Por Solange Márquez
Llama mucho la atención que los partidos políticos estén tan ansiosos de renunciar al financiamiento público, tanto para sus actividades ordinarias como para sus campañas. Hoy por hoy los partidos políticos incumplen sus obligaciones más básicas de transparencia.
Una revisión muy rápida de sus páginas electrónicas da cuenta de que no publican la información sobre las aportaciones privadas, la información no está actualizada y en muchos casos no reportan los donativos en efectivo (únicamente en especie). Tampoco es posible encontrar nombre o RFC de las personas morales que han aportado a las campañas.
Es inevitable pensar que si hoy, que el financiamiento público no es el principal ingreso económico, no pueden cumplir con esas obligaciones, mucho menos lo harán cuando este se convierta en el único tipo de financiamiento. Agréguele la reforma que ahora permitirá abiertamente que las empresas puedan participar abiertamente en los procesos electorales financiando con recursos directamente a los partidos.
Si ya antes se ha acusado a diversos legisladores de representar intereses particulares de ciertas empresas, sin importar su impacto en la sociedad ahora será abierto y sin tapujos, lo cual no necesariamente será bueno para el grueso de la sociedad que no será la que vea sus intereses representados ahí al no ser los principales patrocinadores de las campañas.
Por supuesto el tema de los recursos ilícitos es el que más peligroso se vuelve en el contexto que actualmente vive nuestro país. La narcopolítica es un término que cada vez más ha ido ganando terreno y ahora, triangulando los recursos a través de empresas fantasmas o de lavado de dinero, el crimen organizado podrá transformarse formalmente en un narcopoder. Demasiados expedientes abiertos de corrupción en nuestro país nos deberían dejar claro que la fiscalización de los recursos es nuestro talón de Aquiles y si no resolvemos antes eso, este cambio se podría convertir en uno de los mayores retrocesos en la historia de nuestra reciente democracia.
En la actualidad la fiscalización del dinero público es un problema de enormes dimensiones, la fiscalización del dinero privado será como entrar en un hoyo negro, donde las áreas grises dominan y donde las facultades de la autoridad electoral son aún más limitadas para mantener el control.
Los partidos aprovechándose de la buena fe de muchos y de la lamentable coyuntura que vive nuestro país, pretenden no solo destruir los pilares de la fiscalización y de la transparencia (a la cual tanto se han opuesto) sino también de la pluralidad que logró terminar con el régimen de partido hegemónico y echar el reloj 70 años atrás al eliminar la representación proporcional.
Si aplicáramos las reformas que pretende el PRI para eliminar la representación proporcional (plurinominales) a la legislatura actual, ese partido contaría con el 53% de los integrantes de la Cámara de Diputados, mayoría absoluta suficiente para reformar, por si solo la Constitución, en lugar del 41% que tiene actualmente.
Que no nos engañen sus cantos de sirena populistas. Si verdaderamente quieren cambiar este país que se modifiquen las fórmulas de asignación de recursos públicos que ellos mismos mañosamente han venido manoseando para recibir cada vez más dinero. Que se establezcan sanciones de verdad para quienes violen la ley, como la pérdida del registro para quienes no cumplen obligaciones de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas. Pero eso no lo presentan en sendas propuestas parlamentarias elaboradas, como casi siempre, sobre las rodillas, porque eso sí les duele.
El 19 de septiembre de 2017 es un día que, como aquel de 1985, quedará grabado a sangre y fuego en la memoria de los mexicanos. La tragedia que se convirtió en oportunidad de dar, de ayudar. El dolor que se transformó en esperanza de rescatar personas con vida. La solidaridad, la empatía y la unión mostrada, dejaron claro que la frase “cada pueblo tiene el gobierno que merece” es inaplicable a México. Nos merecemos mucho más.
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