En la lista de ascensos militares que se anunciarán la próxima semana en lo que será la primera promoción de las Fuerzas Armadas del sexenio, aparecen casos de oficiales del ejército cuya hoja de servicios está marcada por violaciones a los derechos humanos y denuncias de complicidades con el crimen. Si el sistema de procuración de justicia en México fuera medianamente funcional, por lo menos dos casos de los premiados podrían estar sujetos a investigación penal.
La promoción superior, como se le conoce a los ascensos de coronel a general, fue “palomeada” por el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval González, y se le presentó al Presidente de la República, quien hace unos días dio el visto bueno. A partir del próximo 20 de noviembre será facultad del Senado de la República ratificar o rechazar el grado al que han sido ascendidos.
Los senadores podrán voltear a ver a Guerrero y preguntarse si Pedro Almazán Cervantes, quien fue ascendido a general de brigada, merece su “reconocimiento”. A partir de noviembre del 2014 y durante tres años y nueve meses en que se desempeñó como secretario de Seguridad Pública en esa entidad, Almazán protagonizó escándalos de corrupción y fue acusado de vínculos con el narco. Renunció después de que ventilaran supuestos “arreglos” con grupos criminales en la zona centro, Tierra Caliente, Costa Grande y Acapulco que abonaron al incremento de la violencia.
Pero si de violaciones a los derechos humanos se trata, el Senado podría analizar la trayectoria de José Sigifredo Valencia Rodríguez, ascendido a coronel, quien despacha como comisionado interino de la Policía Federal en la comandancia de la Guardia Nacional. Este oficial de Infantería estuvo comisionado el sexenio pasado en la desaparecida PGR como director general del cuerpo técnico de control en la Seido, desde donde operó el sistema de espionaje Geomatrix. Este software espía fue exhibido por una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), como parte de un plan de obtención de datos personales e información privada de manera ilegal contra defensores de derechos humanos y periodistas.
Señalado como uno de los responsables del fiasco conocido como el “Culiacanazo”, Valencia se volvió célebre en su actual cargo por haber nombrado a su chofer coordinador de la Policía Federal en Puebla, donde por cierto el general Almazán fue designado al frente de la Guardia Nacional.
Fuera de estos casos la lista de ascensos está encabezada por siete militares que alcanzaron el grado máximo de general de división. Los más destacados son Homero Mendoza Ruiz, actual jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional; le sigue Juan Arturo Cordero Gómez, contemporáneo en el Colegio Militar del general secretario, quien desde mayo pasado asumió la comandancia de la octava región militar en Oaxaca; Miguel Hurtado Ochoa, antiguo comandante de zona en Culiacán quien en septiembre pasado tomó el mando de la doceava región militar que abarca los cuarteles militares en Michoacán, Guanajuato y Querétaro. Y cierra Agustín Radilla Suástegui, actual director de la fábrica de vestuarios y equipo de la Sedena, ex comandante de batallón en Sinaloa y antiguo agregado militar en Rusia.
