En septiembre de 1999, casi al final del sexenio de Ernesto Zedillo con el general Enrique Cervantes Aguirre de secretario de la Defensa Nacional, se creó el Sistema de Inteligencia Militar (SIM).
Era el resultado de dos factores que alteraron la manera en cómo se realizaba la inteligencia en el ejército: el empoderamiento geopolítico y económico de las mafias del tráfico de drogas, y el regreso de las guerrillas encabezadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Hasta antes del SIM, la inteligencia militar se elaboraba con órganos dispersos como los llamados pelotones de información que formaban parte de unidades tipo batallón y regimiento. Estaban también los Grupos de Información de Zona (conocidos por el acrónimo GIZ, llamados gizes) y los Grupos de Información de Región (GIR), bajo el mando directo de comandantes de zona y región militar.
Cuando se creó el SIM el control pasó al Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), se centralizó la información a través de la sección segunda, inteligencia militar. A decir de varios especialistas militares, aquel fue un buen intento de profesionalizar la inteligencia militar, solo que nació con serias deficiencias que en este primer año del sexenio han hecho crisis.
El SIM surgió –y sigue— sin marco jurídico, y no tiene suficientes recursos económico para su operación. Los agentes en terreno no cuentan con protección legal en el trabajo de campo. Suele ocurrir que por motivos estratégicos la secretaría de la Defensa Nacional los moviliza de forma clandestina. Esta labor de antemano es de alto riesgo, se expone la vida, la carrera y la libertad.
Ha ocurrido que cuando alguno de estos agentes es descubierto, su vida pende de un hilo. Un caso documentado fue el del soldado Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Pertenecía al SIM, fue infiltrado en la normal “Isidro Burgos”, y ante las evidencias de que estaba en operaciones se dijo, para “protegerlo”, que era estudiante.
A raíz de que la semana pasada en este espacio abordamos la crisis en la inteligencia militar, puesta en evidencia en octubre pasado en Culiacán cuando se abortó la captura del hijo del Chapo Guzmán, y después con el episodio de la familia LeBarón, llegaron comentarios de oficiales del ejercito que añadieron otros factores.
Mencionaron el factor político, que ha maniatado a los mandos territoriales para realizar acciones para acotar a los grupos criminales. Esto ha provocado que aumente la movilidad y poder de fuego del crimen, inclusive con territorios bajo su contro. Si esto antes no sucedía era porque se tenia cierto margen de maniobra.
Una máxima en los servicios de inteligencia dice que sin información debidamente analizada, las operaciones están expuestas al fracaso. Y Culiacán es el mejor ejemplo. Aquí los mandos militares al soslayar la doctrina se expusieron al fracaso. Debieron conocer al enemigo, sus fortalezas y debilidades, los apoyos y refuerzos que podía recibir, su armamento. También mostraron una ignorancia total sobre el terreno, avenidas de aproximación, rutas de escape y puntos críticos. En perspectiva, son matices de una crisis más profunda.
