¿Dijiste media verdad? Dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad.
Antonio Machado
Vigilar el uso del dinero público es un requisito insustituible de un régimen democrático. La construcción de instituciones abocadas a ello siempre es exigible y necesaria. Se sabe con amplitud que al actual gobierno, y en especial el presidente de la república, le resulta incómodo rendir cuentas. A propósito de este trascendente tema, hace unos días, cumpliendo con sus obligaciones legales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el Informe General de la Cuenta Pública 2019, que auditó el primer año de la administración de López Obrador, donde se hicieron observaciones por 67 mil 498 millones de pesos.
El mayor monto observado con señalamientos, de 53 mil 38.3 millones, fue del gasto federalizado, dinero que el gobierno federal transfiere a estados y municipios, mientras que el resto correspondió al gasto en desarrollo social y de gobierno. El informe es rico en datos, se destaca la revisión de los proyectos simbólicos de la actual administración, tales como el aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya, el Corredor del Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas; así, como los principales programas prioritarios, pensión para Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar, Crédito Ganadero y Sembrado Vida. En la gran mayoría se encontraron irregularidades: pago a jóvenes ya fallecidos, incapacidad de Fonatur para prever riesgos sociales del Tren Maya, costos fuera de norma en Dos Bocas, gastos sin comprobar en la Secretaría de Cultura, etcétera.
Todo parecía llevar el curso normal de una auditoría, hasta que la ASF reculó en su cálculo en las pérdidas que se ocasionaron por la cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco, al admitir que hubo “inconsistencias en la cuantificación realizada”. Esta declaración cayó “como anillo al dedo” para AMLO y sus empleados, puesto que con esto las revisiones realizadas a otras áreas, encuentran cobijo mediático a sus presuntas irregularidades.
Resulta sospechoso y grave que el auditor David Colmenares haya dejado pasar el caso del aeropuerto con semejantes inconsistencias. Con ello, deslegitima a la institución que representa y eclipsa los malos manejos del dinero público. Bastó un reclamo mañanero del inquilino de Palacio Nacional para que se difuminara el efecto de una revisión ilustrativa. Ahora, el auditor tiene dos caminos: que lo despidan o que renuncie. ¿Quién revisará las cuentas del erario público sin que lo desacredite AMLO? Está más que claro el porqué el tabasqueño busca desaparecer al INAI y a otros. La rendición de cuentas es subversiva en tiempos de esa cosa autollamada 4T.
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