El fracaso del sistema de inteligencia civil del gobierno mexicano tiene muy preocupado desde el sexenio pasado a su similar estadounidense. Durante 2018 sucedieron seis episodios que dieron cuenta de la gravedad de lo que ocurre fuera del foco mediático en las fronteras del país.
El año pasado las agencias de inteligencia estadounidense alertaron al gobierno de Enrique Peña Nieto del ingreso a territorio nacional de seis personas de origen asiático que por separado se dirigían a los Estados Unidos. La alerta se originó porque estaban considerados como parte de organizaciones terroristas. Su detención y deportación se hizo en total sigilo, sin que trascendiera a la prensa, pero actualizó la preocupación por la porosidad de las fronteras.
La ausencia de un sistema de inteligencia civil funcional, léase CISEN (Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional), se traduce en el fracaso del objetivo que se fijó para convertirlo en un órgano de información criminal. La desarticulación que tuvo en los últimos tres sexenios, la burocratización de sus procedimientos, y la ignorancia en la materia de sus últimos titulares, todos ellos neófitos en el tema y cuya designación fue un pago de favores y lealtades políticas, terminó por hundir al malogrado órgano de seguridad del Estado. Enfocarlo hacia el espionaje de políticos opositores, de periodistas críticos con el régimen y elaborar informes basados en chismes más que en información verificada, fue su epitafio.
A este problema se añade que el Centro Nacional de Inteligencia, que suplirá al CISEN, no termina por cuajar en su principal tarea: generar información de inteligencia que permita la toma de decisiones efectivas. La crisis que por estos días vive la frontera sur retrata las limitaciones profesionales del equipo que encabeza el general retirado Audomaro Martínez Zapata, un oficial de arma blindada que durante sus años de servicio en el ejército poco tuvo que ver con operaciones de inteligencia más allá de los conocimientos básicos que adquirió en el Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra.
Desde diciembre pasado, tras la desaparición del CISEN, comenzó un incremento en los flujos migratorios de centroamericanos inédito en México. El aumento de migrantes hondureños que han colapsado albergues y pasos fronterizos en Chiapas solo es comparable al crecimiento del número de cubanos que vía Nicaragua han llegado al país. Algo tampoco visto con anterioridad, es el creciente número de africanos que buscan llegar a los Estados Unidos usando el territorio nacional.
Dos imágenes jamás pensadas: cruceros de avenidas en Culiacán, Sinaloa, con familias de hondureños pidiendo comida y monedas para continuar su camino a Tijuana; al otro extremo albergues en Reynosa, Tamaulipas saturados de cubanos que buscan obtener visa humanitaria o asilo político de los Estados Unidos. En medio de estos flujos de migrantes, infiltrados ligados a organizaciones criminales trasnacionales que no son detectados por el gobierno mexicano.
La ausencia de una política definida en materia migratoria ya generó una crisis en las fronteras del país. Y lo que faltaba, el pasado 13 de abril se suscitó un choque entre una patrulla militar a las afueras de Ciudad Juárez con agentes de la Guardia Nacional estadounidense cerca de la valla fronteriza, lo que reactivó las amenazas de Donald Trump de cerrar la frontera. La emergencia no es menor, esta semana se anunció que el canciller Marcelo Ebrard viajará a Washington para reunirse con funcionarios del Departamento de Estado.
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