Gran parte del pueblo español se ha volcado a las calles y plazas de las distintas ciudades, vestido de blanco, sin colores ni banderas. Su objetivo: impulsar un diálogo sin condiciones entre el gobierno y la Generalitat catalana. Sus consignas: “Parleu o Dimitiu!”, #Parlem, #Hablemos. Y es que hoy España y Cataluña están viviendo momentos cruciales en los que no solo se decide el futuro de una comunidad sino también el destino de una Nación. ¿Qué hace particularmente complicado al proceso? La lucha entre poderes y la falta auténtica de una voluntad común para ceder respectivamente en las demandas. Éste es el caso, emblemático e ilustrativo, de cómo periódicamente todo orden de gobierno requiere estar abierto y escuchar las distintas voces de su pueblo. De lo contrario, se pone en riesgo la unidad nacional y basta que se encienda una chispa para que tenga lugar una tragedia social.
A cuatro décadas de haber sido aprobada, ratificada y sancionada la Constitución Española de 1978, en la palestra del debate se enfrentan legalidad versus legitimidad. En el artículo 2º del texto supremo se declara la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, pero también se “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”, cuyo ejercicio le permite a las provincias limítrofes “acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas” (artículo 143). Por otra parte, declara: “1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas” (artículo 145) y establece en la primera disposición adicional: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”, cuyo régimen se actualizará “en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”. De ahí la cuestión: ¿es o no legítimo que Cataluña busque su independencia? Evidentemente cada porción étnica de una nación es parte sustantiva de ésta, pero si surge el deseo de escisión, esto es síntoma de que algo no funciona y lo peor que puede suceder es que la fuerza se imponga a la razón de ambas partes. Si no hay voluntad de pertenencia, la unión bajo amago solo augurará mayor violencia. Así lo han entendido la propia Unión Europea y la ONU que han pedido al gobierno conservador de Mariano Rajoy contener su fuerza de reacción y dialogar.
En México lo sabemos y lo hemos vivido no solo al independizamos de la propia España: cuando Texas lo hizo de la República Mexicana, Chiapas dejó la Federación o Yucatán intentó separarse fue porque el gobierno federal no atendió sus demandas, y aunque España es una monarquía formal, de facto es un conglomerado multinacional autonómico y el mayor peligro que hoy enfrenta es que de perder Cataluña, no tardarían otras comunidades, como la de los Países Vascos, en hacer lo propio y convertirse en nuevo ejemplo a seguir en otras partes del mundo. Deshacer un Estado lleva un instante, construir una Nación siglos o milenios. Por eso las propias Cortes españolas tienen el deber de impedir un baño de sangre, máxime si ellas mismas proclamaron su voluntad de garantizar la convivencia democrática, y por eso cobra renovada vigencia el ideario de nuestro legendario Che, asesinado justamente hace 50 años en un día como hoy, cuando sentenció: “O nosotros somos capaces de destruir con argumentos las ideas contrarias, o debemos dejar que se expresen. No es posible destruir ideas por la fuerza, porque esto bloquea cualquier desarrollo libre de la inteligencia… Todos los días la gente se arregla el cabello ¿por qué no el corazón?”. ¡Es impostergable dialogar!
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