El 26 de septiembre de 2008 se publicó en la entonces Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo de creación de la Autoridad del Espacio Público, un órgano desconcentrado de SEDUVI que tenía por objeto atender la gestión integral del mismo, y lamentablemente hablo en pasado porque hace un par de años, se tomó la decisión de extinguirla de un plumazo.
Con esta acción no solo se desconoció todo el trabajo realizado por este ente durante más de una década, sino que ocasionó la desarticulación de las políticas públicas en la materia, pues ahora se ejecutan acciones aisladas, que no tienen pies ni cabeza, y que impactan poco en la visión integral que debiera tener este tema.
Aunque la Constitución de la Ciudad de México fue la primera en todo el país en reconocer el derecho que tienen las personas de usar y disfrutar el espacio público que conforma nuestra capital, acorde con las tendencias internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible dimos un paso firme en la garantía de derechos, a la fecha no hemos logrado concretar otros instrumentos legislativos que reglamenten el texto fundamental y materialicen el objetivo del constituyente.
Desde la legislatura pasada se presentaron iniciativas, se hicieron foros de discusión y mesas de interlocución para concretar las leyes respectivas, no obstante, como ya es costumbre, desde el Gobierno de la Ciudad se minimizaron estos esfuerzos porque el resultado no era el que ellos esperaban.
Este constante bloqueo del tema nos hace pensar que en el Palacio de Gobierno ya se dieron cuenta que el espacio público puede convertirse en una auténtica mina de oro para el gobierno, siempre y cuando, los instrumentos legislativos les favorezcan.
Por ejemplo, hace un par de años se hizo todo lo posible para evitar dar rango de ley a las disposiciones que pretendían normar a las bicicletas y monopatines sin anclaje y terminaron por extinguirlas, por un ánimo recaudatorio; también, en materia de parquímetros, donde el porcentaje del monto recaudado no ha sido colocado en la Ley, sino que se ha quedado reservado en los respectivos títulos de concesión; ni que decir de la propuesta de una línea de cablebús que recorra las 4 secciones del Bosque de Chapultepec. Estos días vimos la propuesta para el paquete económico de un nuevo impuesto que grava su uso y explotación, concepto tan peligrosamente vago que puede generar más problemas que soluciones.
Lo anterior fue objeto de polémica en el Recinto de Donceles cuando públicamente denuncié que no hay facultades para gravar desde el código fiscal local el consumo, tal como se hizo, disfrazado de un aprovechamiento; no obstante no se establecieron mecanismos para que esta contribución no pueda ser trasladada a quienes prestan el servicio o a los usuarios y consumidores finales.
En resumen, no le bastó a la actual administración con desarticular a la Autoridad del Espacio Público y reducir sus actividades a un Consejo Asesor como órgano de consulta permanente, sino que este ente no ha sido considerado en la toma de decisiones y planeación de las intervenciones del espacio público de la ciudad.
