/ miércoles 26 de agosto de 2020

Escazú ya en el Senado

Toda obra de infraestructura y proyectos de inversión generan impactos sociales y ambientales, tanto positivos como negativos, por lo que un adecuado manejo de los mismos a tiempo hace toda la diferencia respecto al beneficio que se espera con dicha obra.


En México se ha tomado conciencia sobre la importancia que tiene la gestión social, principalmente en los sectores más vulnerables, ya que son quienes se han visto como los más afectados en múltiples ocasiones y su confianza en el gobierno y las grandes instituciones ha disminuido como lo demuestra la Encuesta Nacional de Calidad e impacto Gubernamental (ENCIG) donde los partidos políticos, seguido por los legisladores, el gobierno federal y el ministerio público son a quienes menos confianza le tiene la sociedad.


Por lo tanto es fundamental que se impulsen acciones concretas para garantizar la socialización de los proyectos a desarrollar, tales como la consulta pública, la inclusión participativa, los consejos comunitarios. Por señalar los principales insttumentos, que le permiten a las comunidades poder incidir o decidir sobre temas relevantes para el desarrollo de la comunidad.


México ratificó el Convenio 169 de la OIT el 5 de septiembre de 1990. Desde el 28 de enero de 1992 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluyó en su artículo 4º, el reconocimiento al carácter pluricultural de la sociedad mexicana. El 14 de agosto de 2001 tuvo lugar la segunda reforma constitucional en la materia. Se modificó el artículo 2º constitucional para incluir el reconocimiento y la garantía del derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.



Desde el 10 de junio de 2011 se reforma el artículo 1º de la Constitución, que consagra “los derechos humanos y sus garantías” les dio jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, por lo que el Convenio de la OIT, la Convención Americana y otros instrumentos internacionales que protegen la consulta previa pasan a incorporar el bloque de constitucionalidad en México.


El Acuerdo de Escazú Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado por México el 27 de Septiembre de 2018 llegó finalmente el 20 de agosto del año en curso al Senado de la República para su ratificación.


El Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional que reconoce a las personas defensoras de derechos humanos y genera obligaciones específicas para los países firmantes en el sentido de brindar protección a quienes enfrentan riesgos al luchar por la preservación del medio ambiente. También se reafirma el compromiso con los derechos de acceso a la información (décimo principio de la Declaración de Río 2012), a la participación y a la justicia en asuntos relacionados con el medio ambiente con base en el reconocimiento de los principios democráticos fundamentales que guían las acciones de la ONU.


Su principal objetivo es garantizar la implementación, plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso de toda la ciudadanía a la justicia en asuntos ambientales. Las evaluaciones de impacto ambiental cambiarán a raíz de la firma de este Tratado.


Esperemos que los legisladores integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; la de Relaciones Exteriores y la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, ratifiquen el mismo y lo veamos entrar en vigor a la brevedad, ya que será instrumento vinculante en el nuevo momento de desarrollo del país. En horabuena

Toda obra de infraestructura y proyectos de inversión generan impactos sociales y ambientales, tanto positivos como negativos, por lo que un adecuado manejo de los mismos a tiempo hace toda la diferencia respecto al beneficio que se espera con dicha obra.


En México se ha tomado conciencia sobre la importancia que tiene la gestión social, principalmente en los sectores más vulnerables, ya que son quienes se han visto como los más afectados en múltiples ocasiones y su confianza en el gobierno y las grandes instituciones ha disminuido como lo demuestra la Encuesta Nacional de Calidad e impacto Gubernamental (ENCIG) donde los partidos políticos, seguido por los legisladores, el gobierno federal y el ministerio público son a quienes menos confianza le tiene la sociedad.


Por lo tanto es fundamental que se impulsen acciones concretas para garantizar la socialización de los proyectos a desarrollar, tales como la consulta pública, la inclusión participativa, los consejos comunitarios. Por señalar los principales insttumentos, que le permiten a las comunidades poder incidir o decidir sobre temas relevantes para el desarrollo de la comunidad.


México ratificó el Convenio 169 de la OIT el 5 de septiembre de 1990. Desde el 28 de enero de 1992 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluyó en su artículo 4º, el reconocimiento al carácter pluricultural de la sociedad mexicana. El 14 de agosto de 2001 tuvo lugar la segunda reforma constitucional en la materia. Se modificó el artículo 2º constitucional para incluir el reconocimiento y la garantía del derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.



Desde el 10 de junio de 2011 se reforma el artículo 1º de la Constitución, que consagra “los derechos humanos y sus garantías” les dio jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, por lo que el Convenio de la OIT, la Convención Americana y otros instrumentos internacionales que protegen la consulta previa pasan a incorporar el bloque de constitucionalidad en México.


El Acuerdo de Escazú Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado por México el 27 de Septiembre de 2018 llegó finalmente el 20 de agosto del año en curso al Senado de la República para su ratificación.


El Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional que reconoce a las personas defensoras de derechos humanos y genera obligaciones específicas para los países firmantes en el sentido de brindar protección a quienes enfrentan riesgos al luchar por la preservación del medio ambiente. También se reafirma el compromiso con los derechos de acceso a la información (décimo principio de la Declaración de Río 2012), a la participación y a la justicia en asuntos relacionados con el medio ambiente con base en el reconocimiento de los principios democráticos fundamentales que guían las acciones de la ONU.


Su principal objetivo es garantizar la implementación, plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso de toda la ciudadanía a la justicia en asuntos ambientales. Las evaluaciones de impacto ambiental cambiarán a raíz de la firma de este Tratado.


Esperemos que los legisladores integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; la de Relaciones Exteriores y la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, ratifiquen el mismo y lo veamos entrar en vigor a la brevedad, ya que será instrumento vinculante en el nuevo momento de desarrollo del país. En horabuena