Armando Rodríguez Luna[1]
Es un lugar común señalar que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Reporteros Sin Fronteras (2019) ubica al país en el lugar 144 de 180; advierte que el miedo y la violencia trastocan las actividades cotidianas de quienes ejercen el periodismo, en tanto que la corrupción, la impunidad y la concentración de medios de comunicación son los factores estructurales que vulneran la libertad de expresión.
Por otra parte, el Comité para la Protección de Periodistas (2019) apunta que, de 31 homicidios cometidos contra periodistas debido a su actividad profesional entre 2008 y 2019, las autoridades solamente han logrado una sentencia, lo cual significa que prácticamente existe un 100% de impunidad en este tipo de delitos.
En ese contexto, de acuerdo con datos de la encuesta 2019 del CASEDE, tres de cada cuatro personas periodistas fueron víctimas de algún tipo de agresión en el último año. Lo anterior, además de incrementar la percepción de inseguridad, ha extendido la sensación de abandono entre quienes ejercen la libertad de prensa en México.
Se sienten abandonadas por el Estado, debido a que, en el nivel federal, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no cuenta con las capacidades humanas, presupuestales y normativas para garantizar medidas de protección en zonas urbanas, rurales o serranas del país. De acuerdo con la encuesta del CASEDE, de quienes enfrentaron alguna agresión, solamente el 9% acudieron al Mecanismo, la mayoría recurrió a redes de amistades, familiares o de organizaciones civiles. La desconfianza no es gratuita, porque de acuerdo con datos oficiales, de las 384 personas periodistas que han recibido algún tipo de medida de protección, también ha recibido 476 agresiones, siendo las amenazas y las agresiones físicas las principales.
Esto se explica en primer lugar porque, quienes reciben las agresiones y quienes las cometen coexisten en el mismo espacio geográfico (ciudades, poblados, municipios, comunidades). En segundo lugar, porque en su mayoría, llevan a cabo funciones de gobierno a nivel local (policías de seguridad y ministeriales; militares; alcaldes; etc), por lo tanto, son quienes están a cargo de la implementación o seguimiento de las medidas de protección. En tercer lugar, en ese nivel local no existen capacidades ni voluntad política para mejorar las condiciones de libertad de expresión de acuerdo con la evidencia, la experiencia y las buenas prácticas nacionales o internacionales.
También se sienten abandonados por los medios de comunicación, las empresas para las que trabajan. El sentido de vulnerabilidad se sustenta en la precariedad de los salarios, la falta de contratos y prestaciones sociales, el no contar con los instrumentos necesarios para su labor (cámaras, videocámaras, videograbadoras, celulares, etc). Son muy pocas las empresas de medios que proveen a sus periodistas protocolos de prevención, protección y autoprotección, o bien que les faciliten la asistencia a capacitaciones de este tipo. Asimismo, son pocas las que tienen o promueven el uso de códigos de ética periodística. Los protocolos y los códigos son instrumentos clave para el ejercicio profesional del periodismo en contextos de violencia, corrupción e impunidad.
Es necesario desarrollar esquemas y mecanismos de corresponsabilidad entre el Estado y las empresas de medios de comunicación para fortalecer al periodista y reivindicar la importancia de su función para la libertad de expresión. Asimismo, es necesario focalizar aún más la investigación, el análisis y la incidencia hacia el nivel estatal y municipal para implementar formas de corresponsabilidad también, con actores clave en ese ámbito.
Encuesta 2019 sobre libertad de expresión en México, CASEDE: https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/periodismo-y-libertad-de-expresion/478-encuesta-sobre-seguridad-y-ejercicio-de-la-libertad-de-expresion-en-mexico-comparativo-2018-2019
[1] Director del proyecto sobre Libertad de Expresión en México, CASEDE.
