La semana anterior aludí al enfrentamiento ocurrido en EU entre derechos religiosos y la comunidad LGBT. Ahora surgen fricciones en España donde múltiples colectivos feministas se manifestaron contra la ley trans que impulsa el gobierno. Es preocupante la tendencia al incremento de la hostilidad entre los defensores de los derechos de la diversidad sexual y otros grupos que se sienten agredidos con motivo de las acciones emprendidas por aquellos. Ocurre que la legítima defensa de unos derechos puede estar invadiendo esferas de otros igualmente válidos.
La animadversión ha generado incluso roces internacionales como la amenaza contra Hungría de expulsarla de la UE por la ley que prohíbe el tratamiento de la homosexualidad en la educación primaria. Ello puede implicar un doble estándar ya que la regulación educativa compete a cada Estado miembro y es difícil explicar por qué es condenable que Hungría excluya ciertos contenidos y en Francia sí es aceptable prohibir el uso del velo islámico en las escuelas.
La manifestación de las mujeres españolas pone de manifiesto un problema de colisión entre aspiraciones y derechos. El feminismo considera que el tránsito de la condición de hombre a la de mujer afecta gravemente las conquistas obtenidas por las mujeres para abrirse espacios a fin de lograr la igualdad de genero. En una nota publicada por El Mundo de España se reproducen varios argumentos de las indignadas mujeres que acusan al Ministerio de Igualdad de "ignorar y despreciar" al movimiento feminista promoviendo leyes "contra las mujeres" que sustituyen el concepto de sexo por el de género y hacen peligrar sus derechos. Las manifestantes sostuvieron que "ser mujer no es un sentimiento", sino "una realidad material".
El Mundo continúa reseñando: “Con gritos de ‘la infancia no se toca’, han denunciado que asociaciones del movimiento queer a través de la educación afectivo sexual, inducen a los niños a pensar que hay chicos y chicas que han podido nacer en el cuerpo equivocado, provocando dudas y orientándolos hacia una transición al sexo contrario.” Advierten entre otros efectos negativos que “el deporte femenino se convertirá en un juego sucio, las estadísticas que se usan para combatir la desigualdad que sufren las mujeres dejarán de ser fiables y los considerados "espacios seguros" para las mujeres “ya no lo serán.”
Ciertamente, entre los ámbitos en que ocurre un eventual deterioro de las aspiraciones femeninas se encuentra también el político, ya que los lugares y cuotas reservados para mujeres podrían ser empleados por quienes biológicamente no lo son; el laboral pues el proyecto de ley busca que haya específicamente apertura de espacios para las personas trans en los empleos, y en el campo de la salud que destinaría importantes recursos públicos en las instituciones de esta materia para atender situaciones ligadas a los tratamientos médicos aplicables a las personas trans.
Un aspecto muy debatido de la legislación en trámite que ha provocado la indignación de los colectivos feministas es la “libre autodeterminación de género”, que —de acuerdo a la nota del diario El País— “supone que basta la voluntad de una persona para cambiar el nombre y el sexo en el DNI, sin necesidad de informes médicos ni de años de hormonación, como ocurre ahora.” Efectivamente la auto adscripción constituye una de las dificultades mayores en este tema porque desde el punto de vista de las mujeres manifestantes ello conlleva una invasión al ámbito de derechos conseguidos por la mujer tras una lucha de más de un siglo.
Uno de los razonamientos que requieren mayor atención tiene que ver con el ámbito de respeto absoluto a las sensaciones internas de la persona, lo cual no debe conducir a excluirla de actividades en las que de manera normal participan ambos sexos, pero tampoco conllevar la exigencia de ocupar espacios en áreas reservadas a las mujeres. Diríase que una cosa es la no exclusión y otra la inclusión forzosa en actividades donde la condición de trans otorga una ventaja indebida sobre las mujeres o disminuye sus posibilidades de participación.
Otra arista delicada del tema es la afectación del derecho a la libre expresión y la alteración del vocabulario al extremo de prohibir ciertas palabras. En el proyecto de legislación española se introduce la palabra “adre” para designar ascendientes que no desean ser llamados ni “padre” ni “madre”. En Gran Bretaña hay hospitales que sugieren no utilizar la palabra “madre” y sustituirla por “progenitor que da a luz”. La razón que aducen es que se trata de evitar expresiones estigmatizantes. Parece un verdadero exceso que ser madre constituya un motivo de estigmatización.
La exacerbación de los ánimos no ayuda para nada a un ambiente de comprensión recíproca. Debe recordarse que la tolerancia no es un valor unilateral, se trata de un camino de ida y vuelta donde el respeto a todas las posiciones es un valor fundamental de la convivencia democrática
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