/ martes 17 de octubre de 2017

Feminicidio e impunidad

Todo homicidio es reprochable. El móvil y las circunstancias de cada asesinato nos sirven para medir el grado de descomposición social. El homicidio que se ha cometido por razones de sexo, profesión, preferencias sexuales, género, raza o nacionalidad, tiene diversas consecuencias, tanto para el derecho como para la sociedad. En la actualidad, es difícil descifrar los móviles de cada homicidio, sin embargo, un asesinato cometido contra una mujer arroja una primera cuestión: ¿se cometió por razones de género?

La desigualdad, la ideología, los usos y costumbres, los atavismos, etc. son un fenómeno mundial. No obstante, cuando estos factores llegan al ámbito delincuencial y culminan con la muerte de una mujer, son la máxima expresión de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres.

En América Latina la política criminal se inclinó por reformar la ley. Así, en Chile, El Salvador, México, Guatemala, Perú y Costa Rica se creó un nuevo delito llamado feminicidio o femicidio. La creación de este nuevo delito permitió reorientar las coordenadas del debate, sin embargo, los esfuerzos en la región no han dado los frutos esperados. La historia ha demostrado que la ley, por sí sola, nunca le ha doblado las manos a la realidad.

En México existe un gran movimiento para atacar el feminicidio, sin embargo, este delito no cede. La impunidad de tales conductas se encuentra relacionada con diversos factores: la falta de investigación, fenómenos culturales, sociales, económicos y corrupción. En nuestro país, pareciera que se requieren dos elementos para vencer a la impunidad: la mediatización del caso y la intervención de la sociedad civil.

El trágico caso de Mara Castilla se resolvió gracias a la intervención de su hermana, a la presión mediática y de la sociedad civil. Este feminicidio ocupó varias líneas en los periódicos y la acción de la hermana fue inmediata. Así, el gobierno de Puebla tuvo que dar una respuesta y se esforzó tal y como lo debería hacer en todos los casos. Las autoridades de esa entidad se sabían observadas y, por ello, hubo un flujo de información continuo pero respetuoso. En contraste con el caso Lesvy en la Ciudad de México.

En los diarios se denuncian los feminicidios de: Ivón Jiménez asesinada en el 2013, Lesly Wilson fue asesinada en 2011, Anayetzin Damaris asesinada en 2017, Karen y Adriana en 2016. No hay espacio suficiente para nombrar las miles de mujeres que han sido asesinadas y nadie conoce la cifra negra.

Los fiscales no investigan, la ideología es agua anegada y no vemos avances significativos. De allí la impunidad. Por su parte, los legisladores creen que aumentando penas acabarán con la impunidad y, por ende, los códigos penales son un catálogo de promesas incumplibles ¿cadena perpetua? ¿60 a 90 años de prisión? Insisto: no existe una conexión directa entre subir la pena y la impunidad. Imagínese usted: el ministerio público lee el código penal y se da cuenta de que subió la pena: ¿por qué ahora saldría a investigar?

Las alertas de género se deben tomar en serio y no como avenidas de legitimidad que se convierten en callejones de efectividad. Debemos prestar más atención a los primeros síntomas de violencia, visibilizar el lenguaje de odio, poner cada acción en peso específico y reformar las raíces donde se generó la desigualdad estructural. Llevará años, pero debemos crear más soluciones que la ley penal.

@jangulonobara

Todo homicidio es reprochable. El móvil y las circunstancias de cada asesinato nos sirven para medir el grado de descomposición social. El homicidio que se ha cometido por razones de sexo, profesión, preferencias sexuales, género, raza o nacionalidad, tiene diversas consecuencias, tanto para el derecho como para la sociedad. En la actualidad, es difícil descifrar los móviles de cada homicidio, sin embargo, un asesinato cometido contra una mujer arroja una primera cuestión: ¿se cometió por razones de género?

La desigualdad, la ideología, los usos y costumbres, los atavismos, etc. son un fenómeno mundial. No obstante, cuando estos factores llegan al ámbito delincuencial y culminan con la muerte de una mujer, son la máxima expresión de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres.

En América Latina la política criminal se inclinó por reformar la ley. Así, en Chile, El Salvador, México, Guatemala, Perú y Costa Rica se creó un nuevo delito llamado feminicidio o femicidio. La creación de este nuevo delito permitió reorientar las coordenadas del debate, sin embargo, los esfuerzos en la región no han dado los frutos esperados. La historia ha demostrado que la ley, por sí sola, nunca le ha doblado las manos a la realidad.

En México existe un gran movimiento para atacar el feminicidio, sin embargo, este delito no cede. La impunidad de tales conductas se encuentra relacionada con diversos factores: la falta de investigación, fenómenos culturales, sociales, económicos y corrupción. En nuestro país, pareciera que se requieren dos elementos para vencer a la impunidad: la mediatización del caso y la intervención de la sociedad civil.

El trágico caso de Mara Castilla se resolvió gracias a la intervención de su hermana, a la presión mediática y de la sociedad civil. Este feminicidio ocupó varias líneas en los periódicos y la acción de la hermana fue inmediata. Así, el gobierno de Puebla tuvo que dar una respuesta y se esforzó tal y como lo debería hacer en todos los casos. Las autoridades de esa entidad se sabían observadas y, por ello, hubo un flujo de información continuo pero respetuoso. En contraste con el caso Lesvy en la Ciudad de México.

En los diarios se denuncian los feminicidios de: Ivón Jiménez asesinada en el 2013, Lesly Wilson fue asesinada en 2011, Anayetzin Damaris asesinada en 2017, Karen y Adriana en 2016. No hay espacio suficiente para nombrar las miles de mujeres que han sido asesinadas y nadie conoce la cifra negra.

Los fiscales no investigan, la ideología es agua anegada y no vemos avances significativos. De allí la impunidad. Por su parte, los legisladores creen que aumentando penas acabarán con la impunidad y, por ende, los códigos penales son un catálogo de promesas incumplibles ¿cadena perpetua? ¿60 a 90 años de prisión? Insisto: no existe una conexión directa entre subir la pena y la impunidad. Imagínese usted: el ministerio público lee el código penal y se da cuenta de que subió la pena: ¿por qué ahora saldría a investigar?

Las alertas de género se deben tomar en serio y no como avenidas de legitimidad que se convierten en callejones de efectividad. Debemos prestar más atención a los primeros síntomas de violencia, visibilizar el lenguaje de odio, poner cada acción en peso específico y reformar las raíces donde se generó la desigualdad estructural. Llevará años, pero debemos crear más soluciones que la ley penal.

@jangulonobara

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