/ lunes 28 de marzo de 2022

FGR, operación transexenal

El Ministerio Público tiene su origen en el derecho francés y por supuesto en el español. Su función de contar con dos atribuciones fundamentales: la parte tributaria y la persecución de los delitos.

A finales del siglo XIX, la figura del Ministerio Público estaba adscrita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una suerte de juez y parte donde se investigaban los delitos y al mismo tiempo se obtenían sentencias.

La designación del titular de la Procuraduría General de la República dependía de la SCJN; fue hasta 1917 que se crea la Procuraduría General de la República como una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, teniendo subordinación y evidente designación por parte del presidente de la República sin contar ni necesitar aprobación alguna del Poder Legislativo.

La PGR, con más de 101 años de antigüedad, fue una de las dependencias de gobierno pertenecientes al gabinete ampliado del gobierno federal, donde hubo prominentes juristas que en la mayoría de los casos no concluyeron su gestión sexenal, hubo hasta cinco procuradores en un sexenio, el motivo, el desgaste político intenso de los titulares y de la institución misma, la PGR se encargó durante su vida institucional de investigar asesinatos de políticos, conocidos como magnicidios, el caso del extinto Manuel Muñoz Rocha y el uso de una vidente para esclarecer hechos delictuosos en el que la osamenta encontrada no correspondía con la información genética del exdiputado, el atentado contra periodistas como Manuel Buendía, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el procedimiento contra el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “la Quina”, así como los procesos de los narcotraficantes más connotados de la historia nacional. Algunos de estos ejemplos han vejado la credibilidad de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano por haberla utilizado como comparsa política del gobernante en turno.

La PGR como antecedente histórico de procuración de justicia de nuestro país, contó entre sus filas con experimentados investigadores pertenecientes a la Policía Judicial Federal, quienes fueron nutridos por elementos de diversas corporaciones incluso de origen castrense, aunque principalmente eran civiles.

Su prestigio institucional le permitió ser la insignia de las procuradurías estatales, las que incluso hicieron estructuras organizacionales homogéneas. Las experiencias internacionales de Alemania y Chile sirvieron de inspiración para la conformación y diseño de la actual Fiscalía General de la República, una de las principales características tiene que ver con la autonomía política, donde la designación del titular se realiza en principio en la propuesta en una terna que debe pasar por el tamiz del Senado de la República, donde las comparecencias ante la Comisión de Justicia deben contar con una constancia de idoneidad para su eventual aceptación y toma de protesta ante dicho órgano de representación popular.

Asimismo, se le otorga constitucionalmente autonomía operativa y financiera, lo que da un término máximo de la gestión de 9 años. Esta cuestionada autonomía en términos de lo que significa la procuración de justicia en México, tiene como lógica abatir los funestos porcentajes de más del 98% de impunidad en los casos de investigación penal, ya que así se lograría desprenderse de cualquier influencia o interés político del gobierno en turno. Las fiscalías estatales han tenido la experiencia de tener que prescindir de los servicios de los titulares en turno que por diversas motivaciones han sido separados de sus cargos.

La costumbre de mantener el control político sobre la procuración de justicia, se la aleja cada vez más del apetito que puede generar su uso sectario, ya que también va de la mano la autonomía con el sistema de justicia penal adversarial, donde uno de los principios es precisamente el fortalecimiento de las instituciones y de los derechos humanos, y en donde la independencia en su gestión sea cada vez más apegada a la descripción constitucional de la justicia, es decir, pronta, expedita y gratuita. La procuración de justicia en México, con todas sus aristas e historia, ha sido también punta de lanza ejemplar para nuestros hermanos países latinoamericanos.

México está adquiriendo de nueva cuenta su papel protagónico continental como hermano mayor de los países hispanohablantes, lo es sin duda también por la grandeza de sus instituciones y quienes las encabezan, mantener ese prestigio lo hace una patria grande que va más allá de sus fronteras, las conferencias internacionales de procuración de justicia distinguen a nuestro país como una nación con prácticas al nivel de cualquiera del mundo, eso fortalece nuestro posicionamiento global y sin duda también a nuestra comunidad jurídica.

