Por María Fernanda Ballesteros
A pesar de los llamados a la cordura en materia medioambiental, económica y de seguridad energética que varios ciudadanos hicimos en el Parlamento abierto ante los diputados, la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) fue aprobada por ambas cámaras. En la de Senadores pasó fast track, sin discusión.
Habrá, seguramente, muchas acciones legales en contra de esta reforma. Como pasó tras la emisión de la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener), se presentarán amparos por parte de entes privados directamente afectados y con certeza también de organizaciones ambientalistas. Dadas las graves consecuencias y clara inconstitucionalidad de esta reforma, es necesario que los contrapesos del Estado presenten algún otro medio de control, ya sea una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver.
Ojalá que estas acciones legales se concreten y que sean exitosas, pero, por desgracia, si el Gobierno sigue convencido de que el camino que ha marcado desde la Política de Confiabilidad y ahora en la LIE es el apropiado, lo que vislumbramos es la eventual discusión de una reforma constitucional. ¿Cómo logramos convencer a los tomadores de decisión de la necesidad de emprender una política compatible con la transición energética? ¿Cómo mostrar la importancia de alinearnos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que apuntan a garantizar el acceso a energía sostenible y a aumentar la proporción de energías renovables?
La presión externa e internacional sin duda es una vía. El principal tema dentro de la agenda del presidente de Estados Unidos, nuestro principal aliado comercial, es precisamente el cambio climático. En su primer mes de mandato Biden ‘regresó’ al Acuerdo de París, canceló el oleoducto Keystone, que iría de Canadá a USA, y emitió un Plan Verde de Recuperación Económica.
No lo duden: esta agenda también incluirá la búsqueda activa de que los países firmantes cumplan con el Acuerdo de París. Recordemos que México se comprometió a generar el 35% de su energía con tecnologías limpias para 2024. No sería extraño que, como la Unión Europea está por decidirse a hacer, los Estados Unidos introduzcan aranceles compensatorios de carbono.
En esta semana se dio el primer encuentro entre Biden y López Obrador, y uno de los tres puntos de acuerdo es la cooperación bilateral contra el cambio climático y la promoción de la eficiencia energética. Visto lo ocurrido en la discusión de la reforma a la LIE, que alguien me explique: ¿cómo piensa el Gobierno impulsar estos temas? ¿Con el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, que permite el uso combustible alto en azufre hasta 2024? ¿O con el Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad, que establece que invertirá en tecnologías renovables... después de 2027?
Entonces, señor presidente, me encantaría escuchar cuál es su plan para impulsar el punto de cooperación que acaba de acordar con el presidente Biden. En serio: yo en ese camino sí lo acompaño. Pero si, por el contrario, sólo son palabras y continúa con su idea de poner pausa a la agenda de cambio climático y transición energética, la pregunta más bien es para la ciudadanía y nuestras instituciones: ¿dejaremos que lo haga?
No esperemos a ver si las presiones internacionales logran algo. Nosotros, nuestros hijos, todos los mexicanos, somos los afectados. Tenemos que exigir que vean por nuestro bienestar o, de lo contrario, nos veremos en las urnas. Que se oiga el mensaje, fuerte y claro: necesitamos una política energética que nos dirija al desarrollo sostenible.
Coordinadora del programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa.
