Los reportes de la comandancia de la 43 zona militar en Apatzingán, ya habían alertado desde el año pasado sobre un incremento en el movimiento de pistoleros en la zona de la Tierra Caliente michoacana de la banda criminal que se hace llamar cártel de Jalisco Nueva Generación. Sus incursiones se habían realizado sin que la Policía Estatal Preventiva, la Policía Federal o la Gendarmería hicieran algo mas allá de identificar a los cabecillas que estaban al frente.
Cuando el pasado mes de noviembre desde Tijuana llegó a Apatzingán el general de brigada Enrique Martínez López para asumir el mando del Ejército en la 43 zona militar, se pensó que habría un reforzamiento de la estrategia de seguridad en vías de que la Guardia Nacional comenzara a operar. Pero no fue así.
Tanto el general Martínez López, al igual que su colega en Morelia el general Gerardo Mérida Sánchez, al frente de la 21 zona militar, y el superior jerárquico de ambos el divisionario Ángel Prior Valencia, comandante de la doceava región militar que comprende Michoacán, Querétaro y Guanajuato, recibieron la orden de mantener la presencia de las unidades en terreno pero sin responder a provocaciones, priorizar el respeto a la población civil, aun si se presentaran ataques donde las tropas se vieran involucradas. A menos de que se tratara de fuego abierto.
Lo sucedido el pasado domingo 26 de mayo en la Huacana, donde una turba “secuestró” durante unas horas a un pelotón de soldados pertenecientes a la Quinta Compañía de Infantería No Encuadrada (C.I.N.E.), videograbación de por medio, para exigirles les devolvieran un lote de armas decomisadas horas antes, mas allá del disgusto que generó en los altos mandos la difusión de las imágenes, provocó una sacudida al interior de las fuerzas de seguridad federal.
¿Dónde estaba la Policía Federal?
El lunes pasado la misma pregunta se escuchó cuando un comando del CJNG tomó por varias horas el municipio de Zamora, en un abierto desafío no solo a las autoridades michoacanas sino al presidente de la república. Ni en Salamanca, Guanajuato a principio de año, ni en Veracruz el mes pasado, el crimen organizado se había atrevido a realizar lo que hizo en territorio michoacano en un par de días.
La primera cabeza en rodar tras lo sucedido en Michoacán se anunció ayer cuando el antiguo oficial de la Policía de Caminos, Arturo Jiménez Martínez, fue destituido como Comisionado de la Policía Federal. No dio para más, su ineptitud había quedado probada y arrastraba semanas de denuncias de sus subalternos sobre las torpezas que marcaron su gestión de casi seis meses.
Y lo que se esperaba para finales de año ocurrió ayer. El general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, fue nombrado Comisionado de la Policía Federal. En un evento en la torre Pedregal de la PF, delante de los titulares de la Defensa Nacional y de Marina, tomó el control del cuerpo civil de seguridad federal que en la práctica queda bajo control de mandos militares.
Mientras tanto la incertidumbre al interior de la PF continua, circula un documento de 10 fojas que contiene un plan de “retiro voluntario” para aquellos agentes que no deseen continuar pidan su baja. Saben que vienen meses duros, el escenario en terreno envía alertas preocupantes, y Michoacán avisa de que esto podría tornarse más grave.
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