/ jueves 7 de junio de 2018

Fuera de agenda | Almirantes a escena

Tiene una hoja de servicios militares que le granjeó el reconocimiento y confianza de los principales jefes de las agencias de inteligencia estadounidense durante todo el sexenio. En noviembre del 2015 cuando Marco Antonio Ortega Siu ascendió al grado de almirante, se convirtió en uno de los primeros oficiales de infantería de marina, especializado como piloto helicopterista, en alcanzar el máximo grado de la armada de México.

El almirante Ortega Siu es uno de los pocos oficiales de Estado Mayor que ha mantenido línea directa con los mandos de inteligencia militar del Pentágono en virtud de que está probada su honestidad, discreción y ejercicio del mando en línea con los objetivos estratégicos marcados por la colaboración entre las fuerzas armadas estadounidenses y sus colegas en México.

Todo iba bien hasta hace poco para el actual comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la armada de México, y quien ha ocupado también la jefatura del Cuerpo de Infantería de marina.

El panorama para la secretaría de Marina en su conjunto comenzó a complicarse debido a que de febrero a la fecha, las denuncias contra los efectivos de ésta unidad se han incrementado por presuntas violaciones graves a los derechos humanos con un epicentro clave: Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Es en esa ciudad donde en días pasados la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, señaló que se han documentado por lo menos 23 casos de desaparición forzada donde los familiares de las víctimas acusan a efectivos de la marina.

La complejidad de Nuevo Laredo en materia de seguridad es de referencia obligada cada vez que se trata de analizar en la historia reciente, el proceso de descomposición e infiltración de los cuerpos de seguridad por las mafias del crimen organizado y de tráfico de drogas. No sólo porque a finales de los años 90 un equipo completo de militares de fuerzas especiales comisionados a la Policía Judicial Federal se pasó como “ejército privado” del narco, sino porque en esa zona del país un sector importante de la población comenzó a “consentir”, algunos por temor y otros por convicción, la presencia criminal de la que se volvieron “ojos y oídos”.

El contexto que han denunciado los familiares de las víctimas, de las que hizo eco la oficina del Alto Comisionado de la ONU, refiere que ha sido personal de esta dependencia los probables responsable de estos actos.

En años anteriores cuando estaba en curso la operación para capturar al Chapo Guzmán, dirigida por las agencias estadounidenses y operada en terreno por la unidad especial comandada por el almirante Ortega Siu, se acumularon docenas de denuncias de habitantes de la sierra de Sinaloa y Durango por los “excesos” y violaciones a derechos humanos que cometían los marinos en la búsqueda del hoy reo de una prisión federal estadounidense.

Es muy grave lo que ocurre en Tamaulipas, y también que una unidad considerada “modelo”, al evitar la infiltración del crimen y con un alto nivel de adiestramiento, aparezca señalada por sus “excesos”. Cabe la pregunta: ¿Habrá control de daños en la armada de México?

Tiene una hoja de servicios militares que le granjeó el reconocimiento y confianza de los principales jefes de las agencias de inteligencia estadounidense durante todo el sexenio. En noviembre del 2015 cuando Marco Antonio Ortega Siu ascendió al grado de almirante, se convirtió en uno de los primeros oficiales de infantería de marina, especializado como piloto helicopterista, en alcanzar el máximo grado de la armada de México.

El almirante Ortega Siu es uno de los pocos oficiales de Estado Mayor que ha mantenido línea directa con los mandos de inteligencia militar del Pentágono en virtud de que está probada su honestidad, discreción y ejercicio del mando en línea con los objetivos estratégicos marcados por la colaboración entre las fuerzas armadas estadounidenses y sus colegas en México.

Todo iba bien hasta hace poco para el actual comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la armada de México, y quien ha ocupado también la jefatura del Cuerpo de Infantería de marina.

El panorama para la secretaría de Marina en su conjunto comenzó a complicarse debido a que de febrero a la fecha, las denuncias contra los efectivos de ésta unidad se han incrementado por presuntas violaciones graves a los derechos humanos con un epicentro clave: Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Es en esa ciudad donde en días pasados la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, señaló que se han documentado por lo menos 23 casos de desaparición forzada donde los familiares de las víctimas acusan a efectivos de la marina.

La complejidad de Nuevo Laredo en materia de seguridad es de referencia obligada cada vez que se trata de analizar en la historia reciente, el proceso de descomposición e infiltración de los cuerpos de seguridad por las mafias del crimen organizado y de tráfico de drogas. No sólo porque a finales de los años 90 un equipo completo de militares de fuerzas especiales comisionados a la Policía Judicial Federal se pasó como “ejército privado” del narco, sino porque en esa zona del país un sector importante de la población comenzó a “consentir”, algunos por temor y otros por convicción, la presencia criminal de la que se volvieron “ojos y oídos”.

El contexto que han denunciado los familiares de las víctimas, de las que hizo eco la oficina del Alto Comisionado de la ONU, refiere que ha sido personal de esta dependencia los probables responsable de estos actos.

En años anteriores cuando estaba en curso la operación para capturar al Chapo Guzmán, dirigida por las agencias estadounidenses y operada en terreno por la unidad especial comandada por el almirante Ortega Siu, se acumularon docenas de denuncias de habitantes de la sierra de Sinaloa y Durango por los “excesos” y violaciones a derechos humanos que cometían los marinos en la búsqueda del hoy reo de una prisión federal estadounidense.

Es muy grave lo que ocurre en Tamaulipas, y también que una unidad considerada “modelo”, al evitar la infiltración del crimen y con un alto nivel de adiestramiento, aparezca señalada por sus “excesos”. Cabe la pregunta: ¿Habrá control de daños en la armada de México?

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