Los recientes hechos por los que la Procuraduría General de la República ha emprendido una cacería en contra del candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, han develado una estrategia de crispación que presumiblemente tiene su génesis en Los Pinos. Ante esta inusual faceta de la PGR, que contrasta con su poca efectividad para brindar justicia, la idea de que el proceso electoral 2018 se vuelva cada vez más complejo, resulta cada vez más presente.
José María Maravall, catedrático español que ha retratado este fenómeno a través de varias obras, replantea el concepto de “judicializar la política”, yendo hasta el terreno en el que hoy se ha plantado la PGR al buscar hasta por debajo de las piedras y bajo un complejo paranoico verdades poco creíbles a la vista de la misma ciudadanía. Pretender perjudicar una alternativa política a través de un proceso judicial, lo que único que ha hecho, es traer a nuestras mentes, el recuerdo de ese PRI autoritario, represivo y ciertamente rancio a estas alturas de la historia.
¿A qué me refiero cuando hablo de una inusual faceta?, bueno pues a que la impunidad ha sido el sello distintivo de la PGR en los últimos años, en dónde el 97 por ciento de los delitos prevalece en completa impunidad. A las cifras me remito, la Auditoria Superior de la Federación, derivado de su revisión a la Cuenta Pública 2016, plantea que la PGR logró apenas se sentenciaran tres de cada 100 averiguaciones por delitos financieros en concreto, mientras que devolvió 57 de cada 100 de estos casos a los jueces.
Esto, a pesar de que en México se lavan alrededor de 10 mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6 por ciento del PIB del país, y exhibiendo así la ineptitud, y la falta de voluntad de la PGR para perseguir y castigar estos delitos.
Acéfala, sin credibilidad, sin resultados, sin sentencias, sin justicia, sin sentido, así se ha entendido la labor de esta instancia en los últimos años, y a pesar de ello, ésta apela –ya no digamos a atender- sino a reconocer la opinión pública, y el interés de los medios de comunicación. De ser así, ¿cuántas respuestas nos faltan? Desde los 43 desparecidos de Ayotzinapá, hasta los miles de feminicidios que siguen sin responder, y los delitos de cuello blanco que pasan por alto, aún y cuando habemos quienes seguimos señalándolos.
Sin embargo, el Ejecutivo ha apostado por ser omiso ante aquella máxima de Manuel Atienza que dice: “es el poder el que se somete a la razón, y no la razón al poder”. Hoy la PGR se ha convertido en el instrumento y herramienta para influir de la manera menos democrática, sin duda en uno de los procesos electorales más complejos que hemos tenido.
Se trata de una conspiración, que ha dispuesto hacer uso de medios económicos, judiciales y de comunicación, para reprimir la otredad, para invalidar las alternativas, y para dejar a México a merced de quien lo ha puesto de rodillas.
Ante este escenario surgen miles de preguntas, pero una de las más intensas sin duda es, si a estas alturas, y ante esta grave crisis de impunidad, corrupción, y violación a los derechos humanos, la PGR goza de legitimidad alguna para, priorizar una investigación con tantas implicaciones, sobre todo cuando existen miles de averiguaciones que llevan décadas perdidas en los archivos del edificio de Reforma 211, y de las que nadie parece responsable.
Es un grave riesgo a la democracia, a la seguridad de la gente, e incluso al futuro del país que veamos después de tantas luchas por un país de derechos y libertades, situaciones como estas, en las que el Ejecutivo pretende amedrentar, e inhibir la lucha institucional por el poder político, al “mero” estilo tradicional y puro del PRI.
Diputada por Movimiento Ciudadano
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