Recientemente fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano (LPEAM), cuya minuta también se procesó en el Senado de la República durante estos días.
El artículo 42 de la nuestra Carta Magna establece que “El territorio nacional comprende: […] VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio Derecho Internacional”.
Además de la normativa constitucional, existen otras tres leyes nacionales que sirven como base para regular el ordenamiento del tránsito aéreo de bienes y personas, así como el resguardo de la soberanía, concretamente la seguridad y defensa del territorio nacional; a saber: Ley de Aviación Civil, Ley de Aeropuertos y Ley de Seguridad Nacional.
Si bien contamos con un marco jurídico robusto, no se debe soslayar que actualmente los peligros que acechan a los espacios aéreos de los Estados nacionales evolucionaron y se sofisticaron. El derecho no puede permanecer ajeno a estos fenómenos perniciosos. En tal sentido, por ejemplo, las denominadas “amenazas emergentes” son aquellas que tienen un carácter transnacional, como la delincuencia organizada, el tráfico de drogas ilícitas y de armas, la corrupción, los desastres naturales, el deterioro del medio ambiente, el lavado de activos, así como cualquier forma de ataques cibernéticos.
Así, la delincuencia organizada puede hacer uso de la infraestructura aeroportuaria y del espacio aéreo para llevar a cabo conductas delictivas, aprovechando vacíos de tipo administrativo o jurídico. Ello pone en riesgo no solo la seguridad de la aviación civil, sino la soberanía, en caso de una amenaza exterior.
La LPEAM, enviada por el Ejecutivo federal, busca cubrir el vacío jurídico que subsiste en el marco legal mexicano para resguardar de manera adecuada el espacio aéreo nacional, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con las instituciones respectivas. Esto, a través de la creación del Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, a fin de, justamente, coordinar a las autoridades pertinentes que lo integran, para inhibir o contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas y aquellas que atenten contra la seguridad nacional.
También se crea el Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo, como órgano nacional para integrar y coordinar acciones para preservar la seguridad y soberanía del espacio aéreo. Igualmente, se establece el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, para vigilar el tránsito que se separe de su operación aérea regulada, además de proteger la soberanía nacional e inhibir el uso ilícito del espacio, entre otros objetivos.
La regulación del espacio aéreo y la actualización de las leyes para cubrir vacíos jurídicos y administrativos por medio de las instituciones del Estado, incluidas las Fuerza Armadas, son parte de una nueva concepción acerca de la vigilancia y seguridad del espacio aéreo. A nivel internacional, por ejemplo, en España, la normativa aeronáutica descansa en un modelo dual que armoniza las leyes civiles y militares, mientras que en el ámbito aeropolicial el Ejército del Aire realiza, con carácter permanente, la vigilancia y el control del espacio aéreo de soberanía nacional.
En Brasil existe la Agencia Nacional de Aviación Civil, la cual, entre otras funciones, implementa la Política de Aviación Civil, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, en el terreno aeropolicial, se ha creado el Comando de Aeronáutica, como una institución nacional permanente, y está insertado en la estructura del Ministerio de Defensa.
La normativa mexicana para la regulación de nuestro espacio aéreo no se debe quedar rezagada respecto a las evoluciones y nuevas amenazas que se presentan en la actualidad. La LPEAM es un paso más en la dirección correcta, siempre cuidando la seguridad y promoviendo el beneficio de la nación y de su pueblo.
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