Con la atención pública puesta nuevamente en las estancias infantiles, el recuerdo de la tragedia de la guardería ABC, ha sido recurrente. Sin embargo, más allá de los endebles resultados y el bajo cumplimiento de normatividad por parte de las estancias apoyadas por la extinta Sedesol, hay un complejo entramado de necesidades sobre cuidados que el Estado mexicano desestima sistemáticamente. En el debate, poco se ha escuchado sobre las licencias de maternidad y paternidad, y mucho menos sobre la necesidad de un sistema integral de cuidados.
Como resultado de los informes de las auditorías a las Cuentas Públicas de 2014, 2016 y 2017, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado la precariedad e irregularidades con las que se conducía el programa de estancias infantiles de Sedesol. En algunos casos incluso, hay carencias en varios aspectos tan importantes, como no contar con Registro Federal de Contribuyentes.
En el último análisis de la Cuenta Pública 2017, la ASF señaló “un probable daño o perjuicio” al erario público por más de 67 millones de pesos, de los cuales, más de 37 millones corresponden a falta de evidencia de los depósitos realizados a las beneficiarias del programa en la CDMX. Un año antes en la CP 2016, las anomalías detectadas, y aún siguen pendientes de solventar, alcanzan los 69.4 millones de pesos.
Una de las irregularidades más señaladas en testimoniales, es que estas estancias operaban de la siguiente manera. Un grupo de personas se veía beneficiado por algún funcionario en posibilidades de darles de alta en el programa, en el mejor de los casos, se abrían una serie de estancias en casa particulares pobremente adaptadas para atender a los infantes, para después inflar el padrón de niños inscritos, y así después realizar sobre cobros que muchas veces terminaban también como pagos de sobornos a los funcionarios de Sedesol. En el peor caso, se simulaba la creación de las estancias y se armaban falsos padrones de beneficiarios. Después solo se cobraba por un servicio que nunca se ofrecía.
La medida que pretende orientar a que los beneficiarios finales, sean los que reciban en dinero líquido los apoyos, ha demostrado no ser viable en el pasado a través de muchísimos programas públicos, es urgente encontrar soluciones integrales a esta necesidad.
Hasta hoy, poco se ha hablado de la obligación del Estado de brindar un sistema integral de cuidados como el propuesto por Amalia García para la CDMX. Cerca de 8 de cada 10 personas encargadas del cuidado de infantes, personas con discapacidad o enfermas, y adultos mayores, son mujeres. Con la creciente participación femenina en espacios públicos, el déficit de quienes realicen labores de cuidado debidamente remuneradas, es cada vez mayor, por lo que los programas de estancias infantiles son cruciales en todos los sentidos.
Por el otro lado, está el hecho -en el cual he insistido antes- de que México incumple con el derecho internacional, toda vez que tienen pendiente como parte de la Organización Internacional del Trabajo, adherirse al Convenio 183 de ésta, por el que establece medidas de avanzada como un mínimo de 14 semanas de licencia de maternidad; y el hecho de que la licencias de paternidad son apenas una idea poco firme en las leyes. En países –europeos principalmente- dónde la flexibilidad de estas licencias y su amplitud son mayores a los 18 meses, la tasa de infantes acompañados al menos hasta los 3 años que estén en posibilidad de acceder a un sistema educativo y de cuidados formales alcanza el 92% de los casos.
No sólo es un asunto de combate a la corrupción la justificante para transformar el programa de estancias, es una necesidad que deja ver que son necesarios mejores diagnósticos, y soluciones completas como lo son las reformas en materia de permisos maternos y paternos y un sistema integral de cuidados a nivel nacional, que en lugar de enviar recursos a las manos de las personas, dé resultados y cambie sustancialmente varios aspectos, como su calidad de vida.
@ClaudiaCorichi
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