Ayer se presentó, en la conferencia mañanera del presidente de la República, la propuesta de reforma constitucional en materia electoral. Ésta se realiza a menos de un día de que el TEPJF resolvió las impugnaciones del proceso de revocación de mandato, señalando que hubo irregularidades graves que afectaron la integridad del proceso y declarando su invalidez por no haber alcanzado el porcentaje requerido de participación en la Constitución.
¿Hay algún consenso político para la presentación de una reforma electoral? Definitivamente no. A diferencia de las últimas reformas constitucionales en la materia, la propuesta presentada ayer no es resultado de algún acuerdo entre las fuerzas políticas. Es decir, es producto de la visión particular del presidente sobre el sistema electoral y de lo que, según él, necesita la democracia mexicana.
La propuesta consiste esencialmente en lo siguiente: a) Crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, en sustitución del INE, b) Elección popular de Consejerías y Magistraturas electorales, a partir de las propuestas de los tres Poderes de la Unión, c) Desaparecer autoridades electorales locales, para que solo haya una autoridad electoral federal, d) Disminuir a 300 diputaciones federales y 96 senadurías. Todas electas por el principio de representación proporcional, e) Reducir el financiamiento público a partidos políticos a nivel federal. Sólo será para campañas y no para actividades permanentes y, f) Se modifica la definición de propaganda gubernamental, para que el gobierno pueda difundirla durante las campañas. Para ello, se pretende reformar 18 artículos constitucionales y, en teoría, ahorrar mucho dinero para destinarlo a programas sociales.
Más allá de que se trata de una propuesta que deberá ser analizada y discutida en el Congreso de la Unión, vale la pena responder a las siguientes preguntas: ¿Es necesaria? ¿Es oportuna? y, sobre todo, ¿promueve una mejor y más democrática competencia política? Las respuestas a todas las interrogantes son claras: No.
La última reforma constitucional en materia electoral fue la del 2014 y en ella se creó al INE. Desde su existencia, se han organizado 322 elecciones, incluyendo los dos más recientes ejercicios de participación ciudadana (consulta popular y revocación de mandato). El porcentaje de alternancia en las elecciones que ha organizado la autoridad electoral nacional es superior al 60%, lo que significa que existen condiciones para que cada 3 o 6 años, la ciudadanía pueda acudir a la casilla que le corresponde a ejercer su derecho al voto de manera libre.
También es importante señalar que, en 8 años de existencia del INE, ha cambiado el partido político gobernante en la mayoría de los cargos de elección popular y no se han presentado conflictos post-electorales. Estos datos objetivos y comprobables permiten concluir que nuestro sistema electoral funciona y funciona bien. También evidencian que en México no hay fraudes electorales.
Además, hay que destacar que la ciudadanía ha acompañado al INE en las actividades que le corresponde realizar dentro de la organización de un proceso electoral. Ello habla de la confianza que tienen las y los mexicanos en su INE. En la elección de 2021, pese a la existencia de una pandemia a nivel mundial, la participación ciudadana fue la más alta en lo que va del siglo.
En la pasada revocación de mandato y en los 6 procesos electorales locales en marcha, la ciudadanía se ha volcado a participar con el INE en el proceso de integración de casillas. Más del 200% del número requerido por la autoridad electoral ha mostrado su interés de participar.
Además, es importante señalar que en caso de que sea aprobada la reforma, ésta no tendrá un periodo de evaluación y balance en su implementación. Recordemos que el inicio del próximo proceso electoral federal, en el que se elegirá al próximo Presidente de la República, es en septiembre del 2023. Las elecciones que hay antes de esa fecha son en Coahuila y Estado de México, donde se elegirán gubernaturas y cuyo proceso electoral inicia en enero del próximo año. Esto es, habría coincidencia de dichos procesos electorales locales con la elección de consejerías electorales y de magistraturas electorales previstas para febrero de 2023.
De ese tamaño es la falta de certeza que se estaría sembrando nuevamente en nuestra democracia: la refundación del sistema a menos de año y medio del inicio del proceso electoral en que se renovará la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputaciones.
Las reformas en materia electoral son necesarias cuando objetivamente se ha detectado alguna falla y lo que se busca es fortalecer y mejorar el funcionamiento del sistema. En 40 años han sido muchos los avances en nuestro sistema democrático. Esta propuesta, por el contrario, parece llevarnos en sentido contrario.
*Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE
