La pandemia del COVID-19 ha separado aún más la realidad desgarradora que enfrentan miles de personas de otra realidad ficticia en la que habita la clase política donde hay un éxito rotundo respecto al manejo y combate de la crisis sanitaria. Los discursos políticos ilusorios no han encontraron sustento, por ejemplo, en la insuficiencia de camas y equipos en los hospitales, en los testimonios del personal de salud que está agotado y sobrepasado, ni en sus propias cifras.
Inevitablemente, el sector salud ha sido el foco principal en esta pandemia. El diálogo entre medios de comunicación, ciudadanía y autoridades se ha centrado en los datos sobre contagios y fallecimientos, la situación y ocupación hospitalaria, y ahora, en el programa de vacunación. Intencionalmente -o no-, otros sectores que también permanecen en la primera línea de combate han sido olvidados y relegados del reconocimiento y la protección gubernamental. Esta situación ha sido particularmente evidente en todas las policías del país.
El abandono histórico de estas corporaciones derivó, inevitablemente, en que no estuvieran preparadas para hacerle frente a la pandemia. Durante el año pasado, elementos exigieron materiales de protección, pruebas para detectar COVID-19, y seguros que cubrieran los gastos en casos de contagio y fallecimiento. Así lo manifestaron policías de Naucalpan que pedían seguros de vida y equipamiento de protección porque trabajaban en zonas de alto riesgo, argumentando que solo recibían un cubrebocas. También policías estatales de Puebla que cumplían jornadas laborales de más de 24 horas con un cubrebocas desechable y un par de guantes de baja calidad; corporación en la que también se documentó la falta de agua y jabón dentro de sus instalaciones. O bien, integrantes de la policía municipal de Oaxaca que solicitaban la aplicación de pruebas después del fallecimiento de cuatro compañeros.
En respuesta a esta problemática, el gobierno federal autorizó que los estados y municipios utilizaran los fondos de seguridad existentes para comprar insumos médicos y equipamiento de protección. Dichos recursos no solo son insuficientes (incluso para su propósito inicial), tampoco les llegan a todas las policías del país. Además, en el colmo de la insensatez, unos meses después eliminaron uno de estos dos fondos: debut y despedida del irrisorio apoyo gubernamental.
Recientemente inició el proceso de vacunación en el país. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, refirió en septiembre del año pasado que el plan preliminar contemplaba como grupos prioritarios a aquellos que cumplían funciones de alto contacto con la población, como el personal médico y las policías. Sin embargo, en la presentación del plan ya no se incluyeron estas últimas. De nuevo, las palabras no encontraron un sustento. Ante esto, autoridades de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco y Michoacán han exigido que las policías sean parte de los grupos prioritarios de vacunación. Incluso, el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública hizo una petición al Consejo de Salubridad para que las policías reciban la vacuna después del personal médico. Sin embargo, a la fecha no se han incluido.
En la realidad ficticia de nuestra clase política no sobran los auto elogios y las felicitaciones por conseguir las vacunas, como si esto compensara de alguna manera la catástrofe humana e institucional que subsiste en paralelo. Además, se regocijan con un plan de vacunación universal: para todos, ricos y pobres. Sin embargo, cuando se trata de equipar y proteger a las policías, o priorizarlas en el programa de vacunación, voltean para otro lado. Tal vez no les dan las cuentas para cubrir a todos los sectores y, aferrados a la ilusión del éxito, prefieren olvidarlos.
David Blanc, consultor independiente. Twitter: @ddblanc
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