Ineludible: una mujer que finalmente decide salir huyendo de su hogar con lo que trae puesto hacia un refugio, lo hace porque sabe que en la próxima golpiza puede morir asesinada.
La violencia contra las mujeres se perpetra en el ámbito público y el privado. Se concreta bajo modalidades en el ámbito familiar, en los ámbitos laboral, docente, en la comunidad, desde las instituciones. La Ley de acceso a una vida libre de violencia define la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género y se conforma por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en la privación de la vida y otras formas de violencia contra las mujeres. El homicidio de mujeres se conoce como feminicidio y está sancionado en los códigos penales federal y locales.
El Estado al dejar de apoyar los refugios que hoy resguardan a mujeres que han huido para salvar sus vidas, incurre en impunidad, características del feminicidio.
La violencia que sufren las mujeres es permisible en sociedades que siguen perpetuando el pensamiento de que son inferiores y las consideran no como sujetas de derechos, sino como objetos sexuales, y desde esa cosificación los hombres que se relacionan con ellas, las consideran de su propiedad.
El control que ejercen sobre ellas se expresa en no reconocerles su opinión; en amenazas, hostigamiento, acoso, maltrato público y privado, crueldad; denigración; insultos; descalificaciones; a nivel personal sufren relaciones sexuales obligadas y sin consentimiento, supervisión de sus salidas de casa o retrasos; celotipia; violencia física de diversa índole por parte de sus parejas o exparejas.
La violencia familiar causa estragos de gran impacto a las mujeres que lo sufren y a sus hijas e hijos. La Red Nacional de Refugios que aglutina refugios desde la sociedad civil informa que cada día asesinan a siete mujeres en el país. Miles de víctimas sobrevivientes pueden contarlo porque han recurrido a apoyos de diversa índole. Por desgracia muchas mujeres no pueden ser protegidas por sus familiares o no tienen condiciones por sí mismas para alejarse de su violentador. Por eso recurren a los centros de justicia para mujeres y a los refugios que se han construido desde las organizaciones de la sociedad civil con recursos de nuestros impuestos a través del erario público y el privado. Como es insuficiente el apoyo privado, se han venido etiquetando recursos públicos para su funcionamiento que es gratuito y les otorga un apoyo especializado e integral.
Reitero: ir a un refugio es el último recurso de una mujer violentada que decide salir de ese marasmo de golpizas, atroz. Reitero las leyes se deben aplicar para garantizar la prevención y sanción de la violencia de género contra mujeres y niñas, las y los funcionarios deben cumplir con estas leyes para que haya cero tolerancia a comportamientos machistas. Señalamos contundentemente: las mujeres perseguidas sólo tienen un recurso: salir huyendo a un refugio anónimo, a veces fuera de su localidad.
Prevengamos se deje en el ostracismo letal a mujeres que deciden buscar dónde resguardarse; impidamos el insulto de querer dar una dádiva en vez de mantener el trabajo indispensable de los refugios que hoy funcionan: por la vida y la libertad de las mujeres.
