Por Diana Bañuelos
En enero del 2020 el gobierno mexicano anunció la adopción de una Política Exterior Feminista, convirtiéndose así en el primer país de América Latina en incluir la perspectiva de género en su agenda de acciones hacia el exterior. Existen algunos países pioneros en este tema: primero fue Suecia (en diciembre del 2014), le siguió Canadá (en el 2017) y posteriormente Francia (durante el Día Internacional de la Mujer en el 2019).
Definir una Política Exterior Feminista no es nada fácil. De iure, una política exterior de este tipo puede identificarse como la transversalización de la perspectiva de género en las acciones u omisiones mediante las cuales un país genera, modifica o suspende sus relaciones con otros actores internacionales: un camino hacia la transformación consistente del sistema.
¿Por qué transformación? Pues me refiero a acciones tangibles que busquen replantear las estructuras de género en el plano internacional, a un cambio de la idea que visualiza a la seguridad cómo un tema de militarización, a la construcción de comunidades empáticas internacionales y a la inclusión de las voces marginadas.
Pero, ¿de qué nos sirve tener una etiqueta de este estilo sobre las estrategias hacia el exterior? ¿Qué pasa con la situación interna? Rafael Calduch menciona que existe una relación interdependiente entre la política exterior y la política interna de un Estado, pues estas representan dos facetas de una misma realidad política.
Recordando que la paz no sólo significa la ausencia de conflictos armados sino que también implica la cohesión y bienestar individual de cada persona ciudadana, ¿cómo vamos?
Les cuento: de enero a septiembre 2021 la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha contabilizado 736 feminicidios; según el CONEVAL, en el 2021 el ingreso salarial de los hombres es 1.3 veces el de las mujeres y por otro lado, en temas de seguridad, la Guardia Nacional está desplegada por las calles compuesta en gran medida de militares y con un presupuesto aproximado de 103,935 millones de pesos.
Pues bien, participar en foros multilaterales sobre derechos humanos, adherirse a organizaciones pacíficas y definir una Política Exterior Feminista en discursos públicos está muy bien. Pero, generar políticas públicas destinadas al bienestar individual de todas las personas, incentivar la participación de mujeres en las instituciones gubernamentales, tener un presupuesto asignado a esfuerzos de equidad de género y procurar que las acciones hacia el exterior y en el interior coincidan sería mucho mejor, ¿no creen?
