Por: Martha Tagle
El pasado 20 de septiembre se venció el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio al Congreso de la Unión para hacer las reformas necesarias a la Ley General de Salud y superar el problema planteado en la Declaratoria General de inconstitucionalidad relacionado con la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de marihuana, con el fin de hacer valer derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.
A diferencia de otros plazos que no se cumplen en el Congreso, este incumplimiento nos coloca en la posibilidad de dejar sin efecto los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, un escenario que no le ayuda a nadie pues simplemente no habría ni prohibición, ni regulación de la marihuana.
Que no exista regulación de la marihuana no tiene que ver con la falta de iniciativas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados las hemos presentado en varias ocasiones, las primeras desde 2007 con Elsa Conde y otras diputadas para su uso medicinal, recreativo e industrial. Incluso en la legislatura pasada se aprobó una incipiente regulación para su uso con fines medicinales y terapéuticos. Tampoco se debe a la falta de debate, durante años ha habido múltiples foros, congresos, publicaciones e innumerables reuniones con diversos actores políticos, de uno y otro partido. También ha habido cabildeo y litigio estratégico para que la SCJN se pronunciara.
Lo cierto es que sigue habiendo prejuicios que detienen la regulación de la marihuana y es desde el propio gobierno que se habla de alejar a nuestros jóvenes de las adicciones, con una visión muy chata y estereotipada del tema, pues no advierte que el consumo en si mismo no produce adicción, y en el caso de la marihuana es muy difícil encontrar casos de consumo problemático.
Ahora, ya no es tiempo de consultas o de debates, sino de regular con el parámetro de derechos humanos que ha marcado la Suprema Corte. Eso implica reconocer que las personas tenemos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo acerca de qué tomar, ingerir, qué comer, a quién amar, si queremos o no concebir, cuándo y con quién, en qué creer o no creer, y al Estado le corresponde regular los límites a fin de prevenir y reducir daños sobre nosotros mismos y como sociedad.
Cuando decidir sobre nuestro cuerpo se plantea como un derecho, implica que podemos o no elegir, que no habrá imposiciones, que se puede acceder a el o no, y también que el Estado marcará los límites y sanciones ante su incumplimiento. Por ello, no podemos abdicar en la obligación que el legislativo, como parte del Estado, tiene de regular el uso de la marihuana.
Así pues, lo primero que hay que establecer es que tanto por los estudios con respecto a los efectos que puede tener el consumo de la marihuana en edades tempranas, como la necesidad de una decisión madura, el consumo debe permitirse solo a los adultos. Asimismo, se busca que el consumo sea en espacios reservados para tal fin, prohibir conducir vehículos cuando se ha consumido alcohol y otras drogas como la marihuana. Es necesario legislar también sobre el autocultivo, y por ende sobre su producción. Se deberán impulsar políticas de prevención y reducción de daños, lo que implica además que debe haber información accesible sobre sus riesgos y efectos, pues de lo que se trata es que haya una decisión madura con respecto a las drogas.
