/ jueves 2 de mayo de 2019

Fuera de Agenda | Debut en Veracruz

En pocos lugares del país existe un retrato tan nítido de esa sentencia del cronista de la mafia siciliana Peter Robb, cuando escribió que la criminalidad mafiosa siempre ha sido un parásito del poder político establecido. Ese lugar se llama Veracruz, y hasta hace unos pocos años formaba con Tamaulipas la región donde el crimen se incrustó a tal nivel en las esferas políticas que hoy día tiene a tres ex gobernadores encarcelados acusados de vínculos con la delincuencia organizada.

Con Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ex mandatarios tamaulipecos, las acusaciones de lavado de dinero se fundan en evidencias que los fiscales del sur de Texas encontraron con los otrora líderes de la organización que se autodenominó cartel del Golfo.

Con Javier Duarte de Ochoa, más allá de los mecanismos de estafa para apropiarse del erario público veracruzano durante su gestión, lo que ha dejado una herida sangrante que se vislumbra aun difícil de cicatrizar es la complicidad de los cuerpos de seguridad con las bandas criminales que surgieron del desmembramiento de las dos organizaciones que en la última década predominaron en la entidad.

En el año 2016 la agencia de análisis en seguridad e inteligencia Stratfor, llamó “balcanización criminal” a la proliferación de bandas en Veracruz que antes respondían a liderazgos que tenían sede en Tamaulipas, y que en el año 2010 entraron en pugna bajo las siglas del cartel del Golfo y los Zetas.

Tras los miles de asesinatos llegaron nuevos liderazgos que aprendieron de sus anteriores jefes que la puerta de entrada al poder político, para hacerse con el control de los territorios, se hacia por medio de las policías y con quien se tenían que arreglar era con los de turno en la procuraduría de justicia. Fue lo que hicieron en el último tramo del gobierno de Duarte, las bandas armadas que se autonombran Cartel de Jalisco Nueva Generación.

Con estos antecedentes la masacre de Minatitlán, sucedida la noche del viernes santo que dejó 14 personas asesinadas entre las que estaba un menor de edad, irrumpió como la actualización de las complicidades de gobierno que transitan del primer círculo de la seguridad con la policía municipal, y pasa a la procuraduría de justicia hoy fiscalía general del estado.

Quien les puso el dedo fue el gobernador veracruzano Cuitláhuac García, Jiménez, cuando declaró que el fiscal del estado Jorge Winckler, nombrado por su antecesor Miguel Ángel Yunes, encubre a bandas criminales como los que están detrás del asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, asesinada junto a su esposo el pasado 24 de abril.

Con este escenario tropas de la 29 zona militar con sede en Minatitlán, al mando del general de brigada Juan Francisco Tovia Mazón salieron a las calles de esta ciudad el viernes 26 con el brazalete de la Guardia Nacional. El nuevo cuerpo de seguridad debutó tras la visita del presidente de la república, aun sin que el Congreso de la Unión aprobara las leyes secundarias para su funcionamiento, con lo que se mandó una señal de premura e improvisación ante la crisis de inseguridad y violencia que crece en el país.

En pocos lugares del país existe un retrato tan nítido de esa sentencia del cronista de la mafia siciliana Peter Robb, cuando escribió que la criminalidad mafiosa siempre ha sido un parásito del poder político establecido. Ese lugar se llama Veracruz, y hasta hace unos pocos años formaba con Tamaulipas la región donde el crimen se incrustó a tal nivel en las esferas políticas que hoy día tiene a tres ex gobernadores encarcelados acusados de vínculos con la delincuencia organizada.

Con Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ex mandatarios tamaulipecos, las acusaciones de lavado de dinero se fundan en evidencias que los fiscales del sur de Texas encontraron con los otrora líderes de la organización que se autodenominó cartel del Golfo.

Con Javier Duarte de Ochoa, más allá de los mecanismos de estafa para apropiarse del erario público veracruzano durante su gestión, lo que ha dejado una herida sangrante que se vislumbra aun difícil de cicatrizar es la complicidad de los cuerpos de seguridad con las bandas criminales que surgieron del desmembramiento de las dos organizaciones que en la última década predominaron en la entidad.

En el año 2016 la agencia de análisis en seguridad e inteligencia Stratfor, llamó “balcanización criminal” a la proliferación de bandas en Veracruz que antes respondían a liderazgos que tenían sede en Tamaulipas, y que en el año 2010 entraron en pugna bajo las siglas del cartel del Golfo y los Zetas.

Tras los miles de asesinatos llegaron nuevos liderazgos que aprendieron de sus anteriores jefes que la puerta de entrada al poder político, para hacerse con el control de los territorios, se hacia por medio de las policías y con quien se tenían que arreglar era con los de turno en la procuraduría de justicia. Fue lo que hicieron en el último tramo del gobierno de Duarte, las bandas armadas que se autonombran Cartel de Jalisco Nueva Generación.

Con estos antecedentes la masacre de Minatitlán, sucedida la noche del viernes santo que dejó 14 personas asesinadas entre las que estaba un menor de edad, irrumpió como la actualización de las complicidades de gobierno que transitan del primer círculo de la seguridad con la policía municipal, y pasa a la procuraduría de justicia hoy fiscalía general del estado.

Quien les puso el dedo fue el gobernador veracruzano Cuitláhuac García, Jiménez, cuando declaró que el fiscal del estado Jorge Winckler, nombrado por su antecesor Miguel Ángel Yunes, encubre a bandas criminales como los que están detrás del asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, asesinada junto a su esposo el pasado 24 de abril.

Con este escenario tropas de la 29 zona militar con sede en Minatitlán, al mando del general de brigada Juan Francisco Tovia Mazón salieron a las calles de esta ciudad el viernes 26 con el brazalete de la Guardia Nacional. El nuevo cuerpo de seguridad debutó tras la visita del presidente de la república, aun sin que el Congreso de la Unión aprobara las leyes secundarias para su funcionamiento, con lo que se mandó una señal de premura e improvisación ante la crisis de inseguridad y violencia que crece en el país.