El domingo pasado se llevó a cabo el segundo debate presidencial, y desde el horizonte nacional, cada vez se ven más cercanas las elecciones. Mientras tanto, las y los mexicanos siguen muy de cerca la etapa de campañas, mostrando a una ciudadanía comprometida, porque entendemos que es el momento justo para que en todos los rincones del país se desarrolle una discusión nutrida mediante la confrontación de ideas, argumentos y visiones.
Hoy, incluso más allá de los esfuerzos institucionales por confrontar a los candidatos, germinan espacios que protagonizan ciudadanas y ciudadanos quienes discuten la información que les ha dejado este segundo debate: extraen las propuestas que se dieron a conocer para luego reflexionar sobre ellas y compartir entre sus conocidos sus puntos de vista, coincidencias o reservas, con miras a ejercer su voto de manera informada y libre.
Aprovechando este interés que demuestran tener las y los ciudadanos, me parece que es importante traer a colación algunos elementos vitales de la cadena de acciones que el INE ha implementado en el pasado y para este proceso electoral, con el propósito de alentar a que la ciudadanía traslade a las urnas ese fervor cívico que ahora manifiesta.
De entrada, debemos poner sobre la mesa que las elecciones que hoy se realizan no son las de hace 30 años (la posibilidad de alternancia política que se vive en todos los estados de la República mexicana y el incremento del pluralismo político nos dan suficientes pruebas de ello) pues desde 1990 con el nacimiento del otrora IFE, la democracia electoral del país se ha fortalecido a partir de grandes cambios que, de manera paulatina, fueron configurando la sistematización de los procesos electorales; dotaron de autonomía a las autoridades electorales; favorecieron condiciones para que las y los contendientes compitieran de manera real en un escenario donde todas y todos puedan ganar una contienda, y asimismo, hicieron posible que la ciudadanía hoy pueda ejercer sus derechos políticos y electorales más allá del sufragio. A la par, se construyeron candados para cerrar la puerta a irregularidades y a los tan temidos fraudes, con el objeto de tener la certeza de que el resultado de las elecciones no se define por la intromisión de agentes externos, y en cambio, garantizar que la renovación de los poderes públicos se da conforme a lo que se dicta en las urnas.
Para llegar a este punto, al paso del tiempo fuimos implementando una serie de medidas que se fortalecen entre sí como fuertes eslabones de una cadena de confianza, de la que podemos mencionar que sus componentes más emblemáticos y conocidos descansan en un Padrón Electoral cuya base de datos personales es la más grande y más protegida del país; la utilización de la credencial de elector, que hoy en día representa el medio de identificación más seguro para las y los mexicanos; la utilización de tinta indeleble que fabrica el Instituto Politécnico Nacional desde 1994, para evitar que se vote en más de una ocasión, y el diseño de documentos y materiales electorales fabricados con elementos que garantizan su inviolabilidad… Esta cadena, sin embargo, también contempla en sus eslabones la participación de ciudadanas y ciudadanos como actores que permiten que las elecciones sean ejercicios verdaderamente democráticos y confiables.
Entre otras razones porque nuestro sistema electoral condiciona su legitimidad, en gran medida, a través de la participación de ciudadanas y ciudadanos como votantes el día de la jornada electoral; pero también, de manera adicional, como organizadoras y organizadores de las elecciones y como vigilantes de las mismas.
En otras palabras, las y los mexicanos son quienes al final hacen de las elecciones genuinos ejercicios cívicos, desempeñándose como funcionarias y funcionarios de casilla; al decidir ser capacitadoras y capacitadores electorales, supervisoras y supervisores electorales; observadoras y observadores electorales, y si deciden votar el día de la jornada electoral.
Con su voto, y con su participación bajo estos mecanismos, las y los mexicanos se apropian de las elecciones y con ello generan un ancla de certidumbre inmejorable, al permitir que esa participación se convierta en un robusto blindaje para los comicios federales y locales que, en el marco del Proceso Electoral 2017-2018, viviremos en todo el país el 1 de julio.
