Ante la ausencia de políticas públicas integrales para su atención, el cobro por derecho de piso y otras modalidades de extorsión se han incrementado de manera permanente durante la última década, hasta ubicarse en los primeros lugares de incidencia delictiva en el país.
Durante los últimos años se han recogido incontables testimonios que dan cuenta de los chantajes, amenazas, despojos, pagos de rentas forzosas y explotación que padecen taxistas, tianguistas, transportistas, vendedores ambulantes, albañiles; establecimientos comerciales de los más variados giros y tamaños; medianos y grandes empresarios, industriales y grandes agricultores que, de acuerdo con datos dados a conocer en 2020 por el Consejo Nacional de Seguridad Privada, producen ganancias de hasta 12 mil millones de pesos anuales a los delincuentes.
Situación que afecta los ingresos de miles de trabajadores y el desempeño económico de amplios sectores estratégicos en el país; inhiben las inversiones, reducen la generación de empleos y encarecen los precios de los productos que abastecen los mercados locales y el nacional.
Las evidencias comprueban que el crimen organizado tiene una gran participación en esta modalidad delictiva, al contar con amplias estructuras operativas y contar con presencia territorial en un importante número de municipios del país, pero no toda es de su dominio. A ella se suman organizaciones locales que se desprendieron de los grandes grupos delictivos, extorsionadores extranjeros avecindados en el país, como los conocidos goteros colombianos, y delincuentes en prisión que actúan desde los centros de reclusión.
Haciendo evidente que este problema demanda estrategias de solución urgentes. Algunas de esas soluciones ya se han ensayado, produciendo resultados esperanzadores, como es:
El uso de la app contra extorsiones telefónicas, utilizada en la CDMX, Tampico y Quintana Roo, para bloquear números desde los cuales se ha intentado o consumado este delito.
La integración de una base nacional de números telefónicos para rastrear, identificar y neutralizar los aparatos que se utilizan para extorsionar e identificar las cuentas bancarias usadas para cobrar los fraudes;
No obstante los esfuerzos desplegados, dichos delitos siguen incrementándose y dejan en claro que falta mucho por hacer para lograr que se erradiquen de la realidad nacional.
Por lo que debemos apostar por promover la creación de un modelo nacional de combate a este ilícito, coordinado por el gobierno federal y con la participación de todos los estados, a partir de la recuperación de experiencias exitosas que han probado su eficacia, como en su momento se realizó con la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro y la instalación, a nivel nacional, de las Unidades Especializadas contra el Secuestro.
Al igual que algunas organizaciones amigas, México SOS participó la instrumentación de dicha estrategia, comprobando que con el trabajo corresponsable de las organizaciones de la sociedad civil y los tres órdenes de gobierno, es posible enfrentar los delitos de alto impacto que aquejan al país.
Por tal motivo, nos sumamos a la iniciativa presentada por el secretario de Gobernación, en junio pasado, para la creación de la comisión antiextorsión y ponemos a disposición nuestra experiencia como organización para impulsar un diálogo amplio con las organizaciones de la sociedad civil que contribuya a la concreción de dicha iniciativa y erradicar, en el corto plazo, este cáncer que afecta a nuestra sociedad.
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