/ miércoles 9 de septiembre de 2020

Estamos viviendo un cambio de régimen

Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.

- Andrés Manuel López Obrador


En la historia reciente, hemos sido testigos del proceso judicial en contra de varios mandatarios y altos funcionarios de gobiernos alrededor del mundo. En 2007, el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue llevado ante la justicia peruana por su responsabilidad en la comisión de varios delitos que provocaron violaciones graves a derechos humanos durante su gobierno, siendo condenado a 25 años de prisión; condena que fue interrumpida en 2017 luego de que fuera indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero en 2019 regresó a prisión.

En 2015, el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (2012-2015), se vio obligado a renunciar a su mandato, tras ser acusado de liderar la red de corrupción aduanera llamada “La Línea", integrada por funcionarios de su gobierno, ex funcionarios y empresarios; y cuyo negocio se centraba en defraudar al fisco mediante la introducción ilegal de mercancías al país a cambio del pago de sobornos. A la fecha, Pérez Molina permanece en prisión preventiva, al igual que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

En México, el único presidente que hasta ahora ha sido sometido a un proceso judicial es Luis Echeverría (1970-1976). En 2006 fue llevado a juicio político por el delito de genocidio en la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, cuando era secretario de Gobernación, así como la matanza del 10 de junio de 1971, ya como presidente, pero fue exonerado en 2009.

Actualmente el debate sobre el juicio en contra de gobernantes y ex gobernantes ha resonado en el país, debido a los casos de corrupción de varios funcionarios públicos que han enfrentado un proceso penal, están en prisión o se encuentran prófugos de la justicia, como los ex gobernadores Rodrigo Medina, Roberto Sandoval, Andrés Granier, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte; este último recién detenido en Estados Unidos.

Sin embargo, el caso más polémico por la posición que ocupó dentro del sistema político, es la posible implicación de Enrique Peña Nieto en el caso Lozoya, quien ha acusado al ex presidente priista de haber incurrido en el uso de dinero ilícito para financiar su campaña a la presidencia, así como haber ordenado sobornar a varios legisladores para que aprobaran las reformas estructurales.

En este debate aparece la discusión sobre el fuero constitucional y la forma en que lo convirtieron en un mecanismo que ha facilitado la comisión de delitos en impunidad, pervirtiendo su razón de ser como una prerrogativa que se otorga a determinados actores políticos para protegerlos de acusaciones sin fundamento —como el desafuero en contra del presidente López Obrador en 2005, cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal—, así como salvaguardar la división de poderes del Estado.

La semana pasada en la Cámara de Diputados aprobamos una reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución, con la cual se amplió el catálogo de motivos por los cuales el Presidente de la República podrá ser juzgado: además de traición a la patria y delitos graves, podrá ser llevado ante la justicia penal por corrupción, delitos electorales y todo delito por el que cualquier ciudadano puede ser enjuiciado. Lo que coloca al Presidente en el mismo plano de la justicia que a los demás ciudadanos.

La eliminación del fuero constitucional fue una de las principales promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña a la elección del 1° de julio de 2018. De ser aprobada la reforma por el Senado de la República, pasará a formar parte del andamiaje jurídico que se está construyendo para poner fin a la corrupción y la impunidad, a fin de garantizar la oportuna administración de justicia penal en contra de los presidentes que abusen de su poder en detrimento de los intereses del pueblo.

Estamos viviendo un cambio de régimen.

Colofón: En los últimos días se ha estado llevando a cabo un ejercicio ciudadano que busca reunir un millón 800 mil firmas de apoyo, para solicitar al Congreso de la Unión se consulte el pueblo si los ex presidentes deben ser enjuiciados. No cabe duda de que el pueblo está tomando el mando.

Diputada federal por Morena.

@loreniavalles

www.loreniavalles.mx

Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.

- Andrés Manuel López Obrador


En la historia reciente, hemos sido testigos del proceso judicial en contra de varios mandatarios y altos funcionarios de gobiernos alrededor del mundo. En 2007, el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue llevado ante la justicia peruana por su responsabilidad en la comisión de varios delitos que provocaron violaciones graves a derechos humanos durante su gobierno, siendo condenado a 25 años de prisión; condena que fue interrumpida en 2017 luego de que fuera indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero en 2019 regresó a prisión.

En 2015, el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (2012-2015), se vio obligado a renunciar a su mandato, tras ser acusado de liderar la red de corrupción aduanera llamada “La Línea", integrada por funcionarios de su gobierno, ex funcionarios y empresarios; y cuyo negocio se centraba en defraudar al fisco mediante la introducción ilegal de mercancías al país a cambio del pago de sobornos. A la fecha, Pérez Molina permanece en prisión preventiva, al igual que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

En México, el único presidente que hasta ahora ha sido sometido a un proceso judicial es Luis Echeverría (1970-1976). En 2006 fue llevado a juicio político por el delito de genocidio en la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, cuando era secretario de Gobernación, así como la matanza del 10 de junio de 1971, ya como presidente, pero fue exonerado en 2009.

Actualmente el debate sobre el juicio en contra de gobernantes y ex gobernantes ha resonado en el país, debido a los casos de corrupción de varios funcionarios públicos que han enfrentado un proceso penal, están en prisión o se encuentran prófugos de la justicia, como los ex gobernadores Rodrigo Medina, Roberto Sandoval, Andrés Granier, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte; este último recién detenido en Estados Unidos.

Sin embargo, el caso más polémico por la posición que ocupó dentro del sistema político, es la posible implicación de Enrique Peña Nieto en el caso Lozoya, quien ha acusado al ex presidente priista de haber incurrido en el uso de dinero ilícito para financiar su campaña a la presidencia, así como haber ordenado sobornar a varios legisladores para que aprobaran las reformas estructurales.

En este debate aparece la discusión sobre el fuero constitucional y la forma en que lo convirtieron en un mecanismo que ha facilitado la comisión de delitos en impunidad, pervirtiendo su razón de ser como una prerrogativa que se otorga a determinados actores políticos para protegerlos de acusaciones sin fundamento —como el desafuero en contra del presidente López Obrador en 2005, cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal—, así como salvaguardar la división de poderes del Estado.

La semana pasada en la Cámara de Diputados aprobamos una reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución, con la cual se amplió el catálogo de motivos por los cuales el Presidente de la República podrá ser juzgado: además de traición a la patria y delitos graves, podrá ser llevado ante la justicia penal por corrupción, delitos electorales y todo delito por el que cualquier ciudadano puede ser enjuiciado. Lo que coloca al Presidente en el mismo plano de la justicia que a los demás ciudadanos.

La eliminación del fuero constitucional fue una de las principales promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña a la elección del 1° de julio de 2018. De ser aprobada la reforma por el Senado de la República, pasará a formar parte del andamiaje jurídico que se está construyendo para poner fin a la corrupción y la impunidad, a fin de garantizar la oportuna administración de justicia penal en contra de los presidentes que abusen de su poder en detrimento de los intereses del pueblo.

Estamos viviendo un cambio de régimen.

Colofón: En los últimos días se ha estado llevando a cabo un ejercicio ciudadano que busca reunir un millón 800 mil firmas de apoyo, para solicitar al Congreso de la Unión se consulte el pueblo si los ex presidentes deben ser enjuiciados. No cabe duda de que el pueblo está tomando el mando.

Diputada federal por Morena.

@loreniavalles

www.loreniavalles.mx

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