/ jueves 7 de diciembre de 2023

Fuera de Agenda | Saqueo contra reloj

Eran dos pelotones de soldados uniformados de Guardia Nacional que llegaron al Centro de Mando Iztapalapa de la antigua Policía Federal con órdenes verbales para llevarse todo. Como si los equipos de computación, parque vehícular, muebles y aparatos de los gimnasios que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), fueran recursos materiales de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El saqueo, como fue catalogado por algunos ex integrantes de la desaparecida Policía Federal hoy en servicio en la Guardia Nacional, se hizo más evidente esta semana motivado por el plazo que la Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) fijó para el 1 enero de 2024 en la sentencia 137/2022, donde declaró inconstitucional el control operativo y administrativo que tiene la Sedena de la Guardia Nacional.

Este hecho forma parte del panorama que se cierne sobre la operación y administración de la Guardia Nacional para el año que viene, donde por mandato constitucional la corporación deberá de abandonar el proyecto de convertirse en la cuarta rama de las fuerzas armadas como se contempló desde su creación para emparejarla junto al Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México.

El pasado miércoles 6 de diciembre el general brigadier Jaime Enrique Félix Jiménez, jefe de la sección quinta (Planes Estratégicos) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, escribió un artículo en un periódico capitalino donde explicó los cambios estructurales que este sexenio ha tenido la Sedena con la creación de la Comandancia General del Ejército, la reasignación de funciones a la subsecretaría de la Defensa y a la Oficialía Mayor, y la misma creación del Estado Mayor Conjunto. Señaló que esto ha implicado un cambio de paradigma “en el elemento central”, que sería la “integración conjunta de esfuerzos, donde hasta el momento se incluye a la Guardia Nacional”.

Más allá de que por primera vez oficiales de alta graduación comienzan a hacer sus pininos para hablarle a la sociedad civil fuera de aulas y auditorios castrenses, y tratar de explicar el proceso interno que ha implicado la reorganización ante el cúmulo de tareas asignadas en este sexenio y lo que exige la emergencia por la crisis de seguridad interior que vive el país, lo que llama la atención es que se tenga todavía contemplado que la operación y administración de la Guardia Nacional seguirá al mando de la Sedena.

El que hayan comenzado a desmantelar las instalaciones que pertenecieron a la Policía Federal, y cuyos bienes materiales por ley forman parte de la SSPC, es una señal de que en la Sedena no quieren dejar nada tras su paso. La Guardia Nacional dista mucho de lograr sus objetivos para los que fue creada, tiene toda una estructura y aparato profesional con perfil militar, pero aún no tiene resultados tangibles contra la inseguridad y la violencia criminal que campea en buena parte del territorio nacional. Por el contrario, las sospechas de corrupción y vínculos criminales comienzan a documentarse en su labor en carreteras y en operaciones contra el tráfico de migrantes.

Para enero se contempla que la corporación siga al mando de militares y opere con soldados y oficiales, y es muy probable que en la SSPPC el mando recaiga también en un militar.

@velediaz424


Eran dos pelotones de soldados uniformados de Guardia Nacional que llegaron al Centro de Mando Iztapalapa de la antigua Policía Federal con órdenes verbales para llevarse todo. Como si los equipos de computación, parque vehícular, muebles y aparatos de los gimnasios que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC), fueran recursos materiales de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El saqueo, como fue catalogado por algunos ex integrantes de la desaparecida Policía Federal hoy en servicio en la Guardia Nacional, se hizo más evidente esta semana motivado por el plazo que la Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) fijó para el 1 enero de 2024 en la sentencia 137/2022, donde declaró inconstitucional el control operativo y administrativo que tiene la Sedena de la Guardia Nacional.

Este hecho forma parte del panorama que se cierne sobre la operación y administración de la Guardia Nacional para el año que viene, donde por mandato constitucional la corporación deberá de abandonar el proyecto de convertirse en la cuarta rama de las fuerzas armadas como se contempló desde su creación para emparejarla junto al Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México.

El pasado miércoles 6 de diciembre el general brigadier Jaime Enrique Félix Jiménez, jefe de la sección quinta (Planes Estratégicos) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, escribió un artículo en un periódico capitalino donde explicó los cambios estructurales que este sexenio ha tenido la Sedena con la creación de la Comandancia General del Ejército, la reasignación de funciones a la subsecretaría de la Defensa y a la Oficialía Mayor, y la misma creación del Estado Mayor Conjunto. Señaló que esto ha implicado un cambio de paradigma “en el elemento central”, que sería la “integración conjunta de esfuerzos, donde hasta el momento se incluye a la Guardia Nacional”.

Más allá de que por primera vez oficiales de alta graduación comienzan a hacer sus pininos para hablarle a la sociedad civil fuera de aulas y auditorios castrenses, y tratar de explicar el proceso interno que ha implicado la reorganización ante el cúmulo de tareas asignadas en este sexenio y lo que exige la emergencia por la crisis de seguridad interior que vive el país, lo que llama la atención es que se tenga todavía contemplado que la operación y administración de la Guardia Nacional seguirá al mando de la Sedena.

El que hayan comenzado a desmantelar las instalaciones que pertenecieron a la Policía Federal, y cuyos bienes materiales por ley forman parte de la SSPC, es una señal de que en la Sedena no quieren dejar nada tras su paso. La Guardia Nacional dista mucho de lograr sus objetivos para los que fue creada, tiene toda una estructura y aparato profesional con perfil militar, pero aún no tiene resultados tangibles contra la inseguridad y la violencia criminal que campea en buena parte del territorio nacional. Por el contrario, las sospechas de corrupción y vínculos criminales comienzan a documentarse en su labor en carreteras y en operaciones contra el tráfico de migrantes.

Para enero se contempla que la corporación siga al mando de militares y opere con soldados y oficiales, y es muy probable que en la SSPPC el mando recaiga también en un militar.

@velediaz424