/ miércoles 14 de agosto de 2019

¿Es necesario financiar a partidos?

Actualmente se está discutiendo la viabilidad de disminuir el financiamiento público a los partidos políticos. El tema requiere de un análisis de fondo y tomar una decisión espontánea podría modificar la geometría electoral y generar consecuencias de resultados inciertos. En la transición mexicana, la oposición de aquellos tiempos propuso el financiamiento público como mecanismo para equilibrar las condiciones de competencia política y constituir la pluralidad política.

La teoría dice que el financiamiento público de los partidos tiene como objeto otorgarle las condiciones mínimas para que estos puedan llevar su oferta política a los electores, cuando son partidos de reciente creación les ayuda en su impulso inicial. Además, evita que los partidos recurran a financiamiento de empresas, que buscan que su contribución sea posteriormente pagada con adjudicación de contratos. En otro extremo, se trata de impedir que partidos busquen el financiamiento de la delincuencia organizada o narcotráfico a cambio de protección. La práctica también indica que los partidos se pueden volver dependientes del Estado, en un esquema de paternalismo donde estén acostumbrados a recibir fuertes cantidades y ellos realicen esfuerzos mínimos en su responsabilidad política. También se ha comprobado que no evita el tráfico de influencias, la corrupción, ni el financiamiento ilegal. Una crítica fuerte se concentra en el hecho que son los ciudadanos que financian a los partidos con sus impuestos y que estos no han demostrado eficiencia, por lo que sería mejor invertir en programas de combate a la pobreza, educación o salud.

En el 2020 los partidos en México recibirán del Estado cinco mil millones de pesos, ello representa el financiamiento público más alto del mundo. Es evidente que no merecen ese apoyo, pero también lo es que existe un riesgo, al menos ahora, disminuirlo. Estamos viviendo una segunda transición democrática que ha invertido las condiciones de competencia política. Hay un partido fuerte que está gobernando, tiene una clara supremacía y las proyecciones indican que seguirá ganando elecciones. En sentido contrario, hay otros partidos que han decaído en su apoyo social y que difícilmente podrán obtener financiamiento privado para competir. Monopolizar el poder no es bueno para la democracia, esta siempre requiere de contrapesos.

Los recursos públicos deben ser bien gastados y bien empleados. Invertir en democracia no debe considerarse un gasto superficial. La propuesta de disminuir al 50% el financiamiento público puede llevar al aniquilamiento de algunos partidos políticos. Muchos dirán que los partidos ya crecieron, son adultos que deben trabajar para sobrevivir. El problema es que podrían caer en un bache mayor, monopolizar el poder político no es sano para la democracia. El ahorro de hoy podría ocasionar un mayor gasto del mañana. Pensar en hacer un esfuerzo financiero no es descabellado en una nueva era de la política mexicana.

Actualmente se está discutiendo la viabilidad de disminuir el financiamiento público a los partidos políticos. El tema requiere de un análisis de fondo y tomar una decisión espontánea podría modificar la geometría electoral y generar consecuencias de resultados inciertos. En la transición mexicana, la oposición de aquellos tiempos propuso el financiamiento público como mecanismo para equilibrar las condiciones de competencia política y constituir la pluralidad política.

La teoría dice que el financiamiento público de los partidos tiene como objeto otorgarle las condiciones mínimas para que estos puedan llevar su oferta política a los electores, cuando son partidos de reciente creación les ayuda en su impulso inicial. Además, evita que los partidos recurran a financiamiento de empresas, que buscan que su contribución sea posteriormente pagada con adjudicación de contratos. En otro extremo, se trata de impedir que partidos busquen el financiamiento de la delincuencia organizada o narcotráfico a cambio de protección. La práctica también indica que los partidos se pueden volver dependientes del Estado, en un esquema de paternalismo donde estén acostumbrados a recibir fuertes cantidades y ellos realicen esfuerzos mínimos en su responsabilidad política. También se ha comprobado que no evita el tráfico de influencias, la corrupción, ni el financiamiento ilegal. Una crítica fuerte se concentra en el hecho que son los ciudadanos que financian a los partidos con sus impuestos y que estos no han demostrado eficiencia, por lo que sería mejor invertir en programas de combate a la pobreza, educación o salud.

En el 2020 los partidos en México recibirán del Estado cinco mil millones de pesos, ello representa el financiamiento público más alto del mundo. Es evidente que no merecen ese apoyo, pero también lo es que existe un riesgo, al menos ahora, disminuirlo. Estamos viviendo una segunda transición democrática que ha invertido las condiciones de competencia política. Hay un partido fuerte que está gobernando, tiene una clara supremacía y las proyecciones indican que seguirá ganando elecciones. En sentido contrario, hay otros partidos que han decaído en su apoyo social y que difícilmente podrán obtener financiamiento privado para competir. Monopolizar el poder no es bueno para la democracia, esta siempre requiere de contrapesos.

Los recursos públicos deben ser bien gastados y bien empleados. Invertir en democracia no debe considerarse un gasto superficial. La propuesta de disminuir al 50% el financiamiento público puede llevar al aniquilamiento de algunos partidos políticos. Muchos dirán que los partidos ya crecieron, son adultos que deben trabajar para sobrevivir. El problema es que podrían caer en un bache mayor, monopolizar el poder político no es sano para la democracia. El ahorro de hoy podría ocasionar un mayor gasto del mañana. Pensar en hacer un esfuerzo financiero no es descabellado en una nueva era de la política mexicana.

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