Se puede constatar con extrañeza y desconcierto que hasta mentes lúcidas, sensatas y por lo general equilibradas, como la de la Dra. Ana Laura Magaloni Kerpel y del Dr. Carlos Elizondo Mayer-Serra, han expresado despropósitos como el de pretender que se exonere de cualquier investigación a Ricardo Anaya Cortés por el relevante hecho de figurar como uno de los candidatos presidenciales con reales posibilidades de triunfo.
Se está en completo acuerdo cuando los entusiastas defensores del candidato panista hacen referencia al injustificable contrate entre la prioridad que se viene dando a la investigación delictiva del caso Anaya, frente al relegamiento que se les concede a casos tan relevantes de posible corrupción como el de Emilio Lozoya con Odebrecht o el de Rosario Robles con los desvíos que le imputara recientemente la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Pero de ahí a escandalizarse y rasgarse las vestiduras porque se investiga un caso de corrupción en el que han salido a flote evidentes indicios de lavado de dinero y de ilícitos que pudieran estar vinculados con enriquecimiento inexplicable de un servidor público, y sugerir que debieran ignorarse tales hechos porque ese importante actor político se propone alcanzar la presidencia de la República, resulta aberrante, pero ha sido exigido en formareiterada, también por mentes no tan lúcidas ni tan sensatas.
Se profieren juicios que nos alejan de la más elemental racionalidad, cuando se llega a sostener afirmaciones arguyendo que investigar posibles actos delictivos del candidato panista “afectan el corazón de la legitimidad del proceso electoral”, como si participar en unos comicios políticos brindara una suerte de impunidad e inmunidad contra sanciones penales, cuando en todas las latitudes del planeta los candidatos a puestos de tanta trascendencia como la presidencia de una república no estuvieran sujetos a los más escrupulosos escrutinios, buscando sacar a la luz sus más escondidas acciones condenables o deficiencias personales.
Es de máxima importancia que los electores se informen y conozcan virtudes pero también defectos y debilidades de los aspirantes a dirigir un país. Escoger a un adecuado mandatario en gran medida depende de ese imperativo de transparentar personalidades y realidades. Es pues por completo injustificable e irracional el que se pretenda eximir a Anaya de investigaciones que descubran delitos en los que pudo haber incurrido, pero también es absolutamente condenable el que en casos que pueden afectar a personajes del grupo gobernante no se les imprima equivalente prioridad.
Se debiera además tener en consideración el hecho de que se trata de un caso en el cual los indicios o pruebas de comisión de actos delictivos por parte de Ricardo Anaya están siendo basadas en hechos concretos y verificables. Si bien algunas de esas pruebas provienen de testigos protegidos, esta vez no se trata de simples declaraciones, sino de aportación de elementos significativos, de datos concretos sobre transferencias financieras y nombres de empresas y personas beneficiarias por parte de actores que estuvieron directamente involucrados manipulando las transacciones ilícitas. Todo verificable y fácilmente desvirtuable si acaso se tratara de falsedades.
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