El trabajo legislativo que hemos realizado para rescatar y reconstruir al país desde la Cámara de Diputados, inició con la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y permitió dar un viraje radical al Estado al cambiar la concepción que se tenía de la seguridad pública. Con la participación de los militares, garantizamos que se logrará la pacificación del país y poner un alto total a la guerra de exterminio iniciada por Calderón.
Nuestra propuesta de ley normó la actuación de la Guardia Nacional, con pleno respeto a los derechos humanos y al mando civil superior. Hoy tenemos una ley que regula el uso de la fuerza y de las detenciones, para que nunca más haya tortura ni desapariciones forzadas en este país. Además, continuamos con leyes diseñadas para atacar los flujos de recursos económicos de procedencia ilícita: con la ley de extinción de dominio es posible intervenir las cuentas que registren manejo de dinero de procedencia dudosa; se prohibió la fabricación y comercialización de inhibidores de señales, y recientemente se aprobó la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil de carácter biométrico y totalmente seguro.
En el rubro social, el derecho a los programas sociales quedó plasmado en el artículo 4o de la Constitución; de ahora en adelante, la pensión para las personas adultas mayores, con discapacidad, al igual que las becas para los estudiantes, dejarán de ser una concesión graciosa del Ejecutivo en turno para convertirse en un derecho de todos los mexicanos.
Por primera vez se dio trato de delito grave a la corrupción, ya no más derecho a fianzas que por muchos años fomentaron la impunidad. Las modificaciones al artículo 19 eliminaron los mecanismos que facilitaban la corrupción a malos funcionarios; y al expedir la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana se acabaron las “visitas sorpresa” de Hacienda, cuya finalidad no era proteger los derechos de los consumidores, sino extorsionar a la población.
En materia de acceso a la justicia y con el fin de que las personas tengan un acceso rápido y efectivo a la justicia, se reformó el Poder Judicial de la Federación para acabar con el nepotismo. Ahora el ascenso de puestos estará basado en la capacitación y en los méritos propios, y se sentaron las bases para un uso eficiente de los recursos y una mejor distribución de las cargas de trabajo, con lo cual la interpretación de la ley será más rápida y precisa.
También se modificó la Ley Federal del Trabajo, a efecto de eliminar las distorsiones de la representación laboral: no más líderes charros y sindicatos blancos, llegó el momento de democratizar a los sindicatos; los trabajadores podrán elegir de manera libre y secreta a sus representantes. En esta área de lo laboral, se establecieron instancias de conciliación previa para hacer más efectiva la justicia para los trabajadores.
En materia de pensiones, pusimos un límite a las cuotas y aumentamos la aportación patronal, disminuyendo el número de semanas necesarias para tener derecho a una pensión.
En vivienda, se modificó la Ley del Infonavit para que los trabajadores puedan disponer de sus ahorros y del crédito de manera mucho más libre. Ahora los créditos sirven para que los usuarios los utilicen en lo que más necesiten: comprar un terreno o casa usada, construir o remodelar su hogar, es decir, ya no es necesario que compren una casa nueva a una constructora amafiada.
Otro gran logro fue la derogación de la mal llamada reforma educativa, logrando que hoy el eje de la educación sean los alumnos y los buenos maestros.
En el área de salud, se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, haciéndose realidad el derecho de todas y todos a la salud; se incluyó la atención a todas las enfermedades posibles, así como la libre distribución de medicamentos.
Modificamos la Constitución para no permitir nunca más la condonación de impuestos, motivada por complicidades con las grandes empresas y en detrimento de los empresarios y de personas honestas que sí pagamos impuestos.
Desaparecimos los fideicomisos, una forma opaca en el manejo de los recursos públicos, pero con la seguridad de que los apoyos para becas, científicos, artistas, desastres naturales o mujeres víctimas de violencia seguirán otorgándose sin problema alguno.
Expedimos la Ley de Austeridad Republicana, con la cual se hace un uso racional de los recursos en la operación de la administración pública, y para que en lo sucesivo se impidan los lujos groseros por parte de funcionarios, a costa de la miseria del pueblo. Con la Ley de Remuneraciones, dejaron de existir sueldos exagerados como los 700 mil pesos mensuales que en sexenios pasados llegó a ganar el director del Infonavit. Se terminaron las burocracias doradas de inacabado derroche.
Estas son sólo algunas modificaciones legales con las que los diputados de MORENA estamos construyendo un nuevo México. De más cambios, seguiremos aquí informando.
Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena
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