El Ministerio Público tiene su origen en el derecho francés y por supuesto en el español. Su función de contar con dos atribuciones fundamentales: la parte tributaria y la persecución de los delitos.

A finales del siglo XIX, la figura del Ministerio Público estaba adscrita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una suerte de juez y parte donde se investigaban los delitos y al mismo tiempo se obtenían sentencias.

La designación del titular de la Procuraduría General de la República dependía de la SCJN; fue hasta 1917 que se crea la Procuraduría General de la República como una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, teniendo subordinación y evidente designación por parte del presidente de la República sin contar ni necesitar aprobación alguna del Poder Legislativo.

La PGR, con más de 101 años de antigüedad, fue una de las dependencias de gobierno pertenecientes al gabinete ampliado del gobierno federal, donde hubo prominentes juristas que en la mayoría de los casos no concluyeron su gestión sexenal, hubo hasta cinco procuradores en un sexenio, el motivo, el desgaste político intenso de los titulares y de la institución misma, la PGR se encargó durante su vida institucional de investigar asesinatos de políticos, conocidos como magnicidios, el caso del extinto Manuel Muñoz Rocha y el uso de una vidente para esclarecer hechos delictuosos en el que la osamenta encontrada no correspondía con la información genética del exdiputado, el atentado contra periodistas como Manuel Buendía, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el procedimiento contra el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “la Quina”, así como los procesos de los narcotraficantes más connotados de la historia nacional. Algunos de estos ejemplos han vejado la credibilidad de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano por haberla utilizado como comparsa política del gobernante en turno.

La PGR como antecedente histórico de procuración de justicia de nuestro país, contó entre sus filas con experimentados investigadores pertenecientes a la Policía Judicial Federal, quienes fueron nutridos por elementos de diversas corporaciones incluso de origen castrense, aunque principalmente eran civiles.

Su prestigio institucional le permitió ser la insignia de las procuradurías estatales, las que incluso hicieron estructuras organizacionales homogéneas. Las experiencias internacionales de Alemania y Chile sirvieron de inspiración para la conformación y diseño de la actual Fiscalía General de la República, una de las principales características tiene que ver con la autonomía política, donde la designación del titular se realiza en principio en la propuesta en una terna que debe pasar por el tamiz del Senado de la República, donde las comparecencias ante la Comisión de Justicia deben contar con una constancia de idoneidad para su eventual aceptación y toma de protesta ante dicho órgano de representación popular.

Asimismo, se le otorga constitucionalmente autonomía operativa y financiera, lo que da un término máximo de la gestión de 9 años. Esta cuestionada autonomía en términos de lo que significa la procuración de justicia en México, tiene como lógica abatir los funestos porcentajes de más del 98% de impunidad en los casos de investigación penal, ya que así se lograría desprenderse de cualquier influencia o interés político del gobierno en turno. Las fiscalías estatales han tenido la experiencia de tener que prescindir de los servicios de los titulares en turno que por diversas motivaciones han sido separados de sus cargos.

La costumbre de mantener el control político sobre la procuración de justicia, se la aleja cada vez más del apetito que puede generar su uso sectario, ya que también va de la mano la autonomía con el sistema de justicia penal adversarial, donde uno de los principios es precisamente el fortalecimiento de las instituciones y de los derechos humanos, y en donde la independencia en su gestión sea cada vez más apegada a la descripción constitucional de la justicia, es decir, pronta, expedita y gratuita. La procuración de justicia en México, con todas sus aristas e historia, ha sido también punta de lanza ejemplar para nuestros hermanos países latinoamericanos.

México está adquiriendo de nueva cuenta su papel protagónico continental como hermano mayor de los países hispanohablantes, lo es sin duda también por la grandeza de sus instituciones y quienes las encabezan, mantener ese prestigio lo hace una patria grande que va más allá de sus fronteras, las conferencias internacionales de procuración de justicia distinguen a nuestro país como una nación con prácticas al nivel de cualquiera del mundo, eso fortalece nuestro posicionamiento global y sin duda también a nuestra comunidad jurídica.