, distribución y administración de energía. En ello se contempla que los grandes consumidores no tengan privilegios por encima de los consumidores domésticos, sino que se rijan por las mismas reglas comerciales y consuman lo que la empresa genere.

Los organismos reguladores que fueron creados para favorecer a las empresas privadas por encima de la CFE serán modificados en cuanto a sus funciones e incluso serán absorbidas administrativamente por la CFE para continuar con ciertas funciones.

Sin duda, la protección del medio ambiente es una gran preocupación y prioridad nacional; el uso de energías limpias se debe propiciar y multiplicar, por ello esta reforma eléctrica no afectará a quienes usen paneles solares y otras formas de autogeneración de energía eléctrica para casa habitación.

La reforma eléctrica requiere cuando menos 331 votos de mayoría calificada, si suman los de MORENA y PVEM y PT, dan 278, si votaran todos a favor, por lo que se requerirán 53 votos más de la oposición. El PAN en definitiva ha referido que votará en contra. Es algo evidente y congruente con su ideología que prioriza sólo el dinero, un partido que siempre ha favorecido a los dueños del capital y ha estado lejos de las causas de nación, son apátridas.

Sin embargo, el PRI, tiene una oportunidad de reivindicarse con sus orígenes e historia revolucionaria y nacional. Lo que no pudo ganar en las urnas puede recuperarlo con acciones a favor del país y no de la corrupción. La alianza que tiene con el PAN es sólo electoral, debe ser leal a sus principios institucionales e ideológicos o seguir en su franco descenso en popularidad y aprobación por parte de los mexicanos, quienes ya lo dan como un partido al borde de la extinción política. Es esta ocasión, quizá la única en su historia de recomponer su rumbo de credibilidad.

La postura del pueblo de México debe ser de apoyo a la iniciativa del presidente López Obrador, es ratificar nuestra ideología a favor de los que menos tienen, de incentivar la industria nacional y dejar un importante porcentaje del 43% a los privados, es una participación justa y de proporciones de competencia equitativa. Con esta reforma, se garantizarán tarifas de un servicio nacional de acorde con el poder adquisitivo de la población y no alzas propiciadas por la intermediación de agentes externos al interés nacional. Las inversiones privadas, que son mayores a los 44 mil millones de dólares, no corren riesgo, por el contrario se ordenarán para que su participación sea estratégica y viable.