Cuando nos referimos al papel de la mujer en la sociedad mexicana, estamos acostumbrados a darle un valor en función de un rol cultural que se les ha asignado como cuidadoras de familia, amas de casa o, habrá que decirlo, en un papel secundario frente a sus pares masculinos
Muy, pero muy lejos de ello, debemos reconocer el papel fundamental en todos y cada uno de los espacios sociales, en donde a pesar de la opresión directa o indirecta, las mujeres hemos reclamado posiciones que nos corresponden por la simple y sencilla razón de tener el derecho a las mismas oportunidades que tienen nuestros pares masculinos.
En ese arrebato de deseo por salir de ese lugar secundario que nos han endilgado, lejos de encontrar un apoyo institucional serio, se cuentan a raudales los feminicidios a manos de parejas, amigos, familiares y demás personas que ven en el género femenino un enemigo, como si la lucha se dirigiera en contra de ellos y no con ellos.
El avance, hay que decirlo, ha sido muy lento y magro, porque aún falta ocupar un lugar preponderante en la economía, en la política y en otros ámbitos, sin que se nos acuse de incapaces o se nos den más cargas que cualquier otra persona no asume. Pero ese avance que, aunque lento, es sustancial, se ha visto frenado en los últimos años por una administración ciega, sorda y muda ante problemáticas de violencia profunda en contra de las mujeres.
Desde el presupuesto para 2020 se eliminaron 20 programas que tenían como beneficiarias directas a las mujeres, propiciando que su crecimiento personal pasara a segundo plano. Este recorte se profundizó cuando observamos que, en un país donde la violencia reina en casi cada rincón, se eliminó el presupuesto para los refugios de mujeres que sufren de violencia.
Ello, con la decisión a mediados del año pasado para reducir en un 70 por ciento el presupuesto para INMUJERES sólo es muestra del desdén institucional por la lucha feminista que, además de todo, aún con la pandemia veía día con día cómo desaparecían mujeres para encontrarlas semanas después, no por las autoridades sino por organizaciones de la sociedad civil, sin vida. Momentos que traducidas en números llevó que en 2020, uno especial en que la movilidad no era la misma, se registrara un aumento del 27.4 por ciento de la violencia de género en nuestro país.
De la violencia política ni hablar. A pesar de las múltiples advertencias, campañas, marchas, enojo y cifras, se siguen viviendo episodios de violencia por parte de miembros del Congreso, de la Administración Pública Federal y del Poder Judicial, lo cual se ha replicado a niveles locales con frases, omisiones o acciones que lastiman seriamente la lucha feminista y las mujeres en particular.
El proceso que habíamos vivido, que propugnaba por un cambio primero institucional para pasarlo a lo social, se ha detenido por decisiones anquilosadas, por el miedo a perder privilegios y por la amenaza que representamos las mujeres más preparadas, más capaces, más resilientes y que en un tiempo oscuro para el planeta, supimos sacar adelante a nuestras familias con dignidad y trabajo. Necesitamos que no sólo se mantenga el camino trazado, sino que se potencia y que todos los esfuerzos institucionales apuesten por protegernos y darnos mejores y más igualitarias condiciones de vida.
