Las relaciones México-Estados Unidos nunca han sido de lo mejor, aunque en ocasiones sean de aparente respeto entre sus gobernantes, pero es frecuente que el habitante de la Casa Blanca en turno, busque el sometimiento de Palacio Nacional.
Mucho se menciona aquella frase de “pobre México, tan lejos de dios y tan cerca de los Estados Unidos”, atribuida al expresidente Porfirio Díaz, y que durante el periodo 1976-2000 del régimen priista y de la “decena trágica” panista (2000-2012), parecía confirmarse una a una sus palabras.
El intervencionismo estadounidense a través, no sólo de sus grandes trasnacionales que provocan la quiebra de los pequeños comercios del país donde se instalan, sino del financiamiento a organizaciones civiles, grupos guerrilleros, movimientos civiles y otros más que operan desde la clandestinidad, ha sido una constante del expansionismo rapaz estadounidense.
Siempre fue un secreto a voces que Washington entrega millones de dólares a grupos mexicanos de diversos ámbitos, incluido el gobierno nacional al través de acuerdos como el nefasto “Plan Mérida”, que eran recursos para supuestamente combatir la inseguridad y el narcotráfico.
Con la llegada de AMLO a la Presidencia de la República, ese rumor de la entrega de elevadas sumas de dólares, fue confirmado desde Palacio Nacional. Empero, sin presentar ni una sola prueba, por lo cual la acusación resulta grave.
Si bien es importante evitar que otros países intervengan en asuntos transfronterizos, también lo es que se exhiban pruebas sin violar el secreto bancario, como según abogados especialistas, lo hizo el propio Presidente cuando mostró documentos de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (que por cierto, es verdad que está plagada de personas de dudosa reputación).
Durante décadas, hubo partidos políticos, organizaciones civiles y otros grupos de choque dedicados a vivir de recursos que obtenían de manera ilícita y pocas ocasiones representaban al pueblo, las víctimas o los desposeídos, esos miles de pesos iban a sus cuentas bancarias personales.
En su afán de respaldar sus acusaciones, el presidente López Obrador envió una carta diplomática al gobierno de Joe Biden para “solicitarle” que dejará de entregar recursos a organizaciones mexicanas opositoras al gobierno, como si ser opositor fuera un delito. Lo es cuando se opera desde la clandestinidad.
Empero, arrogantes como siempre, los funcionarios de la Casa Blanca parecían haber ignorado la petición de AMLO, hasta el pasado jueves cuando se hizo público el memorándum sobre el Establecimiento de la Lucha contra la Corrupción como un Interés Fundamental para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, en el que, sin mencionar la petición del Presidente mexicano, se informó la importancia de:
“Apoyar y fortalecer la capacidad de la sociedad civil, los medios de comunicación y otros agentes de supervisión y rendición de cuentas para realizar investigaciones y análisis sobre las tendencias de corrupción…”.
Incluso, Biden ordena a su administración “modernizar, aumentar, coordinar y proporcionar” más recursos para los departamentos considerados “clave” en la entrega de ese dinero a organismos de otros países.
De tal manera que, sin señalarlo de manera directa, Joe Biden le respondió a López Obrador, no sólo que no frenará la entrega de recursos a organismos civiles que dicen combatir la corrupción, por muy cuestionable que sea su labor, sino que reforzará la ayuda.
El próximo martes, visitará México la vicepresidenta Kamala Harris, y seguramente el presidente López Obrador (quien ha dado muestra de no mezclar asuntos diplomáticos) no comentará nada del asunto y sólo se enfocará a los temas como inmigración, que es algo que importa sobremanera a los estadounidenses.
Así, una vez más, ellos impondrán su agenda.
Como se recordará, durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) a Enrique Peña Nieto (2012-2018) era común enterarnos de lo que ocurría en el país al través de la prensa estadounidense; los tratados comerciales eran más ventajosos para los vecinos del norte y cualquier queja era sometida a organismos internacionales patrocinados por las barras y las estrellas.
Incluso, el candidato ganador mexicano debía viajar a Washington a presentarse antes de rendir protesta, para recibir el “visto bueno” del “Tío Sam”. En caso de no hacerlo se corría el riesgo de que los gringos provocaran una crisis económica o un conflicto social.
En este siglo, el sometimiento más álgido se vivió con Vicente Fox, el panista que trabajó en la Coca Cola y engañó al pueblo ofreciendo un cambio que nunca llegó y ni siquiera inició.
Cuando el “amigo” George W. Bush (uno de los peores presidentes que hayan tenido los estadounidenses) vino a México, Fox gastó millones en la remodelación de su rancho en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y en tratarlo como el gran monarca, que nunca fue ninguno de los dos. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no fueron la excepción con sus respectivos homólogos.
La característica constante fue el sometimiento de México ante Estados Unidos, esa es una realidad innegable.
Cuando estaba por terminar el gobierno de Peña Nieto, abril de 2017, se suscitó un conflicto con el entonces presidente Donald Trump quien buscó cualquier excusa para acabar con el TLC y negociar uno nuevo que terminó siendo “la misma gata nada más que revolcada”.
Un año después, el equipo del entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador negoció el acuerdo comercial y “sometió” al desequilibrado Donald Trump, lo que le valió el reconocimiento de la diplomacia internacional.
Entre aciertos y errores, el presidente López Obrador trata de lidiar con el incómodo vecino, que siempre buscará entrometerse en asuntos que le son ajenos.
Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com
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