/ martes 18 de agosto de 2020

Expresidentes turbios

Afinidad en las simulaciones, hierros, desaciertos y omisiones en Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Y ante todo, la corrupción fue la identidad sexenal hasta las más altas esferas del poder.

Ahí está la trama Odebrecht. Ahí están Genaro García Luna y Emilio Lozoya Austin. Ambos personajes fueron cercanos a los exmandatarios. Ambos, estuvieron en puestos claves donde la lógica nos indica que existió omisión o contubernio. No es creíble que los expresidentes desconocieran las andanzas de estos personajes que hoy enfrentan la justicia.

La corrupción implica la configuración de diversos delitos, como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, extorsión, soborno, peculado, cohecho, malversación, desvío de fondos públicos, fraude. En suma, ilícitos que han derivado en un daño al patrimonio de interés público o nacional. De ahí la importancia de realizar una investigación exhaustiva hasta conocer cuál fue la responsabilidad de los exmandatarios.

Por lo pronto, Felipe Calderón se encuentra iracundo por las declaraciones del presidente Andrés Manuel, al calificar su sexenio de “narcoestado”. Además, se le debe procesar por los delitos de traición a la patria, conspiración, sedición y rebelión contenidos en el Código Penal Federal, al sugerir una insurrección armada en contra del gobierno de López Obrador.

En el caso de Peña Nieto y Luis Videgaray, tras las severas imputaciones y lo que pueda revelarse a futuro, la Fiscalía General de la República tiene la obligación de integran una carpeta de investigación que sea sólida y apegada a derecho, para que no existan fisuras o se vulnere el debido proceso.

El reconocido académico e investigador Edgardo Buscaglia sostiene que “nunca existe corrupción pública sin corrupción privada. Ambas se retroalimentan”.

Para que México logre combatir de manera eficaz este fenómeno, Buscaglia sugiere robustecer el marco jurídico para que las personas morales dejen de ser intocables. Una verdadera autonomía en los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y no depender de ninguna presión política. Eficaces controles administrativos para la creación del servicio de carrera y profesional para evitar el nepotismo y el clientelismo.

De igual manera, crear mecanismos eficientes de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo para monitorear al Estado mexicano. Fiscalización y transparencia en el uso de recursos destinado a instituciones que combatan la corrupción.

Andrés Manuel López Obrador pide que los expresidentes sean llamados a declarar ante la justicia. Evidentemente, el reclamo de un pueblo agraviado.

Afinidad en las simulaciones, hierros, desaciertos y omisiones en Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Y ante todo, la corrupción fue la identidad sexenal hasta las más altas esferas del poder.

Ahí está la trama Odebrecht. Ahí están Genaro García Luna y Emilio Lozoya Austin. Ambos personajes fueron cercanos a los exmandatarios. Ambos, estuvieron en puestos claves donde la lógica nos indica que existió omisión o contubernio. No es creíble que los expresidentes desconocieran las andanzas de estos personajes que hoy enfrentan la justicia.

La corrupción implica la configuración de diversos delitos, como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, extorsión, soborno, peculado, cohecho, malversación, desvío de fondos públicos, fraude. En suma, ilícitos que han derivado en un daño al patrimonio de interés público o nacional. De ahí la importancia de realizar una investigación exhaustiva hasta conocer cuál fue la responsabilidad de los exmandatarios.

Por lo pronto, Felipe Calderón se encuentra iracundo por las declaraciones del presidente Andrés Manuel, al calificar su sexenio de “narcoestado”. Además, se le debe procesar por los delitos de traición a la patria, conspiración, sedición y rebelión contenidos en el Código Penal Federal, al sugerir una insurrección armada en contra del gobierno de López Obrador.

En el caso de Peña Nieto y Luis Videgaray, tras las severas imputaciones y lo que pueda revelarse a futuro, la Fiscalía General de la República tiene la obligación de integran una carpeta de investigación que sea sólida y apegada a derecho, para que no existan fisuras o se vulnere el debido proceso.

El reconocido académico e investigador Edgardo Buscaglia sostiene que “nunca existe corrupción pública sin corrupción privada. Ambas se retroalimentan”.

Para que México logre combatir de manera eficaz este fenómeno, Buscaglia sugiere robustecer el marco jurídico para que las personas morales dejen de ser intocables. Una verdadera autonomía en los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y no depender de ninguna presión política. Eficaces controles administrativos para la creación del servicio de carrera y profesional para evitar el nepotismo y el clientelismo.

De igual manera, crear mecanismos eficientes de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo para monitorear al Estado mexicano. Fiscalización y transparencia en el uso de recursos destinado a instituciones que combatan la corrupción.

Andrés Manuel López Obrador pide que los expresidentes sean llamados a declarar ante la justicia. Evidentemente, el reclamo de un pueblo agraviado.