#FideicomiSOS

Durante las últimas semanas se ha colocado en la agenda pública la discusión acerca de la posible extinción de fideicomisos públicos, esto se debe a las afectaciones y consecuencias que pueden derivarse de esta decisión política en colectivos sociales tan diversos como son la atención a las víctimas de la violencia, la ciencia, la protección de periodistas, la defensa de los derechos humanos, los trabajadores agrícolas, la cultura, el cine, la educación, el medio ambiente, la atención de desastres naturales, de damnificados y la atención a la salud, por mencionar algunos.

Un fideicomiso público es un instrumento jurídico y financiero entre el sector público y una institución bancaria para cumplir con un objeto acordado, este puede ser tan diverso como el fin para el que fue creado, por ejemplo: la realización de una investigación científica, la creación de un tratamiento médico, el descubrimiento de una vacuna, el otorgamiento de becas o pensiones, el pago de un refugio, la realización de un proyecto cultural, la búsqueda de personas desaparecidas o, en caso de desastres naturales, contar con los recursos necesarios para afrontarlos.

Los recursos financieros que se encuentran en estos fideicomisos pueden provenir de varias fuentes como fondos de cooperación internacional, aportaciones de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado o del gobierno, o bien, ser autogenerados.

Cada fideicomiso público cuenta con reglas de operación estrictas que deben cumplir, además de estar sujetos a supervisión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ser auditados a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados. Además, por ley, todos sus informes deben ser públicos y cumplir con obligaciones de transparencia supervisadas por el INAI.

La principal aportación de los fideicomisos públicos es asegurar la existencia de recursos a través del tiempo sin depender de coyunturas políticas o económicas ni de negociaciones presupuestales anuales, permitiendo planear y realizar proyectos a largo plazo.

Como toda herramienta, los fideicomisos públicos pueden ser perfectibles. Que no exista duda, la transparencia y la rendición de cuentas siempre deben ser prioridad en el uso de recursos públicos.

Desafortunadamente la discusión que actualmente existe en el Congreso de la Unión no es de corte técnico o para mejorar su funcionamiento, surge de la premisa de entregar los recursos contenidos en 109 fideicomisos públicos para el uso discrecional del Ejecutivo Federal, sometiendo a los sectores mencionados a la incertidumbre de decisiones dependientes de coyunturas políticas.

Como ejemplo, tras la aprobación irresponsable de la Cámara de Diputados del Dictamen que modifica diversas leyes que inciden en 109 fideicomisos y el posterior traslado de su discusión al Senado, seguimos sin conocer el mecanismo o herramienta que sustituirá la función de los fideicomisos públicos o las afectaciones que tendrán los diversos sectores sociales y las vidas humanas que dependen de ellos.

Esta es la razón por la que diversos colectivos sociales se han unido bajo la iniciativa #FideicomiSOS para buscar evitar este despropósito.

Senadores, evitar este retroceso está en sus manos.