El caso es candente, de una actualidad político electoral de primer orden. El Senado de la República resolverá hoy si es o no constitucional la destitución del fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, por violación a la conducta de procuración de justicia y al debido proceso en la investigación sobre posibles actos de corrupción en los que se involucra al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, con la empresa brasileña Odebrecht.
El encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, afirma que el cese del titular de la Fepade se basa en filtraciones de la investigación sobre supuestos sobornos de la empresa química brasileña que habrían sido entregados al entonces encargado de las relaciones internacionales de la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto. El exdirector de Pemex rechaza toda imputación sobre estos actos de corrupción y solicita al hoy exfiscal especial una aclaración que lo deslinde de responsabilidad en el caso. Frente a la destitución de Santiago Nieto partidos de oposición plantean una controversia sobre la legalidad de ese despido y exigen su reinstalación como titular de la Fepade con base a la facultad que el Senado tendría para oponerse a esa destitución.
El asunto será dirimido en una deliberación de los grupos senatoriales en la que el Partido Revolucionario Institucional, con mayoría simple y con el voto de representantes de otros partidos, podría lograr echar abajo el intento de restituir en el cargo al fiscal depuesto por decisión del procurador interino.
Más allá del contenido jurídico y procesal de la decisión que se adopte en la Cámara de Senadores, subsiste el aspecto político de un caso que, en las vísperas de las definiciones para el proceso electoral con miras a las elecciones del año próximo reviste especial importancia. Desde el comienzo de la actual administración han sido conocidas las denuncias y las confesiones de los directivos de Odebrecht sobre los sobornos que no solo en México sino en el propio Brasil y en otros países de América Latina han recibido funcionarios del más alto nivel para la obtención de contratos de obras relacionadas con la industria petrolera. Las revelaciones de esos sobornos alcanzan lo mismo a jefes de Estado y de gobierno que a funcionarios de empresas petroleras de varios países, muchos de ellos sujetos a proceso e incluso encarcelados por actos de corrupción que la misma empresa ha revelado.
Corruptos y corruptores tienen la misma impronta de culpabilidad que no es posible hacer a un lado para hacer justicia. Independientemente del curso que se siga al caso de la destitución del fiscal especial, sería sano para la democracia mexicana, para la transparencia y la salud del propio gobierno de México, hacer patente, sin equívocos ni recursos legales, la investigación que se siguea los posibles responsables de los delitos, electorales o no, de la corrupción de la empresa Obedrecht que tiene en entredicho a la justicia.
Es obvio que la oposición está interesada en defender la postura de un fiscal depuesto cuando se dice que le han sido comprobados actos que entorpecen el debido proceso en una investigación que está en curso. Es justificable también que se busque la destitución del fiscal especial por actos que, por lo demás, no son nuevos, sino práctica común en casos similares. Lo importante es que, por encima de la especulación política, se deje en claro que la investigación y el esclarecimiento de la verdad desemboquen, en el caso de Santiago Nieto y de muchos otros, en que hay una verdadera lucha en contra de la corrupción y la impunidad.
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