Por: Alejandro Andrade
Un gobierno que pretenda transformar al país no puede extrapolar el pasado para generar políticas públicas hacia el futuro y considerarse progresista.
El paradigma de la utilización del petróleo como elemento fundamental de la formulación de políticas energéticas a largo plazo es ya inaceptable porque la realidad del mundo así lo está marcando.
Ejemplos como el cambio de nombre de la empresa noruega, de propiedad estatal “Statoil” a “Equinor” apunta a prestar soluciones energéticas por el medio que sea más conveniente para la modernidad, y no sólo a explotar gas y petróleo. Es decir, se enfoca ahora en solucionar una necesidad y no en explotar un recurso que en alguna forma posteriormente podría solucionar una necesidad.
Un caso similar es el de California, quizá la quinta o sexta economía más importante del mundo, que ha decidido que para el año 2045 solamente producirá energía eléctrica de fuentes limpias, por una parte, y por otra que será neutra respecto a sus emisiones de carbono. Esto quiere decir que absorberán tanto carbono de la atmósfera como el que emitan. Con esto, California rebasa los acuerdos tomados por las naciones en la Cumbre del Cambio Climático en París poniendo una muestra para cualquier otra economía que pretendiera disminuir los efectos del cambio climático sobre el medio ambiente.
Como referencia, México tendría como objetivo que para el año 2040, 50% de la energía eléctrica consumida proviniera de fuentes limpias; un buen objetivo sin duda, pero ante la muestra de California de repente se queda un tanto corto.
Basado en estas dos premisas de políticas públicas (habiendo otras muchas en desarrollo en otras partes del mundo) es que creo que un gobierno que se anuncia como progresista y cuyo objetivo es hacer una gran transformación en el país debiera apuntar a generar un paradigma energético distinto al anunciado en campaña, en el que se preserva el uso de los hidrocarburos como un elemento esencial de la política energética.
Hay que entender que una modificación en política energética da resultados en no menos de los seis años que dura un periodo presidencial. Por ejemplo, la política de migración hacia el gas natural, cuyos efectos plenos podríamos empezar a disfrutar el año que viene, fue formulada al final de la presidencia de Ernesto Zedillo. Los efectos de la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto apenas empiezan a verse reflejados en inversión ahora, y su efecto positivo en energía no sucederá plenamente hasta quizá, y con mucha suerte, el final de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
Así es la energía. Nada es barato y nada es inmediato. Ni la posibilidad o llegada de la inversión, y mucho menos los resultados. Por lo tanto, es difícil concebir que las acciones del nuevo gobierno se enfoquen en fomentar el suministro de combustibles desde nuevas refinerías como un plan de acción inmediata, ya que éstas servirán a las necesidades del país pero en el mediano plazo si jugamos bien nuestras cartas. Tendríamos que haber diseñado un futuro mucho más enfocado en el uso del trasporte público o privado, y además basado en la electricidad.
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