Era una tarde fría y gris de noviembre del 2003. Una ligera llovizna escurría de los ventanales de un café en Nuevo Laredo, a donde había llegado enviado por el medio donde trabajaba para realizar un reportaje sobre la violencia que se cernía sobre este punto de la frontera tamaulipeca
En este café me había citado una fuente castrense que había estado en un curso de inteligencia en una base militar del sur de Texas, y a quien conocía desde años atrás. De los temas que platicamos esa ocasión me pidió que no publicara nada, que usara la información para consumo interno, y que pensara bien lo que sucedía en función de dos factores: la geopolítica y la economía del negocio del tráfico de drogas.
Esa charla fue para mí una clase magistral sobre seguridad nacional. Hubo una frase que dijo y al paso de los años se convertiría en profecía. Recuerdo que este oficial del ejército se veía preocupado y a ratos molesto, muy molesto por todo lo que estaba pasando.
—Esto se va a poner peor. Veremos cosas que nunca habíamos visto, y poco a poco el país conocerá otra realidad que había estado oculta—, comentó.
Por ese entonces las escenas dantescas de personas decapitadas comenzaban a generar horror en Tamaulipas y Michoacán, dos entidades conectadas no solo por el paso del tren que viene del puerto de Lázaro Cárdenas a la frontera, sino por ser la ruta usada por décadas para el trasiego de la producción de droga de tierras michoacanas. Había pues una añeja relación entre grupos del crimen en ambos estados.
La molestia del jefe militar se debía a que los altos mandos del ejército desde finales de los años 90 y el primer lustro de este siglo, habían comenzado a perder el control sobre los grupos armados que servían a los clanes que controlaban el negocio del tráfico de drogas.
A finales del año 2006 cuando el sexenio foxista estaba por concluir, una declaración del general Gerardo Clemente Vega García sonó premonitoria. El saliente secretario de la Defensa Nacional dijo que las cosas se pondrían muy mal, y que meditaba irse a vivir fuera del país.
¿Qué sabían que no dijeron y que en años posteriores desestabilizarían la seguridad interior del país?
Conviene tomar con reserva pero no pasar por alto los testimonios que se han conocido en la Corte de Brooklyn, Nueva York, contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Las acusaciones de Vicente Zambada Niebla, primogénito y heredero en la cúpula de la empresa criminal, generaron escozor pero no estaban tan fuera de lugar.
¿Cuantas veces los jefes y oficiales del Ejército no se quejaron que el clan sinaloense tenía infiltrado al Ejército, lo que se traducía en el fracaso de cada operación para capturar al Chapo entre 2002 y 2012?
Fue motivo de suspicacia la súbita “desaparición” como escolta de Vicente Fox, con su más de metro noventa de estatura, del coronel Marco Antonio De León Adams, que según Zambada Niebla era el encargado de dar los “pitazos” para que el Chapo se moviera de donde estaba cada vez que iban por él.
No se mencionó en el juicio pero al mismo tiempo hubo un general al que se le ordenó presentara su renuncia. Al concluir el sexenio foxista el brigadier Roberto Aguilera Olivera, fue destituido como jefe del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y enviado como agregado militar a Argentina. Tiempo después se le llamó, y fue dado de baja.
