/ jueves 11 de octubre de 2018

Fuera de agenda | La Fuerza Aérea y Santa Lucía

Discretos, más abiertos con la sociedad en general, los pilotos de guerra han estado por décadas supeditados a las decisiones del alto mando del ejército de tierra. En el medio militar se dice de tiempo atrás que la Fuerza Aérea Mexicana en realidad no es tal, sino un “departamento de operaciones aéreas”.

Hace varios años durante el sexenio de José López Portillo cuando se inauguró el Colegio de Defensa Nacional, el discurso inaugural lo dio uno de los generales más respetados en la historia reciente del ejército, el divisionario Salvador Rangel Medina. Hombre curtido en la sierra en las primeras operaciones contra traficantes de droga, único mando militar del que existe evidencia se opuso a la “guerra sucia” en Guerrero en los años 70, Rangel había aprendido a pilotear y conocía la importancia estratégica para el país el que esta rama en la Defensa Nacional se actualizara. En aquella intervención pidió se propusiera al Congreso de la Unión un paquete de reformas a las leyes castrenses para dotar de autonomía operativa y financiera para que los oficiales del aire realmente formaran una Fuerza Aérea.

Desde entonces la coyuntura no se había prestado para que esa posibilidad despuntara en el horizonte.

Y todo a raíz hace un par de semanas a que el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, el general de división Enrique Vallín Osuna fue cesado del cargo sin que mediara explicación alguna.

Al comandante de la FAM no se le vio durante el desfile militar del 16 de septiembre pasado, cuando la demostración de las aeronaves en los cielos de la ciudad de México forma parte siempre del espectáculo.

Lo que se confirmó por estos días en el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, fue que el general Vallín Osuna fue separado de su cargo por el secretario de la Defensa Nacional debido a que compartió información de la base aérea militar de Santa Lucía, Estado de México con Javier Jiménez Espríu, propuesto para ser el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes.

Santa Lucía es la opción que López Obrador ha manejado como alternativa al Nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. Conocer sus condiciones de operación y alcance para una posible ampliación de su capacidad, son de vital importancia para el equipo del presidente electo.

López Obrador dijo esta semana que se enteró del cese de un comandante de la Fuerza Aérea, no mencionó por su nombre al general Vallín Osuna, pero aseguró que una vez que comience su gobierno será reinstalado en su cargo pues se le hizo una injusticia.

El mensaje de AMLO al general Cienfuegos no podría ser más claro. La semana pasada a raíz de la entrevista que dio a un periódico capitalino el jefe de asuntos jurídicos de la dependencia el general Alejandro Ramos Flores, donde dijo que una posible Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa “no está prevista en el orden jurídico”, el presidente electo le respondió que se serenara porque “el que nada debe, nada teme”.

Quizá sin proponérselo estos dos episodios colocan en la mesa el tema tantas veces postergado en la agenda pública, que es una reforma al marco jurídico bajo el que se rigen las fuerzas armadas en México.

Discretos, más abiertos con la sociedad en general, los pilotos de guerra han estado por décadas supeditados a las decisiones del alto mando del ejército de tierra. En el medio militar se dice de tiempo atrás que la Fuerza Aérea Mexicana en realidad no es tal, sino un “departamento de operaciones aéreas”.

Hace varios años durante el sexenio de José López Portillo cuando se inauguró el Colegio de Defensa Nacional, el discurso inaugural lo dio uno de los generales más respetados en la historia reciente del ejército, el divisionario Salvador Rangel Medina. Hombre curtido en la sierra en las primeras operaciones contra traficantes de droga, único mando militar del que existe evidencia se opuso a la “guerra sucia” en Guerrero en los años 70, Rangel había aprendido a pilotear y conocía la importancia estratégica para el país el que esta rama en la Defensa Nacional se actualizara. En aquella intervención pidió se propusiera al Congreso de la Unión un paquete de reformas a las leyes castrenses para dotar de autonomía operativa y financiera para que los oficiales del aire realmente formaran una Fuerza Aérea.

Desde entonces la coyuntura no se había prestado para que esa posibilidad despuntara en el horizonte.

Y todo a raíz hace un par de semanas a que el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, el general de división Enrique Vallín Osuna fue cesado del cargo sin que mediara explicación alguna.

Al comandante de la FAM no se le vio durante el desfile militar del 16 de septiembre pasado, cuando la demostración de las aeronaves en los cielos de la ciudad de México forma parte siempre del espectáculo.

Lo que se confirmó por estos días en el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, fue que el general Vallín Osuna fue separado de su cargo por el secretario de la Defensa Nacional debido a que compartió información de la base aérea militar de Santa Lucía, Estado de México con Javier Jiménez Espríu, propuesto para ser el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes.

Santa Lucía es la opción que López Obrador ha manejado como alternativa al Nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. Conocer sus condiciones de operación y alcance para una posible ampliación de su capacidad, son de vital importancia para el equipo del presidente electo.

López Obrador dijo esta semana que se enteró del cese de un comandante de la Fuerza Aérea, no mencionó por su nombre al general Vallín Osuna, pero aseguró que una vez que comience su gobierno será reinstalado en su cargo pues se le hizo una injusticia.

El mensaje de AMLO al general Cienfuegos no podría ser más claro. La semana pasada a raíz de la entrevista que dio a un periódico capitalino el jefe de asuntos jurídicos de la dependencia el general Alejandro Ramos Flores, donde dijo que una posible Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa “no está prevista en el orden jurídico”, el presidente electo le respondió que se serenara porque “el que nada debe, nada teme”.

Quizá sin proponérselo estos dos episodios colocan en la mesa el tema tantas veces postergado en la agenda pública, que es una reforma al marco jurídico bajo el que se rigen las fuerzas armadas en México.