Por: Marcela Aguilar
Con 65 votos a favor y 51 en contra, el miércoles pasado el Senado aprobó el dictamen que extingue los 109 fideicomisos dedicados al desarrollo de la ciencia, la cultura, los derechos humanos, la atención a víctimas de violencia, la defensa de periodistas y activistas y desastres naturales, entre otros. La decisión primero en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores fue caprichosa, arbitraria y engañosa.
No, los fideicomisos no permitían esconder recursos por años. Los fideicomisos estaban sujetos a transparentar su funcionamiento. No, los fideicomisos no se utilizaban de manera discrecional como lo promovió el partido MORENA: los fideicomisos tenían objetivos específicos y reglas de operación. No, los fideicomisos no incrementaban la brecha de desigualdad en nuestro país: los fideicomisos promovían la igualdad y permitían realizar proyectos a largo plazo que beneficiaban a todas y todos. No, los fideicomisos no promovían la corrupción: los fideicomisos permitían estudiar, entender e indagar los casos de corrupción en México por medio de investigaciones científicas serias. No, los fideicomisos no eran el mecanismo de desvío de recursos: los fideicomisos permitían apoyar el talento mexicano.
En suma, los 109 fideicomisos eran instrumentos de los que defensores de derechos, investigadores, periodistas y víctimas de violencia echaban mano para promover la ciencia y la cultura, exigir derechos y, con ello, defender el desarrollo y la democracia en nuestro país. Los 109 fideicomisos representaban el talento y esfuerzo de miles de mexicanos y mexicanas que intentan recuperarse de la crisis económica y social exacerbada a partir de la crisis sanitaria por Covid-19 que no ha sido atendida. Y, sin embargo, antes de legislar el teletrabajo o aprobar el #IngresoVital, el Senado decidió exterminar 109 instrumentos que buscaban hacer frente a la desigualdad y a la corrupción.
Los fideicomisos se eliminaron a pesar de las protestas de cientos de víctimas de violencia, familiares de personas desaparecidas, investigadores y estudiantes que se manifestaron a las afueras de la Cámara de Senadores y a quienes las autoridades amedrentaron con cientos de elementos de seguridad.
La decisión fue clara y equivocada. A este gobierno no le importa la ciencia, el periodismo, la cultura ni los derechos humanos. Todos los miembros de estas comunidades fueron nombrados por el presidente como “ambiciosos prepotentes”, “mantenidos”, “huachicoleros” y “ladrones”. Senadores y diputados no fueron capaces de fundar y motivar las razones de su extinción, pero el presidente sí ha pedido –después de su extinción— realizar una auditoría de manera expedita a cada uno de ellos.
Todo parece indicar que, nuevamente, el presidente decide cancelar todo esfuerzo que promueva la pluralidad, la razón y los derechos, todo aquello que vaya en contra de su ideología y percepción debe ser exterminado. Lo peor es que los recursos no servirán para que las leyes e instituciones en nuestro país funcionen y se respeten, sino que el presidente ahora estará facultado para controlar de manera discrecional y caprichosa los recursos que servían para el desarrollo de México.
