Por Alejandro Espinosa Granados
Esta semana se aprobará en la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Ya el proyecto de presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda, permite avizorar las prioridades del gobierno en materia de gasto, y entre las cuales, lastimosamente, no está la seguridad.
Se prevé la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), liquidando una de las principales fuentes para el financiamiento de policías locales. Además, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), sufrirán recortes del 0.1% y 4.6%, respectivamente. Estos recortes tendrán consecuencias funestas, pues no se podrá invertir en la capacitación y equipamiento de los policías, ni en mejorar sus salarios ni sus prestaciones sociales. Claramente, continúa la estrategia de centralizar el gasto en seguridad, estrangulando presupuestalmente a estados y municipios.
Desde el año 2016 los recursos FORTASEG son entregados a cerca de 300 municipios, y se utilizan en seis programas prioritarios: desarrollo y certificación policial, sistema de justicia penal, infraestructura y equipamiento, Sistema Nacional de Información, 911 y prevención social. Todos estos programas se encuentran en riesgo de inoperancia con los recortes propuestos por el Ejecutivo.
En contraste, el proyecto militarista del presidente tiene un fuerte respaldo presupuestal: la Secretaría de la Defensa Nacional recibirá un aumento del 16% y la Secretaría de Marina del 2%. Por su parte, la Guardia Nacional, recibirá $35,671 millones de pesos, lo que representa un aumento del 18%.
Si bien, aún no conocemos los ajustes finales al presupuesto, no se prevé que éste sufra modificaciones relevantes, en lo tocante a seguridad. La insensibilidad de los diputados del partido en el gobierno, y los razonamientos cortoplacistas, con la finalidad de afianzar un proyecto político terminarán destruyendo las, ya escasas, capacidades institucionales de estados y municipios para combatir al crimen.
La composición actual del Congreso, no permite que existan contrapesos capaces de corregir la limitada visión del gobierno federal en materia de seguridad: militarizar al país. Debemos ser conscientes de ello rumbo a las próximas elecciones legislativas de 2021.
