El teniente coronel José Sigfredo Valencia Rodríguez nunca imaginó que la bomba le estallaría en tan poco tiempo. Este oficial del ejército mexicano que asumió hace unas semanas el cargo de comisionado interino de la Policía Federal, no tenía idea de los manejos al interior de la corporación cuando la rebelión de los agentes lo dejó postrado en su oficina.
De poco le sirvió su experiencia en la hoy desaparecida PGR, donde se desempeñó como titular del Centro Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), ya que no tenía idea de lo que se gestaba de tiempo atrás entre un gran número de agentes inconformes con los procedimientos para incorporarlos a la Guardia Nacional.
Quien dio la cara y quedó retratada en portada de varios periódicos mientras caía al suelo en medio de jaloneos y reclamos, fue la doctora Patricia Trujillo Mariel, comisaria general de la corporación, interlocutora para dar cauce a las demandas de los inconformes.
Mientras esto pasaba de puertas hacia fuera, hacia dentro de la corporación el teniente coronel Valencia Rodríguez luce rebasado. Junto a su superior inmediato el general Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, no parecen interesarse en rescatar lo que les sería de utilidad para la labor que se les encomendó.
Hay un impase general, producto de la fusión que ha llevado a dejar paralizado a un grupo destacado de mandos de la PF que sobrevivieron a cambios de gobierno y permanecieron alejados de arreglos y corruptelas en administraciones anteriores.
El caso mas destacado es del hombre que capturó en enero del 2016 en Los Mochis, Sinaloa, a Joaquín El Chapo Guzmán. Hace pocas semanas el comisario Nicolás González Perrin fue notificado de que su misión diplomática como agregado de la Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad en la Embajada de México en Washington había concluido. Este nombramiento fue para sacarlo del país a los pocos días de la captura del narco más célebre de los últimos tiempos.
González Perrin implementó del lado de la Policía Federal la operación Tiburón Azul, como se conoció al despliegue de agentes federales en el perímetro de seguridad donde se resguardó al capo.
De aquel episodio quedó el registro en su momento de los millones de dólares que El Chapo Guzmán le ofreció a él y toda su gente por dejarlo en libertad, sumados a las acciones en empresas trasnacionales donde el capo tenía inversiones. No aceptó.
Antes de volver al país González Perrin se entrevistó en Washington con el canciller Marcelo Ebrard, quien le pidió “aguantar” en lo que se echaba a andar el proyecto de la Guardia Nacional. De Alfonso Durazo ha recibido solo saludos, y del general Rodríguez Bucio, a quien conoció en la Embajada estadounidense cuando éste estaba al frente de la Junta Interamericana de Defensa, audiencias pospuestas.
La preocupación entre sus colegas es porque el hombre que capturó al Chapo Guzmán, el gobierno actual lo tiene sin protección, sin vehículo, sin equipo, y sin hacer nada. Ya las agencias estadounidenses lo han invitado a irse con ellos pero se ha negado.
Es un secreto a voces que en la Guardia Nacional no hay nadie que sepa de seguridad pública, seguridad ciudadana o seguridad multidimensional, ignoran cómo crear la ruta. En tiempos de protestas y parálisis, les convendría escuchar a los que saben.
